Corrupción en hospitales, una vergüenza capital

A la entrada del hospital de Meissen duerme un indigente tapado con cartones. Dos perros callejeros pasan olisqueando a su lado y continúan su camino esquivando a los familiares de algunos pacientes, que esperan sobre el andén porque en la sala de recepción de urgencias no cabe un alma más. Así es siempre, o casi siempre, pero sobre todo los fines de semana, cuando llegan los jóvenes apuñaleados y sangrando a pedir ayuda a este hospital de la localidad de Ciudad Bolívar, cuyos seis pisos sobresalen entre las casuchas, montallantas y pequeñas tiendas que hay alrededor. “El sábado parecía una carnicería”, le dijo a SEMANA una paciente que había entrado por una infección renal desde el viernes por la noche y pasó todo el fin de semana padeciendo dolores sentada en una silla. Solo tres días después, el lunes, la pasaron a una cama. Pero como no había cuartos disponibles, la arrimaron contra la pared del corredor de urgencias, en donde caben hasta 18 camas y unas pocas camillas, que sacan de las ambulancias para poder acostar a los enfermos. A los bebés, en grupos de hasta tres, les toca compartir una sola camilla.

A 9,4 kilómetros de allí, en el Hospital Occidente de Kennedy, la situación no es muy distinta. En este hospital, además de las camas, con frecuencia escasean los guantes quirúrgicos y suturas y en varias ocasiones trapean los pisos solo con agua porque no hay con qué comprar desinfectante. Al otro extremo de Bogotá la historia se repite en el Hospital Simón Bolívar, el más grande de los hospitales públicos del norte de la capital y el que se ufana de tener la mejor unidad para quemados del país, que sin embargo, no tiene gasa para las vendas últimamente. La unidad de urgencias está tan saturada que la semana pasada murió allí un señor de un paro respiratorio porque el laringoscopio, que le habría dado respiración artificial, no tenía pilas. Los médicos trataron de reanimarlo sobre el piso de baldosín porque no había camillas, pero no lograron salvarlo.

Lo trágico de esta situación es que estos tres hospitales tienen presupuestos de más de 130.000 millones anuales cada uno. En total, los 22 hospitales públicos de Bogotá mueven casi 1 billón y medio de pesos. Pero tanto dinero no ha servido para que los hospitales presten un mejor servicio y garanticen el derecho a la salud a los bogotanos. De hecho, en 2010 se presentaron 1.200 casos de tuberculosis, una enfermedad que se creía erradicada.

Es en estos hospitales donde se atiende a los más pobres de la ciudad, que no tienen EPS ni Sisbén, pero también a los pacientes que sí están asegurados pero no les prestan todos los servicios en las EPS. Precisamente, uno de los tantos problemas que tienen es que las EPS (cinco de ellas intervenidas o a punto de estarlo) no les pagan a tiempo a los hospitales de la ciudad por la atención que prestan a sus afiliados. Hoy les deben más de 250.000 millones.

Pero esta no es la principal razón para que la mitad de los hospitales de Bogotá estén al borde del colapso. Más allá de las fallas estructurales del sistema, lo que tiene a los hospitales públicos moribundos es la corrupción. Y aunque esta también lleva tiempo enquistada en los hospitales, parece que en los últimos años alcanzó proporciones descaradas: entre 2010 y 2011, a pesar de que disminuyeron las consultas en todos los hospitales, los gastos aumentaron en un 35 por ciento y el personal creció en un 50 por ciento. Ese es el tamaño de la corrupción.

“Tener un hospital es el mejor negocio”, le dijo un contratista a SEMANA. Estas entidades subcontratan todo tipo de servicios, desde asistenciales y médicos hasta jurídicos, administrativos e, incluso, obras de construcción. Por eso no es raro que, a pesar de la crítica situación financiera, en los hospitales públicos terminaran metidos contratistas como el ya condenado Julio Gómez (ver ‘El eje Julio Gómez’), protagonista también del cartel de la contratación en la malla vial, escándalo que ha indignado a los bogotanos que se quejan por los trancones que ocasionan las vías en obra que dejaron los contratistas. Pero lo que se ve en las entrañas de los hospitales no es comparable con una mera incomodidad pasajera por la congestión vial: es una vergüenza capital. (Ver videos)
 
El mejor negocio

SEMANA revisó la contratación de 21 de los 22 hospitales de la ciudad en los últimos cuatro años y encontró cómo se pierden miles de millones de pesos de los hospitales. El elemento indispensable para hacerlo es contar con un gerente cómplice. Este decide a quién adjudica contratos y a quién no y, según varios exfuncionarios del Distrito, detrás de cada gerente hay uno o varios concejales. “Algunos gerentes son amigos de concejales. Yo no puedo impedir esas relaciones”, le dijo a SEMANA Héctor Zambrano, exsecretario de Salud tanto en la alcaldía de Luis Eduardo Garzón como en la de Samuel Moreno. Pero aseguró que nunca recibió presión de los políticos de la ciudad para que nombrara a un gerente o intercediera para que un proveedor amigo se quedara con un contrato. Otros funcionarios de la Secretaría dicen lo contrario: “Clientelismo siempre ha habido, pero nunca como en esta última administración”. El director del Servicio Civil de Bogotá, César Manrique, reveló hace dos semanas que de los 32.000 contratos que se encontraron por prestación de servicios y se firmaron en el Distrito en los dos últimos años, el 52 por ciento pertenecen al sector salud.

Por eso los concejales se pelean al gerente. En declaraciones ante la Corte, el excongresista Germán Olano dijo que los concejales Isaac Moreno y Fernando Cepeda, actual presidente del Concejo, tenían una pelea por controlar la gerencia del Hospital San Blas y que el concejal que controlaba el Hospital de Kennedy era José Juan Rodríguez. Nadie mejor que ellos saben quiénes tienen influencias y cuotas entre los hospitales, pero casi ninguno se atreve a denunciarlo. Siendo edil de Suba, el hoy concejal de Progresistas William Moreno sí denunció ante la JAL, y en presencia del gerente del hospital, que Alfonso Sánchez, funcionario del Hospital de Suba, era al mismo tiempo integrante de la unidad de apoyo del concejal Edward Arias y quien atendía en la sede de campaña del concejal en el centro comercial Fiesta Suba. Allá convocaban al personal del hospital a reuniones políticas en la pasada contienda electoral.

El Hospital de Suba es, precisamente, de los más privatizados, tanto que hasta subcontrata los servicios de pediatría. Este fenómeno también se presenta en otros hospitales e incluso en algunos llega a ser tan escandaloso que cirugías sencillas que pueden costar 800.000 pesos en una clínica privada le terminan valiendo al hospital público 2,5 millones de pesos. Entre los servicios médicos más lucrativos para subcontratar está el de radiología e imágenes diagnósticas, pues se da el caso absurdo de que, a pesar de que el personal y las máquinas son de los hospitales, como en Meissen, subcontratan ese servicio. No tiene sentido, además, que en hospitales como los de Engativá y Suba hayan invertido millonarios recursos para comprar un tomógrafo –el de Engativá no funciona– cuando son hospitales de segundo nivel, es decir que no prestan servicios sofisticados de atención. Para eso es que, se supone, debe funcionar la red de hospitales, que además debería tener una contratación conjunta, pero en realidad cada hospital administra sus negocios como le parece.

Otra manera como desangran a los hospitales, según pudo constatar SEMANA entre los contratos revisados, es con la construcción de nuevas sedes o el reforzamiento de las existentes (ver ‘El eje Julio Gómez’). Y también hay una gran cantidad de contratos de personal –con supuestas entidades sin ánimo de lucro y cooperativas– que terminan siendo nóminas fantasmas de empleados. Como el caso de un médico del Hospital de Meissen que vive en Estados Unidos y a quien le pagaban nocturnos y dominicales. Se trató de ponerle coto al asunto prohibiendo la contratación a través de cooperativas, pero los hospitales han seguido vinculando personal a través de estas empresas.
En el área de alimentación uno de los contratistas más importantes es Jorge Camargo Campero, representante legal de la empresa Nutrir, que tiene contratos con varios hospitales, entre ellos uno en el Simón Bolívar por más de 1.000 millones de pesos. Como lo denunció en una columna el periodista Daniel Coronell, Camargo Campero fue quien le vendió una casa en Miami al excongresista German Olano por 220.000 dólares.

Y en el área de aseo, otro contratista que llama la atención es Cipsa Ltda., que ha prestado el servicio a los hospitales Occidente de Kennedy y Simón Bolívar. Un informe de auditoría de la Contraloría en 2009 encontró que esta empresa, además de no pagar sueldos a los empleados en varias ocasiones, prestaba un mal servicio y el propio subgerente administrativo del Simón Bolívar reconoce que puede haber problemas de asepsia por estos motivos.

Al revisar documentos de la empresa, SEMANA encontró un vínculo directo con funcionarios de la administración de Samuel Moreno que son más que coincidentes. Una de las socias accionistas y gerente es Mónica Lorena Rincón Latorre, esposa del exdirector del Fondo de Vigilancia desde 2009, Mauricio Solano. El hermano de Solano, Jorge, trabajó como subgerente financiero en el hospital de Engativá y como asesor de una dependencia de la Secretaría de Salud hasta finales de 2011. Como subgerente de Cipsa aparece Luz Ángela Noguera, coordinadora de transportes del Fondo de Vigilancia y quien supervisaba los contratos de renting de automóviles del Distrito, entre ellos el que estuvo asignado hasta hace dos semanas al exalcalde Samuel Moreno.

En otras palabras, empiezan a aparecer conexiones entre contratistas y funcionarios de la anterior administración que podrían indicar que hay una red que trabajaba articuladamente y que, a su vez, también están vinculados con quienes están hoy en la mira por el escándalo del carrusel de la contratación. La Contraloría se quejó la semana pasada de que las investigaciones en el sector de la salud no avanzan en la Fiscalía y el propio fiscal Montealegre, recién posesionado, también dijo que había que revisar los acuerdos a los que se había llegado con contratistas como Julio Gómez. Las investigaciones sobre la gestión de los gerentes del Simón Bolívar, Meissen y Kennedy y el exsecretario de Salud de la pasada administración apenas comienzan. Esto, que ya se empieza a conocer como el carrusel de la salud, podría ser el eslabón entre dos de los peores y más recientes escándalos de corrupción que ha conocido el país.

Mientras tanto, el secretario Jaramillo ha dicho que no van a cerrar los hospitales del Distrito y buscarán recursos adicionales. “Lo que queremos es salvaguardar los hospitales”, dijo. Pero también envió un mensaje claro a los nuevos gerentes que fueron elegidos por puntaje en un examen practicado por la Universidad Javeriana, que asumirán el cargo en los próximos días. “El que no sirva, se va”, dijo.

El cambio en el mando de estas instituciones puede ser el primer paso para aliviar a los hospitales, pero si los organismos de control no avanzan, los hospitales podrían recaer. Un gran porcentaje de los bogotanos no se ha dado cuenta de que la corrupción no solo acabó con las calles de Bogotá, sino que puede acabar hasta con la vida de sus habitantes.

La rebelión de las batas
 
En Meissen, Simón Bolívar y Kennedy los empleados se les sublevaron a los gerentes.
 
Además de la gran cantidad de recursos y pacientes que atienden, el Simón Bolívar, el Hospital de Meissen y el de Kennedy tienen otra cosa en común: los médicos y trabajadores honestos de sus instituciones se alzaron la bata y protestaron de una u otra manera por la mala gestión de sus gerentes.
 
Simón Bolívar

La revolución se gestó primero en el Hospital Simón Bolívar. Un grupo de 57 médicos interpusieron una denuncia ante la Superintendencia de Salud contra el gerente Luis Guillermo Cantor, muy cercano a la familia del alcalde Samuel Moreno Rojas, porque, según ellos, había incrementado de manera injustificada la nómina de personal administrativo desde su llegada a la institución a finales de 2009. Antes de llegar a este hospital, Cantor fue subgerente administrativo del Hospital de Meissen, luego gerente encargado del Hospital San Blas y del Tunal. Quería quedarse en el cargo pero no pasó el examen, entonces Héctor Zambrano lo nombró en Planeación en Secretaría. Volvió a presentarse para el segundo concurso y aunque no sacó el primer puntaje fue elegido de la terna que la junta directiva del hospital le presentó a Héctor Zambrano, alcalde encargado en ese momento.

Al mismo tiempo que Cantor contrataba 100 empleados y convertía consultorios en oficinas, a varios médicos se les cancelaba su contrato laboral. Los galenos conformaron un sindicato y como represalia, a algunos de los integrantes de esta significativa protesta les abrieron investigaciones disciplinarias. Adicionalmente, a principios de enero, empezaron a circular de manera clandestina panfletos anónimos, conocidos como ‘Simoncitos’ en los que denuncian presuntas irregularidades en el Simón Bolívar como nepotismo en el nombramiento de algunos funcionarios y contrataciones sospechosas, entre otros. En uno de los Simoncitos apareció publicada una conexión entre funcionarios del Simón Bolívar y el Hospital de Meissen, que harían parte de una especie de ‘rosca gerencial’, porque Jesús Eduardo Alfonso, subgerente administrativo del hospital Simón Bolívar, está casado con Marlén Sierra Pérez, subgerente administrativa de Meissen. “El Simón Bolívar es el siamés del Hospital de Meissen”, afirma el actual secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
 
Meissen

Jaramillo ordenó una auditoría especial a partir del 20 de febrero para investigar presuntas irregularidades en el manejo del hospital por parte del gerente Carlos Lizcano y algunos directivos. Mientras la comisión hacía su trabajo, los médicos y contratistas del hospital protagonizaron un paro el 4 de abril pasado, el primero en la historia de la institución, porque no les pagaban desde noviembre del año pasado y no tenían insumos como gasa o antibióticos para trabajar. Lo increíble es que, según reveló la investigación, antes de que saliera Lizcano del hospital a principios de año, se gastó el 72 por ciento del presupuesto para su funcionamiento en 2012. El informe de la comisión investigadora fue presentado el pasado jueves y en él se revelan todo tipo de arbitrariedades, desde contratos de comida supuestamente para pacientes, que incluían costillas de ternera, langostinos y vino blanco, hasta contratos con una empresa de medicamentos que termina ofreciendo transporte en lujosas camionetas que utilizaban los directivos del hospital.

Uno de los asesores de la dirección en este hospital es el exgerente del Tunal, Aldemar Bautista Otero, que fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por utilizar dineros de un contrato de construcción del hospital para un viaje al exterior. Él también ha sido contratado por los hospitales de Nazareth, Usme, Fontibón y Vista Hermosa, y ha sido mencionado, junto con Lizcano, entre los gerentes de hospitales que asistían a reuniones con concejales y contratistas en el apartamento de Manuel Sánchez para discutir contratos en el sector de la salud durante la Alcaldía de Luis Eduardo Garzón, según la versión de Olano ante la Corte.

Lo grave es que Lizcano, que ni siquiera sabía en qué piso de su hospital funcionaba medicina interna, no solo era gerente del Hospital de Meissen, sino que a través de convenios que firmó con la Secretaría de Salud, obtuvo el control del Hemocentro distrital, del Equipo Comando (que es un grupo de médicos y auxiliares que responden ante emergencias en la ciudad) y parte de los empleados que trabajan en el Centro Regulador de Urgencias de la Secretaría. también son contratados a través de Meissen.
 
Occidente de Kennedy

El otro gerente al que la comunidad de su hospital le ha hecho plantones desde al año pasado fue Fabio Barrera, del Hospital de Kennedy, que llegó como encargado y se quedó ocho años. En la entrada principal, los enfermeros y otros empleados se pararon con megáfono a exigirle a la gerencia que les pagara. Algunos subieron a las oficinas de dirección. Y en las redes sociales también han empezado a circular denuncias de presuntas irregularidades de la gestión de Barrera, por un aumento desmesurado de personal en áreas no médicas y mala administración de los recursos. “El laboratorio clínico está agonizando y urgencias es un ‘reventadero de gente’”, le dijo a SEMANA un médico del hospital.
 
Hoy Cantor, Lizcano y Barrera están siendo investigados por la Fiscalía dentro de lo que ya se conoce como el escándalo del Carrusel de la Salud, junto con el exsecretario de Salud Héctor Zambrano, que defiende su gestión. Sobre los tres gerentes, afirma que llegaron a sus cargos por concurso y habían tenido una buena trayectoria en otras instituciones, pero dice que a cada gerente le corresponde dar sus explicaciones. “Que se investigue con toda la rigurosidad. Tengo la tranquilidad de lo actuado”.
 
Medicinas venenosas

Algunos hospitales compran medicamentos hasta 100 por ciento más caros que otros.
 
A pesar de que hay unas tarifas estándar, cada hospital negocia como le parece con proveedores de insumos médicos o medicamentos, que con frecuencia ofrecen precios inflados argumentando que los hospitales no les pagan a tiempo y por eso tienen que cobrar más caro. La Personería detectó, por ejemplo, que un frasco de acetaminofén en jarabe en 2011 costó 575 pesos con Drogas Boyacá, pero el mismo frasco costaba 1.193 pesos con Pharma Express, que además distribuía medicamentos próximos a las fechas de vencimiento en el hospital de Engativá. En el hospital de Vista Hermosa algunos funcionarios denunciaron que encontraron cajas enteras de medicamentos vencidos.

Drogas Boyacá, que tiene convenios con nueve hospitales del Distrito, pertenece a Rafael Antonio Salamanca, a quien varios contratistas señalan de ser cercano al exrepresentante Germán Olano, una de las piezas políticas claves del escándalo del carrusel de la contratación de malla vial. Drogas Boyacá vende algunos medicamentos que, comparados con otros proveedores, resultan hasta 108 por ciento más caros. Lo mismo sucede con Farmared, que le vendió al hospital de Usme tabletas de 400 miligramos de ibuprofeno a 147 pesos en 2010, mientras que el hospital de Fontibón le compró a Macromed las mismas tabletas, al año siguiente, a 36 pesos.
 
El eje Julio Gómez

Obtuvo millonarios contratos en infraestructura y a través de fundaciones.

Desde 2004, la alcaldía de Luis Eduardo Garzón hizo un diagnóstico de las condiciones estructurales de los hospitales y centros de atención en salud y en 2006 aprobó un Plan Maestro de Equipamiento que buscaba construir nuevas sedes o reforzar las estructuras de los edificios que ya existían. Destinaron recursos especiales con apoyo del Banco Mundial, y aunque el exsecretario de Salud Héctor Zambrano se siente orgulloso de que lograron poner en marcha la construcción de 13 obras, seis años después, algunas no están terminadas o ni siquiera han empezado. “Menos mal que no se construyeron porque se hubiera perdido más plata”, le dijo a SEMANA un exfuncionario de la Secretaría de Salud.

Y es que eso es lo que ha sucedido con el caso del Hospital de Meissen, que denunció SEMANA en noviembre de 2011. La construcción del nuevo edificio de Meissen, en donde se alojaría el área administrativa, que hoy funciona dispersa en 13 casas arrendadas del barrio, fue contratada con empresas del arquitecto Julio Gómez y, a pesar de recibir cuantiosos anticipos, todavía no ha terminado. Según El Espectador, el también polémico contratista Manuel Sánchez hizo la interventoría, pero SEMANA encontró que detrás de este contrato también estaría una firma cuyos propietarios son oriundos de Sahagún, igual que el otro contratista del carrusel, Emilio Tapia. En las cuentas de la empresa solo quedan 270 millones y, al parecer, miles de millones se gastaron para pagarles a otros proveedores y contratistas del hospital, con autorización de la Secretaría de Salud.

Meissen ha sido el caso más sonado en el cual las empresas y familiares de Gómez tuvieron contratos, pero no fue el único. Dineros de los contratos de malla vial otorgados al clan de Julio Gómez terminaron en las cuentas de las empresas constructoras de Meissen, pero también en las del Consorcio Hospitalario 2007, responsable de construir la sede asistencial El Guavio del hospital Centro Oriente. Llama la atención que dos de las firmas y socios que integran este consorcio son las mismas que participan también en la construcción de otros hospitales: la sede Fray Bartolomé del Hospital Simón Bolívar, el Hospital El Tintal y la unidad básica de atención (UBA El Porvenir) que pertenece a la red del Hospital Pablo VI de Bosa. Varios de estos consorcios tienen el mismo representante legal, Ricardo Godoy Arteaga, y por lo menos en Meissen y en Simón Bolívar aparece una misma firma interventora.
 
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