Corte Constitucional declara exequible decreto de emergencia social

La Corte Constitucional dio su visto bueno al decreto madre de la “emergencia social” (el 4580 de diciembre de 2010) decretada a raíz del fuerte invierno que azotó al país el año pasado y se extendió hasta el año en curso.

La Corte encontró que los hechos que dieron lugar a la emergencia eran “sobrevinientes”. Es decir, que no eran previsibles, pues a pesar de que había numerosas advertencias la dimensión del invierno desbordó las predicciones.

La ponencia la elaboró el magistrado Mauricio González quien indicó que los argumentos invocados por el Ejecutivo se ajustaron a la constitución.

La Procuraduría en su concepto también había pedido declarar exequible este decreto. No obstante, ahora la Corte deberá examinar los demás decretos que se desprendieron del decreto madre y definir si también cumplieron con los requisitos para ser avalados o no.

El Procurador, por ejemplo dijo que el decreto que extendió la vigencia de la ola invernal debe ser declarado inexequible pues el Gobierno esperó a que el primero se venciera para sacar uno nuevo.

Por la ola invernal se vieron damnificadas 2.440.000 personas, cifra muy superior a la de años anteriores. El Alto Tribunal encontró que la expedición del decreto cumplió con el procedimiento pues el Gobierno contaba con un presupuesto de 580.000 millones de pesos para atender la emergencia, cuando la sola atención humanitaria podría costar tres billones de pesos.

A través de la declaratoria de emergencia el Gobierno ordenó la evacuación de municipios, suspendió la ejecución de dinero destinado a fines distintos, reorganizó las juntas directivas de las Corporaciones Autónomas Regionales, ordenó la flexibilización del ciclo académico de centros educativos afectados, le dio facultades a las autoridades departamentales para expropiar predios ubicados en zonas de alto riesgo, entre cosas.
 
Para algunos juristas, decretos como el que reforma las corporaciones autónomas o el que ordena la venta del 10 por ciento de Ecopetrol, no tienen nada qué ver con la emergencia social, por lo tanto han pedido que se declaren inexequibles. La Corte tiene la última palabra.