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| 11/1/2016 5:51:00 PM

El discapacitado al que le vulneraron sus derechos en la Defensoría del Pueblo

Corte falló a favor de un funcionario al que le abrieron investigación disciplinaria y le bajaron el sueldo por incumplimientos derivados de su estado de salud.

Jaime Alberto Rincón es un funcionario del área de recursos y acciones judiciales de la Defensoría del Pueblo. Ingresó a la entidad en el año 2006, pero por una lesión en la columna vertebral su estado de salud se comenzó a deteriorar con el tiempo, al punto en que se vio obligado a usar caminador, y en algunos casos silla de ruedas. Con el paso de los años su salud se fue desmejorando y se tornó crítica: tuvo un desplazamiento del coxis y el desprendimiento de la retina del ojo izquierdo.

Al mismo tiempo que el funcionario luchaba con sus problemas de salud, se le fue creciendo otro problema que terminó en una batalla jurídica por sus derechos laborales en la Corte Constitucional.

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Al comienzo, Jaime Alberto comenzó a ser amonestado por sus constantes faltas, pese a que estaba justificado que tenía que asistir a controles médicos, a procedimientos y exámenes. El diagnóstico de los médicos no mejoró; le pedían reducir sus jornadas de trabajo y hacer pausas en determinadas horas. Además de ser incapacitado con frecuencia por mareos y malestar.

Por ello, los médicos solicitaron que se considerara que Jaime Alberto pudiera trabajar desde la casa. Sin embargo, la respuesta de la entidad terminó siendo tardía y hasta omisiva, por lo que el funcionario tuvo que acudir a la tutela. Según sus demandas, se trataba de conductas “discriminatorias” de parte de la Defensoría de Pueblo, la entidad que tiene por excelencia la función de impulsar la protección de los derechos humanos en el país.

El fallo relata que la Subdirectora de la Oficina de Talento Humano de la entidad pidió que le abrieran un proceso disciplinario por el incumplimiento de su horario laboral. Incluso–subraya la Corte- hizo descuentos salariales por las constantes incapacidades y la imposibilidad de desplazarse al lugar de trabajo por los dolores que padecía. “El tutelante estaba recibiendo un menor ingreso que el resto de funcionarios del mismo nivel, sin importar que continuaba realizando la misma cantidad de trabajo asignado”, cuestiona el alto tribunal.

La Corte dice que la Defensoría incurrió en una violación de varios mandatos internacionales, de acuerdo con las cuales se debe asegurar que las personas con discapacidad no reciban menores ingresos en razón de sus deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Indica además que es “inadmisible” que se le iniciara un proceso disciplinario cuando su inasistencia se produjo como resultado de la agravación en las condiciones de salud.

El Tribunal Superior de Bogotá falló a favor del funcionario; por lo que en enero de 2015, la Defensoría le otorgó la condición de teletrabajador autónomo. De manera, que solo se impone el deber de asistir a las instalaciones de la entidad para recoger o entregar documentos, o para asistir a reuniones de carácter prioritario que se programen.

Aunque al respecto la Corte reconoce que hay un hecho superado, reitera que la legislación colombiana ordena que las entidades públicas adapten sus manuales de funciones a efectos de facilitar la implementación del teletrabajo.

“Se exhorta para que en adelante promueva con mayor celeridad las actuaciones que se requieran para asegurar la inclusión laboral de las personas en condición de discapacidad, en especial cuando se trata de la implementación de los programas de teletrabajo”, dice.

De esta manera, la Corte terminó protegiendo los derechos a la dignidad humana, a la igualdad y al trabajo del funcionario, que aunque trabajando en la Defensoría, tuvo que acudir a la justicia para lograr la protección de sus derechos.

Claudia Contreras, Secretaria General (e.) de la Defensoría del Pueblo, aseguró que se están tomando todas las medidas para que una situación como la que se acaba de presentar no se vuelva a repetir. “Como garantes de los Derechos Humanos cumplimos con la Constitución, la Ley y los fallos judiciales”, indicó.

Contreras aseguró que se le asignó un vehículo a Jaime Alberto, que transporta los documentos que necesita, al igual que se encarga de traerlo y llevarlo cuando tiene reuniones específicas. Igualmente, aseguró, sus condiciones salariales son las asignadas a su cargo y que el proceso disciplinario fue archivado.

“Es muy importante que podamos aclarar que estamos trabajando con la línea legal que se ha dado sobre el teletrabajo. Estamos implementando un piloto sobre este particular en la institución”, dijo.

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