El nuevo rifirrafe en la Corte Constitucional

En la Corte Constitucional se vive un ambiente de máxima tensión. Desde hace un par de meses en ese alto tribunal ya no es tan inusual que algunos magistrados se enfrenten en pugnaces discusiones verbales. A raíz del escándalo por el caso de Fidupetrol, se empezó a vivir una especie de guerra fría; se pasó de los reclamos airados e intensos a una tensa calma.

Todo eso volvió a cambiar esta semana. En la Corte se discutía un tema que despierta pasiones y que toca la fibra más sensible de muchos altos funcionarios del Estado: la edad de retiro forzoso. El tema no es de poca monta. Hoy no es claro si los miembros de ese alto tribunal y otras entidades tienen que cumplir la edad de 65 años, que obliga a los demás funcionarios a retirarse de sus funciones. Si la Corte decide que ellos también cumplen esa edad, uno de sus colegas, el magistrado Jorge Iván Palacio, tendría que irse al cumplir esa edad.

El magistrado Jorge Pretelt puso el dedo en la llaga. En un escrito afirmó que no podía discutir el tema. La razón fue bastante particular: “enemistad grave”. Como se sabe, cualquier funcionario debe manifestar cuando existe una amistad íntima que le impida tratar con objetividad un asunto público. Pero lo mismo sucede si la situación es al revés y hay enemistad. Y eso fue lo que hizo Pretelt.   

La razón es obvia. Pretelt y Palacio se han enfrentado por múltiples temas ideológicos, y en cierto modo, ambos están en orillas distintas. Sin embargo, el escándalo de Fidupetrol ahondó aún más esas diferencias. Palacio, por su parte, también se había declarado impedido, pues era claro que cualquier decisión que se tomara respecto a la edad de retiro lo afectaría definitivamente.

Pero Pretelt no paró ahí. Agregó que así como él no era imparcial para definir el tema, pues era evidente que no se la llevaba bien con Palacio, también era indiscutible el impedimento de sus colegas por cuenta de la fuerte amistad que tienen con él. En especial mencionó a tres de los magistrados: la presidenta María Victoria Calle y sus colegas Gabriel Eduardo Mendoza y Luis Ernesto Vargas.

¿En qué quedó esto?

La historia de esa pelea, sin embargo, es de vieja data. La edad de retiro forzoso ha sido objeto muchas veces de controversia. El tema está contemplado en una norma de 1979 que estableció el límite de los 65 años. Sin embargo, se ha interpretado que esta edad sólo aplica para las cortes que existían en ese momento, es decir, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, y no la Corte Constitucional, que fue creada con la Constitución de 1991.

El primer precedente para esta interpretación se hizo hace una década al interior de la propia Corte frente al entonces magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra. El jurista cumplió la edad de retiro forzoso y sus colegas de entonces le permitieron quedarse en su cargo y concluir su período de ocho años, más allá de la edad de retiro forzoso. Desde allí en los pasillos de la corte a esa interpretación se le conoce como “la doctrina Monroy”.

Sin embargo, la demanda que analizaba el Alto Tribunal esta semana tiene como propósito que los magistrados de las altas Cortes, sin excepción, se retiren al llegar a la edad de retiro forzoso.

La ponencia original planteaba que la Corte Constitucional no podía violar la Constitución política y permitir la permanencia de magistrados por encima de los 65 años. Jorge Iván Palacio sobrepasó dicha edad y otro, el recién reincorporado Alberto Rojas Rios, se encuentra relativamente cerca de cumplirla.

Hace un par de años, la edad de retiro forzoso hizo estallar el escándalo de los ‘micos’ que se le colgaron a la reforma a la justicia que presentó el gobierno Santos y que luego tuvo que ser tumbada. Por eso, los conocedores de la justicia aseguran que lo que se viene con este tema puede ser aún más delicado.

Por ahora, la Corte tendrá que sentarse a examinar las causales de impedimento expresadas por Pretelt y resolver, así mismo, si los colegas a quienes él les adjudica una amistad estrecha con Palacio también deben apartarse de la discusión.

De prosperar las solicitudes, un grupo de conjueces tendrá que ocupar las sillas de María Victoria Calle, Gabriel Eduardo Mendoza, Luis Ernesto Vargas y el propio Jorge Pretelt. Ellos, junto a Gloria Stella Ortiz, el ponente Mauricio González y Luis Guillermo Guerrero, serían los encargados de decidir el caso, si es que prosperan los recursos.