En la noche de este jueves, en sala plena, la Corte Constitucional dio vía libre a la Ley de inteligencia y contrainteligencia, la norma que regula las labores de inteligencia y contrainteligencia realizadas por los organismos del Estado.
La Ley que recibió el visto bueno de la cor
te fue calificada como la norma que pone fin a irregularidades y abusos como el de las llamadas interceptaciones ilegales del DAS.
El alto tribunal estableció que algunas acciones penales se deben volver a estudiar en el Parlamento.
La norma prohíbe la interceptación de llamadas, a excepción de que sea autorizada por un juez, y crea una comisión parlamentaria encargada de vigilar y controlar los llamados gastos reservados. Un dinero que ha sido utilizado no sólo para adelantar las labores de inteligencia, sino también para el pago de recompensas. Dicha comisión también tendrá a cargo la protección de la identidad de quienes ejercen esas actividades.
La nueva norma también establece un término de 30 años de reserva a información clasificada. Esta reserva podría ser ampliada por el propio presidente de la República en un período de hasta 15 años más.
Con respecto a los periodistas, la Ley aclara que no se les aplicará las sanciones establecidas por publicar información que tenga el rótulo de carácter reservado. En ese sentido, se hace un llamado a la autorregulación.