Los ancianos que lucharon en la Corte por una caja de dientes

Hace una década, en Magdalena se lanzó un programa con el que los ancianos sin recursos creyeron que la suerte les había sonreído. Un plan departamental prometió devolverles años valiosos con la entrega de prótesis dentales para que otra vez lograran masticar y triturar. Se llamó "Sonrisa Otoñal" y acudieron miles.

En Pueblo Viejo, un municipio de pescadores al norte de Magdalena, los ancianos llegaron a soñar con que además podrían tener una imagen renovada. Una tutela que llegó a la Corte Constitucional recogió la historia de 76 de ellos que iniciaron este tratamiento, pero rápidamente se les borró la alegría.

Con bombos y platillos, el 20 de enero del 2006 se firmó el convenio entre la Gobernación, el Secretario de Desarrollo de la Salud, los alcaldes de 29 municipios y gerentes de los hospitales para que cada año se beneficiaran a 120 pacientes de la tercera edad. Los inscritos que estuvieran en el Sisbén nivel 1 o 2, recibirían prótesis orales en acrílico termo-curado. El programa tenía un costo de 178 millones de pesos.

A través de un proceso de licitación se adjudicó el contrato a Arviden‘t Laboratorio Dental para que prestara el servicio de emuflado, acrilado, terminado y pulido de 6.960 prótesis orales. Sin embargo, dos años duró el programa hasta que se quedó sin recursos, por cuenta –dicen las partes- del incumplimiento de seis municipios que dejaron de pagar: Pedraza, Retén, Sabanas de San Ángel, Sitio Nuevo, Tenerife y Zapayán.

En el caso de Pueblo Viejo, varios ancianos se sometieron a procedimientos como la extracción de los dientes que tenían, para abrir espacio a las prótesis nuevas. Eyder Oliveros Suescún, en representación de los ancianos, puso una tutela en la que explica que se quedaron sin dientes y que no pueden realizar el proceso de digestión correctamente, ya que no pueden masticar ni triturar los alimentos. Esto los ha hecho adquirir enfermedades como gastritis, desnutrición y fallas respiratorias.

Los demandantes alegan que los efectos del frustrado programa se regaron rápidamente en los medios de comunicación, y el caso se volvió en parte del color de la telenovela Chepe Fortuna, en la que sintieron la burla pública, en los niveles nacional e internacional.

A diferencia de jueces y tribunales, la Corte accedió a pronunciarse sobre una tutela que se radicó ocho años después de la suspensión del contrato. El alto tribunal considera que aunque es extemporánea, el daño persiste y está latente. De hecho, dos ancianas murieron esperando su caja dental prometida.

El alto tribunal, con ponencia de la magistrada Gloria Ortiz, encontró que se afectaron los derechos fundamentales a la imagen, a la salud y a la vida digna de los adultos mayores a quienes el programa les incumplió. “Se les vulnera el derecho fundamental a la salud, toda vez que el proceso de digestión es ineficaz, no pueden masticar los alimentos y por ello otro órgano del sistema digestivo debe realizar dicha función, lo que puede desembocar en gastritis y trastornos digestivos, se genera una baja movilidad intestinal y no puede absorber los nutrientes de la comida”, indica la Corte.

También expresa que estas personas se sometieron al procedimiento bajo la convicción de que obtendrían las prótesis dentales que les fueron prometidas: “La discontinuidad generó diferentes consecuencias, como la afectación de principios de buena fe y confianza legítima de los adultos mayores en las entidades”, indica el fallo.

No tener dientes –dice la Corte- también vulnera el derecho a la vida en condiciones dignas de los adultos mayores, y específicamente el derecho a la imagen. “Los dientes tienen un papel fundamental en la estructura y la composición facial, pues impiden que se formen pliegues cutáneos y de esta manera produce la deformación del maxilar y la mandíbula. Los rostros de los ancianos cambia”, dice.

En consecuencia, la sentencia le da un mes a la Alcaldía de Pueblo Viejo para que inicie las labores administrativas necesarias para otorgarles prótesis dentales y se les haga el procedimiento de rehabilitación oral a los adultos mayores. También envía copias a la Superintendencia de Salud para que investigue por omisión en el suministro de información solicitada por la Corte a la Cooperativa de Salud Comunitaria (Empresa Solidaria de Salud Comparte), la EPSS Caja de Compensación Familiar CAJACOPI Atlántico ARS, la EPSS ARS Caja de Compensación Familiar de Córdoba COMFACOR, Salud Total EPS y Coomeva.

En este caso, que parece macondiano, la Corte expresa que la discriminación o marginación de las personas por motivos de su edad no sólo significa desconocer su dignidad y sus derechos, sino que también priva a la sociedad de poderse enriquecer con la experiencia de quienes han vivido un periodo más largo de tiempo. Fueron muchos los recursos que intentaron los ancianos para para poder lograr justicia, y que este caso haya visto la luz después de una década, deja claro que en Colombia la tutela se necesita hasta para reír.