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| 4/4/2011 12:00:00 AM

Corte acepta estudiar tutela de Piedad Córdoba

Se acaba de plantear uno de los pulsos jurídicos más interesantes de los últimos meses. La Corte Constitucional seleccionó la tutela que Piedad Córdoba interpuso contra el procurador general Alejandro Ordóñez.

La decisión significa que será la Corte la que decida si el Procurador tuvo la razón al destituir a la senadora o si por el contrario le tienen que restituir su curul en el Congreso de la República.
 
Llama la atención que este alto tribunal haya seleccionado dicha tutela, pues ya sobre ella había dado su veredicto la Corte Suprema de Justicia. Y como se sabe, las dos altas cortes, en los últimos años estaban en un ejercicio de coordinación para evitar choques de trenes. Es decir, cada tribunal trataba de respetar las decisiones del otro.
 
Como se sabe, la Procuraduría destituyó de su cargo como senadora e inhabilitó durante 18 años para el ejercicio de cargos públicos a Córdoba por haber incurrido en fallas disciplinarias y haberse excedido en su función de mediadora con las Farc.
 
La tutela ya ha sido estudiada por el Tribunal Superior de Bogotá y por la Sala Civil de la Corte Suprema y ambos le dieron la razón al Ministerio Público. Ahora la Corte Constitucional la estudiará, y todo indica que lo hará en sala plena y no en una sala de tres como acostumbra. El magistrado encargado de resolver la tutela es Jorge Iván Palacio.
 
El caso de la destitución de Piedad Córdoba ha provocado una serie de reacciones de quienes consideran que el procurador se ha excedido en su capacidad de sanción. Pues, según ellos, estaría destituyendo a personas elegidas por el voto popular y que no han sido sujetos de sanciones penales. En ese sentido se han pronunciado columnistas expertos en derecho, como Rodrigo Uprimy y Rodolfo Arango.
 
De otro lado, quienes defienden la actuación del Procurador arguyen que la Constitución de Colombia le da a él esa función y así lo han hecho antecesores suyos.
 
Lo interesante de que la tutela haya sido seleccionada (la Corte Constitucional apenas revisa unas cuantas de cientos de miles que se interponen en el país) es que se fijaría un precedente sobre este tipo de actuación de la Procuraduría.
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