CORRUPCIÓN EN LA DEA

"Como lo comenté en mi memorando del 13 de diciembre, 2004, varias investigaciones identificaron a agentes corruptos de la DEA...". Con esta frase comienza un memorando secreto redactado por Thomas M. Kent, un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual contiene algunas de las más serias acusaciones que se hayan conocido contra miembros de la agencia antidrogas estadounidense -DEA- que trabajan en Colombia. En el documento Kent dice que agentes de la DEA están en las nóminas de los traficantes de drogas, han estado implicados en asesinatos de informantes, han ayudado a miembros de las AUC en operaciones de lavado de dinero y que todas esas denuncias han sido conocidas pero ignoradas por las agencias de control del Departamento de Justicia. El documento es una verdadera bomba.

El memorando, marcado con rótulos de confidencial, fue redactado el 19 de diciembre de 2004. En ese entonces, Kent trabajaba en la unidad de grabaciones telefónicas de la Sección de Drogas Peligrosas y Narcóticos (Ndds, por su sigla en inglés), del Departamento de Justicia, al cual está adscrita la DEA. El detallado documento de siete páginas fue enviado por Kent a su superior, Jodi Avergun, quien era la jefe de la Ndds, y al número dos de la sección, Michael Walther.

Sólo ahora se conoce el informe que dará mucho para hablar en las próximas semanas, por lo revelador de su contenido. El memorando, escrito con una franqueza inusual para documentos tan delicados, describe en detalle graves casos de corrupción que involucran a agentes de la DEA en Bogotá y deja muy mal paradas a las entidades de control estadounidenses. Todas las denuncias, dice, reposan desde hace meses en los escritorios del Inspector General (OIG) y de la OPR, la cual es básicamente la oficina de asuntos internos de la DEA (ver recuadro).

Kent enumera cuatro hechos específicos para sustentar su memorando de alarma. En el primero de ellos, informantes colombianos "hicieron asombrosas revelaciones (a un grupo de la DEA en la Florida) respecto a los agentes de la DEA en Bogotá", escribe Kent. "Contaron que habían sido ayudados en sus actividades en narcóticos por esos agentes (en Colombia). Específicamente, dijeron que los agentes (en Bogotá) les daban información sobre investigaciones y otras actividades confidenciales (de la DEA) en Colombia". Según Kent, estas acusaciones fueron sustentadas por los informantes quienes suministraron al grupo de Florida copias de informes confidenciales de la DEA que había recibido de los agentes en la capital. Lo grave, de acuerdo con el memorando de Kent, es que uno de los informantes fue asesinado después de una reunión con los miembros de la DEA en Bogotá.

El segundo caso involucra a otros agentes de la DEA en Florida, quienes también tuvieron problemas con sus colegas en Bogotá. Según relata Kent, los agentes en Colombia frustraron una importante operación encubierta al ordenar el arresto de unos informantes que trabajaban para los de Florida, cuando salían de Colombia. Con el tiempo se descubrió que todo había sido una trampa y aquí también hubo un muerto: uno de los informantes -que iba a dar una valiosa información sobre nuevos métodos de camuflar la droga- fue secuestrado y asesinado meses después.

Este mismo grupo de la DEA de Florida tuvo otro encontrón con Bogotá. Tenían un informante que prometía suministrar contactos y datos sobre las Farc. Diseñaron un plan que fue torpedeado repetidas veces por los agentes en Colombia, quienes permanentemente descalificaban sin argumentos sólidos al informante. Este caso terminó destapando una caja de Pandora. Se descubrió que un narcotraficante colombiano, que se suponía era un informante de la DEA, "tenía varios agentes (de Bogotá y Washington) en su nómina que le suministraban información secreta". Esta información fue confirmada con una prueba de polígrafo que le hicieron al narco. Según Kent, "el poligrafista recibió instrucciones de OPR de no reportar sobre la prueba (positiva). Fue instruido para decir que la prueba nunca se realizó".

No menos grave y escandalosa es la sindicación que hace Kent a un agente de la DEA en Bogotá, quien fue sorprendido en operaciones de lavado de dinero con los grupos paramilitares colombianos en 2004. "Uno de los agentes corruptos de Bogotá fue recientemente interceptado en una grabación telefónica. La conversación lo vincula con una actividad criminal", dice uno de los apartes del memorando sobre el caso. Lo que sorprende a Kent, y así lo deja consignado en el documento, es que a pesar de que había sido descubierto por la propia DEA, el hombre no sólo no había recibido ningún tipo de sanción, sino que, por el contrario, había sido premiado. "Esa llamada ha sido documentada por la DEA y ese agente está ahora encargado de numerosas investigaciones de narcóticos y lavado de dinero", dice.

Hoy, ninguno de los que recibieron el memorando ni el autor ocupan los mismos cargos. Menos de cuatro meses después de leer el documento, Avergun, la superior de Kent, fue ascendida a la posición de jefe de gabinete de la DEA. En agosto, Walther, el segundo de Avergun, fue nombrado director del centro nacional de inteligencia, cuya sede está localizada en Johnstown, Pennsylvania. ¿Y Kent? Fue trasladado a mediados de año de Washington D. C. a una oficina del Departamento de Justicia en Nashville, Tennessee. Es como pasar de trabajar de Bogotá a Mocoa, Putumayo.

SEMANA se comunicó con Kent en su nueva oficina para preguntarle sobre el memorando, pero dijo: "No puedo hacer comentarios, ya que el caso está en investigación por parte de la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia". Avergun, por su parte, reconoció a SEMANA que conocía el memorando, pero también se abstuvo de opinar. Tampoco hubo respuesta de la oficina del inspector General adjunto, Paul Martin, en Washington D. C., encargado de la investigación de los hechos.

La única declaración oficial fue transmitida por el vocero de asuntos públicos de la DEA en Washington D. C. Garrison K. Courtney, quien dijo: "La DEA toma muy seriamente las denuncias de mala conducta, abuso de poder o acciones criminales. Las acusaciones son extremadamente serias. La Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) de la DEA está investigando esas acusaciones".

¿Unas cuantas manzanas?

Infortunadamente, la realidad es que las denuncias sobre irregularidades de agentes de la DEA en Colombia no son algo nuevo en el país, pero es raro que salgan a flote. En 1999, mientras se realizaba una de las operaciones antinarcóticos más grande en la historia de la lucha contra las drogas, la operación Milenio, unos agentes de la DEA e investigadores colombianos que realizaban una serie de grabaciones en las oficinas del capo Alejandro Bernal Madrigal, alias 'Juvenal', documentaron uno de esos casos.

En una conversación con varios de sus socios, el capo les contó que al agente de la DEA Richard Meyer le había dado un millón de dólares para que lo dejara tranquilo. "La grabación con las declaraciones del capo originó una investigación interna en la DEA, pero no pasó nada. Para evitar problemas, lo único que hicieron fue trasladar al agente. Cuando 'Juvenal' fue extraditado a Estados Unidos y comenzó a colaborar con la justicia norteamericana, hicieron que se retractara de esa declaraciones", dijo a SEMANA uno de los oficiales que participó con la DEA durante la operación Milenio.

La oficina de control interno de la DEA en Colombia adelanta múltiples investigaciones contra agentes de esa entidad en el país, aunque pocas veces prosperan y casi nunca salen a la luz. Una de las denuncias más comunes tiene que ver con lo que algunos denominan "el negocio de la extradición". Este consiste básicamente en que cuando un narcotraficante es capturado y va a ser extraditado, recibe la visita en la cárcel de un agente de la DEA. "Lo que hace es decirle al narco: su situación es muy complicada y en Estados Unidos le esperan muchos años de cárcel. Después de eso el agente le dice al narco que conoce un abogado muy bueno que puede ayudarle a negociar. A esos abogados los llaman 'arreglistas'. El agente pone en contacto al narco con el abogado y lo que hace el abogado es darle un porcentaje al agente de la DEA que le consiguió el cliente", cuenta el oficial, que conoce de cerca varios de esos casos y trabaja con la DEA en Colombia.

En Colombia opera la segunda oficina más grande que tiene la DEA en todo el mundo, después de México. En el país hay aproximadamente 35 agentes y otras 100 personas, entre analistas e investigadores. "Para ellos Colombia es el mejor lugar para trabajar porque acá es muy fácil para ellos dar positivos que les sirven para sus carreras. Generalmente están un promedio de tres años en el país y cuando salen de acá, casi siempre saltan a muy buenos puestos", afirma un oficial que trabaja con la DEA en Colombia. Una agente recibe un salario promedio de 7.000 dólares mensuales libres y, aparte de estar cobijados por el estatus de diplomáticos, tienen algunas ventajas que no ocurren en otros países como México. "Acá ellos (los agentes de la DEA) pueden andar armados por las calles. Pueden llevar incluso fusiles si así lo desean. En México, por ejemplo, eso no pasa, ya que las autoridades de ese país no lo permiten y son ellos y no la DEA quienes fijan las reglas", dice el oficial.

Es evidente que esa libertad de operación en Colombia tiene altos costos para la DEA, como revela tan descarnadamente el abogado Kent. Sus denuncias no sólo son graves, sino que provienen de un funcionario del propio Departamento de Justicia. Tal vez tiene razón Kent cuando concluye el memorando a sus jefes con una advertencia: "...las fisuras en la tapa que la DEA y OPR han intentado colocar sobre este problema están creciendo. Es sólo cuestión de tiempo antes de que esto explote". Y, efectivamente, la olla podrida se abrió. n