Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1996/06/10 00:00

CORRUPCION

SEMANA PRESENTA APARTES DEL NUEVO LIBRO DE PERIODISTA ARGENTINO ANDRES OPPENHEINER MEXICO: EN LA FRONTERA DEL CAOS, EN EL QUE ANALIZA LA COYUNTURA HISTORICA DEL PAIS AZTECA., 28974

CORRUPCION

Las mafias policiales eran, como las camarillas del partido gobernante, un síntoma de la fragmentación del poder. México se había convertido en un país dividido en miles de feudos, que a menudo sólo se distinguían entre ellos según la actividad lucrativa o delictiva en que estaban inmersos. Las fuerzas policiales de México se asemejaban a familias que protegían sus respectivos intereses económicos. Su principal diferencia con las tribus políticas del partido gobernante era que lo hacían con mayor crudeza y violencia.Los diversos clanes dentro de las fuerzas policiales eran más fácilmente detectables que los de la élite gobernante, porque México tenía una increíble variedad de servicios policiales: había nada menos que 2.400 fuerzas policiales en el país, incluyendo la Policía Judicial Federal, las policías judiciales de los estados, la policía antimotines, la policía de aduanas, la policía bancaria, la policía rural, la policía forestal, la policía de tráfico, la policía del metro y cientos de fuerzas de policía municipales. Y esto era sin contar las fuerzas de policía privadas: sólo la Ciudad de México tenía 627 compañías privadas muchas de ellas dirigidas por ex oficiales de policía con antecedentes criminales con un total de 27.000 hombres, que trabajaban como guardias de empresas y escoltas de sus ejecutivos. Los policías privados sumaban más que los 24.500 policías que la ciudad tenía para patrullar las calles.Aunque unidades de la policía nacional, estatal, local y privada cometían una variedad de delitos, la mayoría era conocida por tener su propia especialidad. La policía estatal de Tijuana, por ejemplo, era famosa por dirigir redes de robos de coches en San Diego, California: la policía de California había detenido en varias oportunidades a oficiales de la policía de Tijuana con las manos en la masa, mientras robaban vehículos del lado norteamericano de la frontera. Por otra parte, la policía de la Ciudad de México era famosa por hacer un dineral de inspecciones de taxis, sobornos a conductores particulares y _en tiempos de vacas flacas_ secuestros.Lo que era peor, cada una de estas fuerzas policiales tenía un sinnúmero de agentes secretos que eran conocidos como 'madrinas', que no figuraban en los libros pero cuyas responsabilidades iban mucho más allá de la de informantes. Las madrinas, a quienes se les solía permitir llevar armas, eran usadas por los jefes policiales locales para hacer trabajos sucios que no podían ser llevados a cabo por quienes estaban en la nómina del gobierno, desde robar carros al otro lado de la frontera hasta matar a activistas de la oposición .(...)Aunque gran parte de estos delitos nunca salían a la luz pública, un curioso asalto callejero perpetrado por oficiales de policía en marzo de 1995 llamó la atención nacional sobre la corrupción policial. Según informes oficiales, sucedió cuando agentes de la policía del estado de México, dirigidos por su comandante, detuvieron un Jeep Cherokee en el barrio de Tecamachalco de la Ciudad de México y trataron de obligar a su conductor a punta de pistola a que entregara dinero y pertenencias. Pero tuvieron mala suerte: el conductor resultó ser Ernesto Zedillo, el hijo de 19 años del presidente.Los guardaespaldas del muchacho, que lo escoltaban a una cuadra de distancia, se presentaron de inmediato y arrestaron al comandante de la policía y a sus hombres después de una tensa discusión. Días después, funcionarios del gobierno reconocieron que el comandante de la patrulla había cumplido una sentencia de cárcel por asesinato en el estado de Guerrero antes de incorporarse a la fuerza policial del estado de México, y un presidente Zedillo de aspecto severo dijo al pueblo mexicano en un discurso televisado: "Nada ni nadie debilitará mi determinación de construir el verdadero imperio de la ley que merece el pueblo mexicano".Pero para millones de mexicanos, la historia sacó a relucir el drama cotidiano de los ciudadanos que rutinariamente eran abusados por oficiales policiales corruptos y que _a diferencia del joven Zedillo_ no tenían guardaespaldas para protegerlos. A medida que el asalto al hijo del presidente se convirtió en el tema del día en México, parecía que todo el mundo había sido víctima de abusos policiales, y tenía una historia que contar al respecto. No era casual que uno de los chistes más difundidos que circulaba en la Ciudad de México era, "Si te asaltan en la calle, no grites, ¡podría llegar la policía!".NarcodemocraciaEl auge del narcotráfico y la corrupción policíaca sin precedentes había despertado especulaciones en la prensa de que México _como Colombia con anterioridad_ se había convertido en una 'narcodemocracia': un país en que los narcotraficantes habían adquirido una importante influencia política, y a menudo recurrían a la violencia para mantenerla. Muchos analistas políticos mexicanos y estadounidenses parecían verdaderamente convencidos de que los barones de la droga mexicanos estaban detrás de los asesinatos que habían sacudido al país en 1994.Yo tenía mis dudas. ¿Por qué habrían de querer los jefes del narcotráfico en México atraer la atención mundial y de las agencias antinarcóticos de Estados Unidos sobre sí mismos cometiendo asesinatos políticos de alto perfil? A diferencia de sus contrapartes en Colombia, que habían lanzado una campaña de terror a fines de los años 80 para presionar al gobierno a que revocara un tratado de extradición con Estados Unidos, los narcotraficantes mexicanos no habían hecho demandas políticas. ¿Por qué iban a querer matar a políticos prominentes y arriesgarse a convertirse en sospechosos de primera línea, cuando podían seguir haciendo sus negocios tranquilamente bajo el amparo de comandantes de la policía y oficiales del ejército corruptos?Uno de los muchos contraargumentos que escuché en círculos políticos mexicanos era que los narcos habían cometido los asesinatos políticos porque el gobierno de Salinas había renegado de un supuesto pacto de no agresión entre el gobierno y los carteles de la droga a principios de los 90. Según esta teoría, liderada por el politicólogo Jorge G. Castañeda, la administración de Salinas había hecho un acuerdo secreto de no agresión con los barones mexicanos de la droga en un momento en que México necesitaba desesperadamente buenos titulares en la prensa norteamericana para lograr su principal prioridad: firmar el TLC con Estados Unidos.A principios de los 90, el gobierno -quizás a través del hermano del presidente, Raúl Salinas- había hecho un acuerdo explícito o tácito con los jefes de los carteles mexicanos de la droga por el cual se les permitiría operar ciertos corredores aéreos para transportar drogas a Estados Unidos a cambio de que mantuvieran un bajo perfil, sin exceder los niveles 'tolerables' de contrabando de cocaína, y depositaran la mayor parte de sus ganancias en México, según esta teoría. Pero cuando el TLC comenzó a ser discutido seriamente en el Congreso de Estados Unidos, la administración Salinas empezó a ser objeto de presiones externas cada vez mayores para que actuara con firmeza contra el narcotráfico -entre otras cosas porque los cargamentos de cocaína estaban subiendo en forma alarmante- y capturara a los jefes del cartel mexicano de la droga Rafael Caro Quintero y Joaquín 'El Chapo' Guzmán. De repente, el gobierno había dejado de respetar el acuerdo y los carteles de la droga -sintiéndose traicionados- empezaron una campaña de asesinatos políticos para notificar a las autoridades que, si se lo proponían, podían desestabilizar fácilmente al país, decía esta escuela de pensamiento.¿Era una coincidencia que el cardenal Posadas y Colosio habían sido asesinados respectivamente en Guadalajara y Tijuana, dos capitales de la industria de la droga en México?, preguntaban los defensores de esta hipótesis. ¿Fue sólo por casualidad que los asesinos de Ruiz Massieu eran gentes de Tamaulipas, otra región que era un centro de contrabando de drogas? No se trataba de coincidencias, sostenían: los barones mexicanos de la droga habían ordenado asesinatos de alto nivel como un mensaje de advertencia al gobierno. Si no habían hecho demandas explícitas, era porque esta no era la manera de hacer las cosas en México. Este era un país de señales ocultas, donde las advertencias oblicuas eran tomadas en serio y los mensajes directos se descartaban rápidamente como demasiado obvios para ser verdaderos.
Había otra explicación que apuntaba al mundo de la droga como responsable de la serie de asesinatos políticos que habían conmovido a México: los asesinatos de Posadas, Colosio y Ruiz Massieu habían sido parte de un conflicto territorial entre varios carteles rivales, según un veterano funcionario mexicano con buen acceso a las agencias de inteligencia. Durante la administración de Salinas, había habido una represión mucho más severa sobre los jefes del cartel del Pacífico que de los del cartel del Golfo. Los dos jefes del narcotráfico que habían sido capturados, Caro Quintero y El Chapo Guzmán, eran del cartel del Pacífico, y la mayoría de los esfuerzos del gobierno contra el narcotráfico habían estado dirigidos a esa organización criminal.
Hacia el final de la administración de Salinas, afirmaba el funcionario, el cartel del Pacífico -ahora dirigido por el capo de la droga en Sinaloa, Amado Carrillo- estaba cada vez más preocupado de que sus rivales del cartel del Golfo serían aún más privilegiados durante el futuro gobierno de Colosio. Los dirigentes del cartel del Pacífico tenían razones para preocuparse: el hermano del jefe del cartel del Golfo, Juan García Abrego, había sido invitado a un banquete exclusivo para recaudar fondos para la campaña de Colosio. Se sabía, además, que algunos ayudantes de Colosio -incluido un pariente cercano- tenían vínculos con el cartel del Golfo. "La gente del cartel del Pacífico temía una repetición de lo que había sucedido en Colombia, donde el cartel de Cali había ayudado al gobierno a destruir al cartel de Medellín", me dijo el alto funcionario mexicano. "Ellos mataron a Colosio, entre otras cosas, para impedir que esto sucediera". (...)

Nada como Colombia
En Washington, D.C., los funcionarios de la administración Clinton eran reacios a hablar sobre una narcodemocracia mexicana, o a comparar los carteles de la droga mexicanos con sus contrapartes colombianos. Los criminales mexicanos estaban lejos de detentar los niveles de poder o de ejercer la violencia de los colombianos, afirmaban los funcionarios. "No hemos visto ningún grupo en México que haya alcanzado el nivel de influencia que ha logrado el cartel de Cali en Colombia", me dijo un alto funcionario norteamericano involucrado en la lucha contra el narcotráfico. "En México, los carteles de la droga no han sido capaces de crear una atmósfera legal que los favorezca; tampoco han hecho ninguna contribución importante a las campañas políticas que nosotros sepamos; tampoco han lanzado campañas de relaciones públicas para generar dudas en la opinión pública acerca de si son un factor positivo o negativo para el país". Era cierto. Pero también era cierto que la administración Clinton -como sus predecesoras- era reacia a hablar públicamente sobre los carteles de la cocaína mexicanos, o sobre la corrupción generada por el dinero de la droga en los servicios armados mexicanos. El gobierno norteamericano temía que cualquier revelación desagradable sobre México diera armas al senador ultraderechista Jesse Helms y a otros republicanos conservadores para criticar el paquete de rescate de 20.000 millones de dólares que Clinton había dado a México, y que amenazaba con perjudicarlo en su campaña presidencial de 1996. Desde una perspectiva más histórica, también, había una cultura innata en el gobierno norteamericano de actuar con precaución _los críticos dirían negación_ con respecto a las críticas a México.
Funcionarios estadounidenses sostenían que el viraje espectacular del gobierno de México en los últimos años -en que el país había dejado de considerar a Estados Unidos como un enemigo para verlo como una oportunidad económica- era demasiado reciente como para arriesgar nuevas tensiones. El matrimonio entre ambas naciones se acababa de consumar con la aprobación del TLC a fines de 1993, y era demasiado pronto como para correr el riesgo de una reacción nacionalista en México provocada por denuncias provenientes de Estados Unidos."Tratamos a México como a un intocable", se quejó el segundo subsecretario de Estado de Estados Unidos, Crescencio 'Chris' Arcos, alzando las manos en señal de impotencia. "Ninguna administración estadounidense quiere escuchar malas noticias de México, porque de hacerlo se vería forzada por razones de política doméstica a tener que hacer algo para solucionarlas. Y si tuviera que actuar, correría el riesgo de poner en peligro los acuerdos bilaterales logrados en la última década, como el TLC". Había ejemplos de sobra de la renuencia de la administración a hacer denuncias públicas que involucraran a México. Durante las negociaciones del TLC en 1993, la administración había escondido del público norteamericano sus serias preocupaciones sobre el alto nivel de corrupción por el narcotráfico en México, aun cuando privadamente advertía al gobierno mexicano que varios funcionarios, incluido un fiscal llamado Mario Ruiz Massieu, eran sospechosos de tener vínculos con los carteles de la droga. Asimismo, en 1994, funcionarios del Tesoro norteamericano habían ocultado al público sus temores de un derrumbe financiero en México, aplaudiendo en público el desempeño económico de México mientras escribían comunicados internos advirtiendo sobre la urgente necesidad de una devaluación. Las diferentes posiciones sobre la política de Estados Unidos hacia México se hicieron evidentes cuando la administración Clinton discutía si conceder o no los 20.000 millones de dólares de rescate a México, después de la devaluación de 1994. El Consejo de Asesores Económicos de Clinton y otros altos funcionarios de la Casa Blanca que no estaban muy familiarizados con la historia mexicana argumentaron que se exigiera que México privatizara Pemex, el monopolio del petróleo, y moderara sus vínculos con Cuba a cambio del paquete de salvación económica. ¿Por qué los contribuyentes estadounidenses debían acudir al rescate económico de México cuando su propio gobierno podía hacerlo privatizando su industria petrolera?, se preguntaban los pragmáticos economistas del gobierno norteamericano.
Doble moral
Los expertos en México del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional respondieron que cualquier demanda de este tipo en esta primera etapa del matrimonio Estado Unidos-México deterioraría la relación. El monopolio petrolero Pemex y Cuba eran dos símbolos que el gobierno mexicano consideraba que no podía abandonar si quería mantener una apariencia de nacionalismo en el país, aun cuando los funcionarios mexicanos coincidieran en privado que ambos eran reliquias del pasado. La privatización de Pemex y una política mexicana más favorable a la democracia y los derechos civiles en Cuba podían darse más fácilmente y de una manera menos traumática una vez que México revitalizara su economía. En ese momento, medidas como estas podrían ser tomadas a iniciativa del gobierno mexicano en lugar de aparecer como imposiciones de Estados Unidos, sostenían los funcionarios del Departamento de Estado. El pronóstico de los expertos en México del Departamento de Estado era que si se ayudaba a México a salir de su actual derrumbe financiero, el país seguiría adelante con su apertura política y económica, para bien de todos. El acuerdo del TLC había cambiado radicalmente el carácter de los vínculos Estados Unidos México, sostenían, entre otras cosas haciendo que el Congreso de Estados Unidos jugara un rol mayor en una relación que antes era conducida casi exclusivamente por los poderes ejecutivos de ambos países. Ahora que el Congreso se había constituido en parte de las relaciones bilaterales, habría un creciente número de audiencias de la Cámara sobre temas como corrupción, narcotráfico y política económica de México, y los grupos cívicos y los críticos independientes del PRI dispondrían de una plataforma sin precedentes para influir en las políticas mexicanas. México recibiría una presión interna y externa cada vez mayor para adaptarse a los códigos éticos de sus socios, argumentaban los mexicanólogos del gobierno norteamericano. En las discusiones en la Casa Blanca sobre el plan de rescate a México en enero de 1995, prevalecieron los expertos en México: la administración Clinton no hizo ninguna referencia explícita a Pemex ni a Cuba cuando ofreció su paquete de rescate a México. Pero el debate interno de la administración Clinton sobre la ayuda financiera reflejaba las crecientes presiones dentro del gobierno de Estados Unidos para que se iniciaran discusiones más abiertas con México sobre temas claves que afectaban a ambos países. Los economistas pragmáticos habían perdido la batalla, pero sus argumentos estaban calando cada vez más hondo en la política norteamericana hacia México. (...) Arcos se contaba entre los muchos funcionarios antinarcóticos norteamericanos que se sentían frustrados por lo que consideraban una doble moral de Estados Unidos: era mucho más fácil para los funcionarios estadounidenses denunciar a los cuatro vientos el narcotráfico en Colombia que escándalos relacionados con las drogas en México. La política antinarcóticos de Estados Unidos con Colombia era de confrontación; la política con México era de persuasión. La explicación era que Colombia, a diferencia de México, no era un país vital para la seguridad nacional de Estados Unidos. Había demasiado en juego en las relaciones de Estados Unidos con su gigantesco vecino y nuevo socio comercial, y entre el gobierno norteamericano y las poderosas bases electorales en California y Texas que tenían un gran interés en mantener buenas relaciones con México.
El día que visité a Arcos en su despacho del Departamento de Estado, estaba juntando sus papeles y limpiando su escritorio: estaba renunciando después de una larga carrera diplomática para aceptar un puesto corporativo muy bien pago en Miami. En su último cargo, Arcos había defendido a menudo -las más de las veces sin éxito- una política estadounidense antidrogas más agresiva con México. Cuanto más tiempo Washington, D.C. se mantuviera callado sobre la corrupción del narcotráfico en México, más terreno ganarían los narcotraficantes en ese país, y más difícil sería para el propio México desarraigar los carteles de la droga, sostenía. Entonces ¿que tenía que hacer Estados Unidos?, le pregunté. ¿No sería contraproducente iniciar una pelea a gritos con el gobierno mexicano, considerando que muchos políticos y hacedores de opinión en México podían usar la escaramuza como excusa para poner en el tapete toda la relación bilateral?
Había varias cosas que Estados Unidos podía hacer sin violar la soberanía nacional de México, dijo Arcos. Entre ellas, podía aumentar el nivel de contactos del gobierno estadounidense y no sólo del Congreso- con dirigentes de la oposición, a fin de darles un perfil superior dentro de la sociedad mexicana y contribuir así a acelerar la transición del país a un sistema donde los funcionarios públicos ya no gozarían de inmunidad para sus delitos.No hablar con los críticosTradicionalmente, los diplomáticos estadounidenses sólo celebraban reuniones discretas con dirigentes de oposición y líderes cívicos independientes en México, por temor de ser acusados por el gobierno de interferir en los asuntos internos del país. Pero con el fin de la guerra fría y el TLC, había cada vez menos motivos para que Estados Unidos se abstuviera de enfrentar a la élite gobernante mexicana sobre temas que afectaban a ambos países. "Deberíamos hablar más con los críticos legítimos del sistema, de igual a igual", propuso Arcos. "Ellos, y no el gobierno de Estados Unidos, deberían ser los responsables de desafiar al sistema en temas como la impunidad de funcionarios corruptos y narcotráfico".Otros expertos señalaban que Estados Unidos tenía que hablar más abiertamente sobre lo bueno y lo malo en México, en el marco de un diálogo cada vez más abierto -y sincero- entre ambos países. ¿No había contribuido el Tesoro de Estados Unidos a la crisis económica mexicana de 1994 al callarse lo que sabía y hacer declaraciones públicas optimistas, cuando sus propios memos internos advertían sobre una caída peligrosa de las reservas internacionales de México?, preguntaban.Había algo de cierto en que los tiempos habían cambiado desde las épocas en que cualquier declaración de México o Estados Unidos sobre su vecino era interpretada como una burda intervención en los asuntos internos. A fin de cuentas, el gobierno mexicano condenaba públicamente la Propuesta 187 de California, y denunciaba en todos los foros internacionales la política estadounidense con Cuba. La asociación del TLC había abierto las puertas a una relación más abierta entre los dos socios, muy parecida a la de los miembros de la Unión Europea. ¿Acaso los países miembros de la Comunidad Europea no se atacaban constantemente por diversos temas, sin que ello afectara su desarrollo colectivo? A medida que ambos países se preparaban para entrar en el nuevo milenio, la vieja diplomacia del "no veo ni escucho" se estaba volviendo cada vez más obsoleta.(...) Y México tenía sus propias -y justificadas- quejas contra Estados Unidos en materia de narcotráfico, que expondría cada vez más abiertamente cuando se sintiera injustamente atacado. Los funcionarios mexicanos decían que Estados Unidos tenía que hacer mucho más para reducir el consumo de drogas en su propio territorio si quería reducir el narcotráfico. Asimismo, Estados Unidos tenía que empezar a hacer algo sobre lo cual casi nunca se hablaba en los medios informativos norteamericanos: reprimir enérgicamente a los carteles de la droga estadounidenses. "Ustedes no dejan de hablar de los carteles mexicanos de la droga, ¿pero qué pasa con los carteles norteamericanos?", me preguntó un alto asistente de Zedillo. "¿Me vas a decir que, en un negocio de 30.000 millones de dólares anuales de tráfico de drogas a Estados Unidos, todos los malos están al sur de la frontera?". Tenía toda la razón del mundo. Virtualmente todos los grandes periódicos norteamericanos habían escrito largas investigaciones periodísticas sobre los carteles mexicanos de la droga en los últimos tiempos, pero pocos -si es que alguno- habían siquiera mencionado la posibilidad de que hubiera jefes del narcotráfico en Estados Unidos. Era un problema que debía ser aireado públicamente si los dos países se proponían en serio colaborar en la guerra contra las drogas.

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