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| 11/25/2016 10:50:00 PM

Fallo a favor de madres comunitarias podría quebrar al ICBF: Cristina Plazas

Mujeres que pidieron protección de sus derechos podrán recibir pensión retroactiva, según sentencia que cobija a 106 madres. Costo inicial del fallo estaría por encima de los $ 2 billones.

Una sentencia con un impacto fiscal incalculable acaba de ser fallada en la Corte Constitucional. El alto tribunal reconoció la existencia de un contrato realidad entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 106 madres comunitarias, que pidieron la protección de sus derechos laborales y pensionales.

"No conocemos el fallo, no hemos sido notificados, pero hemos insistido en que un fallo adverso puede quebrar al ICBF poniendo en riesgo los derechos de los niños; están por encima los derehos de los niños. Este fallo puede costar más de 20 billones de pesos. Con esto se podría quebrar el Bienestar Familiar", indicó Cristina Plazas, la directora de la entidad. 

En un cambio de postura, el alto tribunal ordenó para las mujeres mayores de 60 años el pago retroactivo de sus prestaciones sociales y salariales, equivalentes a un salario mínimo,  desde la fecha de vinculación hasta el 2014, año en el que se reconocieron a través de un decreto ley la existencia de estos derechos para ellas.

Hoy, en el ICBF hay más de 4.000 madres comunitarias que pasan los 60 años de edad, por lo que se prevé que todos estos casos acudan a las vías judiciales para reclamar los mismos derechos, en cuyo caso los cobros al ICBF sobrepasarían los 2 billones de pesos. El presupuesto de la entidad es de 5,4 billones de pesos.

Este cálculo no incluye las madres que por su condición de avanzada edad ya no trabajan en el ICBF ni tampoco las que ya murieron. Abogados consideran que sus familias también podrían acudir a la justicia a reclamar sus derechos pensionales. Por encima de los 55 años hay alrededor de 14.000 madres en el Bienestar Familiar.

Puede leer: Fallo de la Corte Constitucional pone a celebrar a las madres comunitarias y a sufrir al Gobierno.

La figura de madre comunitaria nació en el país en 1988 junto al Programa de Hogares Comunitarios, con el objetivo de trabajar por la nutrición y la salud de los niños más vulnerables. Desde ese momento, y hasta el 2014, las mujeres atendían de manera voluntaria a los menores y recibían un estipendio.

A partir del 2014, un decreto reglamentó el vínculo laboral como madres, garantizándoles todas sus prestaciones de Ley. Sin embargo, antes de esta fecha, el Bienestar Familiar no reconocía que existiera un contrato realidad con ellas. Y de hecho varias sentencias de la Corte se habían negado a reconocerlo. 

Sin embargo, esta nueva posición de la corte cuestiona que el ICBF haya implementado estrategias jurídicas encaminadas a ocultar esa relación laboral y evadir las verdaderas obligaciones que tenía.

“El mencionado trato discriminatorio se caracteriza por ser de índole público, compuesto, continuado, sistemático y de relevancia constitucional”, dice la decisión tomada en sala de revisión por los magistrados Alberto Rojas, Luis Ernesto Vargas y María Victoria Calle (con salvamento de voto).

La Corte encontró que existía una relación de subordinación, que las madres tenían horario laboral e incluso que se establecieron causales de pérdida definitiva del trabajo como madre comunitaria. Estas reglas son la base para determinar la existencia de un vínculo laboral. Actualmente hay 69.000 madres comunitarias en todo el país; atienden 1,8 millones de niños.

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