Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/09/13 22:35

La inesperada exoneración del coronel (r) acusado por 'paras'

William Alberto Montezuma fue absuelto por un juzgado de Cúcuta por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. La juez del caso determinó que todo se debió a un complot de paramilitares en su contra.

Los problemas judiciales del coronel (r) William Alberto Montezuma comenzaron en el 2011. Foto: Diario La Opinión

En abril del 2003 el coronel (r) William Alberto Montezuma, quien fue designado jefe de la Sijín, llegó a Cúcuta, Norte de Santander, con una misión: contrarrestar el conflicto de la región generado por los delitos que cometían tanto las Autodefensas como miembros de la guerrilla. Sin embargo, pese al gran reto que tenía por delante, sus proyectos tuvieron que ser frenados por graves acusaciones en su contra.

Sus problemas judiciales comenzaron en el 2011, cuando estaba a pocos días de que lo llamaran a curso de ascenso para general. Inicialmente fue requerido por las autoridades por, presuntamente, estar involucrado en la desaparición de un uniformado. Y meses más tarde fue vinculado a una investigación en la que era señalado como el determinador de un triple homicidio ocurrido en el 2003.

Por el primer caso, todavía hay un proceso en su contra. No obstante, por el segundo fue absuelto el pasado 9 de agosto por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cúcuta.

Pero ¿por qué el coronel resultó salpicado en un hecho que había ocurrido ocho años antes? Según el fallo, conocido por Semana.com, en agosto del 2011 acudieron en calidad de postulados a la Ley de Justicia y Paz Albeiro Valderrama Machado, alias ‘Piedras blancas’; Orlando Bocanegra Arteaga, el ‘Viejo’, y Mauricio Moncada, ‘Mocoseco’, miembros del Frente Fronteras con incidencia en Cúcuta.

Así, estos ex paramilitares, en cumplimiento de su compromiso de decir la verdad para esclarecer los hechos en los que participaron, aceptaron su responsabilidad en el del triple homicidio, en el que murieron por disparos de armas de fuego los civiles José Antonio Granados Contreras, María Ruth Granados y Virginia Contreras de Granados, familiares de José Guzmán Santiago, alias el ‘Puma’, exguerrillero del ELN.

Además, manifestaron que una semana antes de los hechos recibieron órdenes de Carlos Rojas Mora, alias el ‘Gato’, quien era jefe de la estructura, para cometer el crimen. Además aseguraron que el hecho se fraguó en el restaurante El Lago en una reunión en la que habría participado Montezuma. Por estas declaraciones el uniformado fue vinculado a la investigación el 2 de septiembre del 2011.

De esta manera, al verse involucrado en los hechos, el 16 de septiembre de ese año el coronel (r) se presentó voluntariamente ante las autoridades y, después de ser oído en indagatoria, ordenaron su privación de la libertad por el delito de concierto para delinquir en la modalidad de conformar grupos al margen de la ley.

Después, para el 14 de diciembre, hubo un asomo de esperanza en su caso. Este quedó en manos de la Fiscalía Novena Especializada que, al recaudar y ampliar testimonios, decidió archivar la investigación en contra del uniformado el 9 de mayo del 2012, y él quedó en libertad.

Pero la felicidad terminó el 28 de febrero del 2013, cuando la Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Cúcuta revocó la decisión y acusó a Montezuma como determinador de los tres homicidios y puso en vigencia una orden de captura en su contra que meses más tarde, se hizo efectiva. Desde entonces, el coronel (r) permanece en prisión.

Los señalamientos de la Fiscalía en su contra

Para acusar a Montezuma, la Fiscalía se basó en los testimonios de los ex paramilitares anteriormente mencionados. Además, tuvo en cuenta la declaración de Jorge Iván Laverde, alias el ‘Iguano’, quien señaló que para su accionar delictivo recibió colaboración de autoridades civiles, políticas, de servidores públicos, Ejército y Policía, entre ellos José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS; Víctor Hugo Matamoros, comandante del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguro; el coronel (r) William Montezuma, y el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corso.

De esta manera, para el ente acusador, el recaudo probatorio que tenía denotaba “una cadena circunstancial de hechos probados, que se iniciaron a partir del momento en el que el colaborador de la Sijín y la Fiscalía José Guzmán Santiago, alias el ‘Puma’, rompió relaciones con el coronel de la Sijín Montezuma y comenzó a señalar la responsabilidad del procesado en los homicidios”.

“Los testimonios de los confesos desmovilizados las AUC, contrario a lo afirmado por el procesado, ofrecen serios motivos de credibilidad. Son claros, concretos y corroborados entre sí en los aspectos y circunstancias relevantes del hecho investigado”, dijo la Fiscalía durante el juicio, y por eso pidió que el coronel fuera condenado.

Los argumentos de la defensa

El caso del coronel Montezuma lo recibió la Fundación Defensa de Inocentes, fundada por el exdiputado del Valle Sigifredo López. Y no es casualidad que el caso del coronel (r) esté en manos de un abogado que pertenece a esta corporación, pues en esta creen que el uniformado es víctima de falsos testimonios. 

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Por eso, durante el proceso, Élmer Montaña, quien defiende los intereses de Montezuma, argumentó ante el juez del caso que su defendido “no favoreció, no tuvo lazos de amistad, no promovió grupos ilegales, no tuvo cruce de información o vínculo alguno, ni sostuvo reuniones para tratar temas relacionados con las labores y mucho menos determinó a integrante alguno de las AUC para cometer delitos”.

Además, aseguró que “lo plasmado por los testigos de cargo y las pruebas desvirtúan esos dichos incriminantes, pero mendaces e inventados, con los cuales se buscó comprometerlo injustamente en unos hechos en los cuales no tuvo la mínima participación”. Y señaló que el propósito para inculpar al coronel fue buscar una retaliación por haberlos perseguido y capturado cuando él fue trasladado a Cúcuta. Por esto, solicitó que su defendido fuera exonerado de lo que se le endilgaba.

La absolución

Después de varios meses de juicio y de oír a las partes, el juzgado que atendió la causa determinó que no existía duda de que no se reunían los requisitos exigidos para proferir sentencia condenatoria en contra de Montezuma, pues de las pruebas presentadas se desprendía que el coronel (r) no participó en la decisión de las AUC para cometer el triple homicidio.

Agregó que “no existe vestigio alguno de que el procesado haya tenido vínculos con los grupos de Autodefensas que delinquieron en esta ciudad y sus alrededores” y que las pruebas de la Fiscalía no demostraban si hubo una reunión en el restaurante El Lago, en donde supuestamente se había planeado la muerte de los tres civiles.

Según el fallo conocido por este portal, el funcionario judicial también aseguró: “No resulta creíble lo expuesto por los testigos de cargo, pues resulta inverosímil que a tan solo tres meses de haber llegado a Cúcuta a ejercer el cargo de jefe de la Sijín, el coronel Montezuma ya tuviera consolidada una alianza criminal con las AUC”.

Además se refirió al testimonio de la exasistente de la directora Seccional de Fiscalías Ana María Flórez Silva, una persona muy cercana al ‘Gato’, quien manifestó que el uniformado no conectaba con esa organización criminal y que, por el contrario, “fue declarado objetivo militar por el ‘Gato’ al no poder lograr su colaboración”.

El despacho también tuvo en cuenta la declaración de Luis Ovidio Remolina, exguerrillero y compañero del ‘Puma’, quien se presentó voluntariamente ante las autoridades y manifestó que el ‘Puma’ le dijo que estaban “cuadrando para embalar” a Montezuma.

Según se lee en la sentencia, su parte era denunciar a los paramilitares que cometieron el triple homicidio para que ellos aceptaran cargos y después mancharan el nombre del uniformado. Luego, como se trataba de una orden que supuestamente había dado un policía, el Estado tenía que entregarle al ‘Puma’ una millonaria suma de dinero de la cual Luis Ovidio recibiría una parte.

Así las cosas, el despacho judicial determinó que el procesado “ninguna incidencia tuvo en el deceso violento” de esas tres personas y que lo declarado por los miembros de las AUC era “falso e inducido para incriminar a una persona totalmente inocente”.

Por eso, el juzgado decidió que “la presunción de inocencia no fue desvirtuada en este proceso pues, como quedó dicho, no hay prueba directa, sólida y contundente para poder indicar que Montezuma López fue el determinador de las referidas muertes, imponiéndose entonces el proferimiento de sentencia absolutoria”.

Además ordenó su libertad y remitió copias del fallo para que este sea tenido en cuenta en la investigación que actualmente se adelanta contra los ex paramilitares que fueron testigos en este caso, por fraude procesal y falso testimonio, puesto que no sería la primera vez que habrían mentido en un proceso judicial.

En diálogo con Semana.com, Élmer Montaña, abogado de Montezuma, aseguró que este se configura como el caso “más emblemático de falsos testigos porque aquí quedó demostrado cómo es que ellos operan”.

A pesar del sinsabor que deja que un inocente esté en la cárcel después de tantos meses, este proceso, que Montaña califica como “el más disparatado de toda la historia judicial de Colombia”, por ahora, terminó.

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