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| 4/7/2017 12:50:00 AM

El pulso del uribismo en la Corte Constitucional

El senador Iván Duque pidió tumbar la norma que dio origen al fast track: "No podemos permitir que las Farc escriban el tomo dos de la Constitución", dijo. El debate no es nuevo pero sí hubo cambios de posturas importantes, como es la del Procurador.

La implementación del acuerdo de paz ya arrancó en las zonas veredales y en el Congreso de la República, donde se tramitan las normas necesarias para poderlo llevar a cabo de manera gradual. Mientras ello ocurre, en la Corte Constitucional aún se revisan demandas contra las salidas legales que permitieron que a pocos días de la firma del acuerdo final con las FARC, este se tradujera en una realidad.

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Es el caso del Acto Legislativo 1 del 2016, que dio origen al fast track y a las facultades extraordinarias del presidente de la República. La Corte ya se pronunció sobre este mecanismo y le dio su bendición. Esto sienta un precedente que podría blindar el acuerdo de paz de cualquier peligro de constitucionalidad, sin embargo, la integración de la corte ha cambiado por lo que ante un inminente nuevo pronunciamiento ninguna de las partes baja la guardia.

El alto tribunal, convocó a audiencia pública para estudiar la demanda del senador Iván Duque contra la norma, al considerar que sustituye la Constitución. En este sentido, alega que las FARC fueron elevadas a la condición de Constituyentes, lo cual no es aceptable. “No podemos permitir que las Farc escriban el tomo dos de la Constitución”, dijo.

No es un debate nuevo. Sin embargo, tuvo variaciones importantes. El nuevo Procurador Fernando Carrillo defendió la constitucionalidad de la norma, cuando la anterior administración había pedido tumbarla. Carrillo indica que “no existe una anulación de la facultad deliberativa del Congreso. No hay un sometimiento al Presidente sino al pueblo, y existe un fin superior que habilita una disminución temporal y temática de las competencias del Congreso”.

El Consejo de Estado, por su parte, se mantuvo en su postura de pedirle a la corte que avale la constitucionalidad del Acto Legislativo. Sin embargo, el vicepresidente del alto tribunal, el magistrado Germán Bula, no escatimó en críticas a la hora de dejarle claro a la Corte que el fast track no puede ser usado para todo.

Bula calificó de “galimatías” las recomendaciones de la Misión Electoral para crear una Corte que concentre las competencias para conocer de la justicia electoral, lo cual calificó como un “despropósito”. Sin embargo, su principal crítica es a que una reforma electoral en estos términos se pretenda tramitar por la vía del fast track.

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“Resulta inadmisible que se tramiten normas que no cumplan con conexidad, excepcionalidad, necesidad, transitoriedad y urgencia, como podría ser la anunciada supresión de una de las funciones jurisdiccionales del Consejo de Estado y la creación de una nueva institucionalidad electoral”, dijo Bula.

Aunque la Corte ya avaló la constitucionalidad del Acto Legislativo, este debate no está agotado para la oposición. El senador Duque señaló a los magistrados de la Corte que el trámite el acuerdo permitió que el narcotráfico pueda ser un delito amnistiable.

“En el Acto Legislativo que emana del acuerdo del Gobierno Santos y las FARC se contemplan cosas como esta: serán conexos al delito político todos los delitos para financiar, promover u ocultar la rebelión, no se excluyó el narcotráfico”. Para el representante del Centro Democrático, el fenómeno del narcotráfico debe ser vencido con la contundencia de la Fuerza Pública, de lo contrario “cuando surjan nuevos grupos criminales no van a pedir menos que lo que hay en los acuerdos”, indicó.

Duque también puso el dedo en la llaga sobre el tema de financiación de la paz. “No saben cuánto cuesta”, cuestionó e indicó que a través de este mecanismo acelerado el Congreso aprueba presupuestos que llevan al país a una mayor incertidumbre fiscal.

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El Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, destacó que el Estado colombiano no se ha caracterizado por el cumplimiento de los acuerdos de paz en su historia. Por ello, destacó la necesidad de otorgar esta seguridad jurídica a los acuerdos de paz, para lo cual el Congreso tramitó una norma transitoria que obliga a que los próximos tres gobiernos (12 años) aplique el acuerdo de paz con las FARC. “Esta es la mayor garantía que nos permitirá cumplir con lo que dicen los acuerdos y reversar esa tendencia histórica”.

Al respecto, le pidió a la Corte que tenga en cuenta que esta norma de carácter transitorio deroga el artículo cuarto del Acto Legislativo en estudio. El artículo cuarto establecía que los acuerdos una vez refrendados pasaban a hacer parte del bloque de constitucionalidad.

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