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| 5/21/2014 12:00:00 AM

Corte Constitucional daría vía libre a la reforma a la salud

Semana.com conoció la ponencia que señala que el derecho a la salud no puede estar limitado a condiciones económicas de los pacientes ni de las EPS.

El pasado mes de octubre, el Congreso de la República aprobó en su integridad el proyecto de ley estatutaria 209/13 Senado-267/13 Cámara “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”, o Ley estatutaria de reforma a la salud que defendió a capa y espada el Gobierno, con el argumento de que esta permitiría el acceso a la salud de todos los colombianos de una manera digna y eficiente. 

En medio del fantasma de posibles ‘micos’ con la ley, el ministro del ramo, Alejandro Gaviria, aseguró en su momento que “con su aprobación, se consagra la salud como un derecho fundamental y, además, se convierte en la primera ley en 22 años de la vigencia de la Constitución que regula un derecho fundamental de carácter social y económico”.

Al ser aprobada esta ley, directamente va a revisión de la Corte Constitucional cuya labor es definir si está ajustada a la Constitución para posteriormente ser sancionada por el Presidente de la República.

En exclusiva, Semana.com conoció la ponencia de 469 páginas elaborada por el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, en la cual propone declarar ajustada a la Constitución la ley estatutaria de Salud aprobada por el Congreso. Sin embargo, pone diez condicionamientos claves para que se garantice la totalidad en el derecho a la salud de los colombianos.

En la extensa ponencia se deja claro que la salud es un derecho fundamental, por lo cual “cuando se trate de atención inicial de urgencia, se tiene que prestar el servicio médico sin esperar que el Ministerio de Salud o las entidades prestadoras de servicio determinen la gravedad de la enfermedad”.

El documento, entre sus alcances, ratifica la tutela como mecanismo para exigir derechos en salud, regula los precios de los medicamentos bajo un estándar internacional y obliga a las EPS a atender a todos los pacientes aun cuando estos sean deudores o no se encuentren afiliados a un programa de salud. 

Para la Corte Constitucional, la salud “es un derecho que no puede ser sometido para su efectividad a condicionamientos de tipo económico”, por lo cual deja claro que los derechos económicos y sociales no pueden ser absolutos, razón por la cual el Gobierno no puede tener excusas de tipo económico para no prestar la atención prioritaria de salud a los ciudadanos que más lo necesitan.

Uno de los temas álgidos que trata es el del criterio de costo-beneficio, establecido en la ley, el cual se refiere al estado del paciente y a la importancia del tratamiento cuando están en fase terminal o con enfermedades de alto costo.

Con la ley vigente, el Gobierno discriminaba entre el tratamiento que ofrecía a una persona que tenía las posibilidades de curarse de otra que no. Ahora, con la ponencia, se deja en claro que el costo del tratamiento debe ser asumido por el Estado y no se debe discriminar el tipo ni la fase de la enfermedad del paciente.

La ponencia da plena autonomía a los médicos para que formulen los medicamentos necesarios sin importar el costo para el Estado, lo único que importa es que se preserve el derecho a la salud. Específicamente, permite garantizar la atención a los pacientes en todo el territorio de operación de las EPS. Para ciudades por fuera del territorio, el acceso podrá ser de varias maneras: a través de filiales, convenios entre gestores o, en el peor de los casos, por urgencias.

Respecto a los pacientes de alto costo (con enfermedades raras y que requieren medicamentos costosos) la ponencia contempla dos opciones: la atención mediante redes especializadas pagadas plenamente por el Estado o, alternativamente, la atención por parte de las redes (administradas por los gestores) por cuenta del esquema de reaseguro.

En el texto se deja claro la necesidad de crear una “entidad pública de naturaleza especial del nivel descentralizado, con autonomía administrativa, financiera y presupuestal, que afilie directamente al sistema, recaude y distribuya los recursos que hoy financian los regímenes contributivo y subsidiado” la cual, según el Gobierno, tendría el nombre de Salud MIA, a través de la cual el Gobierno sería el que tenga el control sobre entidades privadas que se negaran a prestar el servicio de salud.

La ponencia será discutida inicialmente este jueves y, según pudo establecer Semana.com, será aprobada en su integridad por todos los miembros de la Sala plena debido a la importancia jurídica para el país y en medio de la necesidad de un sistema de salud eficiente que no se limite exclusivamente a una acción de tutela para que sea efectivo.
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