La que no pudieron ganarle los taurinos a Petro

Para la Corte Constitucional, la falta de gestión de la Alcaldía de Bogotá frente a la reapertura de la Santa María tiene su explicación. Por eso, negó que el jefe de la administración distrital, Gustavo Petro, hubiera incumplido la orden de ese tribunal para permitir el retorno de la fiesta brava a la capital.

Según esa corporación, están fundadas las explicaciones que ofreció el burgomaestre para responder al por qué no han podido adelantarse todas las labores de rehabilitación del escenario.  La Corte reconoce la dificultad a la que se enfrentaba el Distrito para poder contratar a los responsables de las obras. En ese sentido, no hay que olvidar las restricciones que impone la ley de garantías electorales.

Así, el tribunal constitucional concluyó que Petro no ha incurrido en ningún tipo de dilación que busque escurrir el bulto frente a la orden del organismo judicial para que se reabra la plaza de toros. A su juicio, no ha incumplido las órdenes impartidas en la sentencia T-296 del 2013, una providencia que duró más de un año en discusión y que fue aprobada en el 2015.

El pronunciamiento obedece a un recurso que presentó la Corporación Taurina de Bogotá. Su presidente Felipe Negret consideraba que el proyecto de la Alcaldía para adelantar una consulta popular  en la que se le preguntaría a los bogotanos si estaban de acuerdo con la prohibición a las corridas de toros, era una forma de dilatar el cumplimiento del fallo.

La Corte le respondió que no. Además, le dijo que no estaba amenazado el cumplimiento de estas directrices, pues el plazo vence en agosto del 2016. Solo entonces podrá verificarse si la alcaldía incumplió o no su deber de restablecer los derechos a la comunidad taurina, que se vieron afectados por la prohibición absoluta que impuso la Alcaldía para que el escenario fuera destinado a la práctica de la tauromaquia.

Es la primera de tantas batallas judiciales que el saliente burgomaestre les gana a los amantes de la fiesta brava. Apenas hace ocho días el Consejo de Estado ratificó su decisión de impedir la celebración de la consulta antitaurina. Aunque esta decisión no le permita a Petro imponerse a los fanáticos del toreo, por lo menos no le da qué hablar a quienes lo acusan de burlar los fallos de la justicia.