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| 11/24/2016 12:25:00 AM

Así se robaron $2 mil millones en Corpourabá

El gobernador de Antioquia le pidió al ministro de Ambiente que hiciera algo para acabar con la corrupción en la CAR de Urabá. Semana.com revela cómo funcionó el desfalco.

Desde las elecciones para la dirección de la Corporación Autónoma de Urabá (Corpourabá), que en ese momento era presidida por Gabriel Ceballos, quien llevaba tres periodos en el cargo, de que la corrupción se campeaba en la CAR regional. En su momento, se denunciaron contratos por transporte de madera que no se condecían con trayectos, es ahora el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien le ha pedido al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo Urrutia, que tome cartas en el asunto. 

Hace una semana, Pérez Gutiérrez, le dijo al ministro que desde hace varios meses la Corporación ha estado “sometida al abuso de funcionarios que la venían saqueando y que todavía no han sido castigados con el rigor de la ley. Desde enero de 2013 a junio de 2016, trasladaron a sus cuentas personales dineros públicos de la Corporación y se lograron hurtar más de 2 mil millones de pesos”. 

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La carta fue un acto de desespero por parte del gobernador, pues en allí denuncia que ni la Fiscalía ni ninguno de los entes de control, encargados de vigilar el proceder los funcionarios públicos y de la destinación de los dineros que administran, se han pronunciado sobre estos problemas de vicio: “Hasta ahora ni la Fiscalía, ni los organismos de control se han pronunciado sobre tan odioso acto de saqueo al dinero público”

Semana.com conoció el caso, que empezó con una denuncia anónima, vía correo electrónico, que recibió la directora General de Corpourabá, Vanessa Paredes Zúñiga, el 2 de mayo de 2016, en el que se ponía en alerta de presuntos malos manejos en el área de Tesorería y que tenían que ver con transferencias de pagos a personas sin relación contractual con la CAR y que parecía apoyado por otros funcionarios. 

El 3 de mayo Control Interno, Revisoría Fiscal y Control Interno Disciplinario empezaron un análisis de información, para el que tomaron como muestra 67 pagos realizados desde 2013 y hasta 2015, y con ellos cruzaron información suministrada por Tesorería, Presupuesto y Contabilidad, sin embargo no se encontraron anomalías.

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Las irregularidades salieron después de que uno de los bancos que tiene convenio con Corpourabá entregara un informe sobre traslados efectuados sin los soportes correspondientes a personas externas de la entidad. Lo que llamó la atención de quienes llevaban la investigación interna, fue que en el informe bancario estaban los nombres de quienes aparecían en la denuncia anónima, entre los que estaban cuatro funcionarios: la tesorera Aracelly Alzate Aristizábal, funcionaria de libre nombramiento y remoción, y los funcionarios de carrera administrativa, Diana Cristina Pineda Valderrama, jefe de presupuesto; Ameth Ríos Linares, contador, y Farios del Carmen Vergara, secretaria del área financiera.

Con dicha información, Control Interno presentó denuncias a Fiscalía — radicado  No 20160370530632—, Contraloría General de la República y Procuraduría— radicados con números 2969, 2164, 2970—, con pruebas sobre traslados que se realizaron de forma irregular por valor de $2.095.824.725, entre el primero de enero de 2013 y el 15 junio de 2016.

Una de las razones por las que se pudo realizar el supuesto robo, es que la Corporación no contaba con los protocolos necesarios para las transacciones, pues no era necesaria ninguna autorización, por lo que la nueva administración adoptó nuevas normas, como la utilización de dos token —dispositivos electrónicos para usuarios autorizados en el manejo del dinero de la CAR—, triple firma para el manejo de las cuentas y modificación de las forma de pagos a través de las sucursales virtuales de cada entidad financiera, usando doble clave y dos token de seguridad. 

Los funcionarios de carrera investigados han sido suspendidos de sus cargos, y la empleada de libre nombramiento y remoción fue destituida de su labor, hechos por los cuales demandaron a la CAR y que falló en favor de la misma. Pese a las contundentes pruebas que hay en el caso, las autoridades no se han pronunciado sobre el caso y hasta el mimos gobernador de Antioquia le pidió al Ministerio de Ambiente que interviniera, sin embargo no se ha conocido respuesta.  

 

 

 

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