A la deriva un millón de hectáreas para campesinos sin tierra

La Corte Constitucional hizo un llamado de atención al Gobierno por la forma deficiente como ha encarado las órdenes de ese alto tribunal encaminadas a evitar que las tierras de la Nación queden en manos de quienes no tienen derecho a esos beneficios como lo ordena la ley.

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Ese alto tribunal les ordenó al Ministerio de Agricultura, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Agencia Nacional de Tierras y demás autoridades responsables en la materia tomar medidas efectivas para lograr el inventario detallado del millón de hectáreas que están en peligro de convertirse en otro escenario de despojo y usurpación, o cuando menos de ilegalidad.

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En el 2014, la Corte Constitucional conoció el caso de un hombre que había recibido la titularidad de un predio ubicado en la vereda Jagüeyes, del municipio de San Luis de Palenque (Casanare), debido a que llevaba ocupándolo y explotándolo durante años. Lo había conseguido gracias a una figura jurídica que en el derecho se conoce como prescripción adquisitiva.

La corporación encontró que este ciudadano no tenía derecho a exigir la tierra porque se trataba de un predio baldío, bienes de la Nación que la ley exige recuperar para ser adjudicados únicamente a los campesinos desposeídos.

A través de este expediente, la Corte logró constatar que, como este hombre, miles de propietarios más se estaban aprovechando de la inactividad y la negligencia del Estado para hacerse a los terrenos que las autoridades deben entregar a las familias más vulnerables del campo.

En ese mismo escenario han caído labrantes de la tierra que, de buena fe y sin tratar de aprovecharse de beneficios que no le son propios, han explotado tierras durante años bajo la plena convicción de tener ascendencia sobre ellas.

Por eso, el organismo judicial aprovechó la resolución de ese caso particular para ordenar la revisión de las políticas agrarias, con el fin de poner freno a esa situación.

Dos años después de la sentencia, la Corte encontró que los esfuerzos de las instituciones no han sido suficientes y que el hecho de ponerle el pie al acelerador a la hora de recuperar la tierra para los desposeídos ha generado que 1’202.366 hectáreas de esta naturaleza hayan sido sustraídas sin que se surta el proceso de titulación.

Según la Corte, ha habido casi 30.000 casos en los cuales terratenientes se han hecho a sus terruños bajo la figura de la prescripción adquisitiva que, como se explicó más arriba, consiste en reclamar la propiedad de un bien que ha sido ocupado durante varios años por una persona distinta al dueño.

Mientras el Gobierno planea cumplir su misión de recuperar todos los terrenos baldíos hasta el 2025, el órgano jurisdiccional recomienda más articulación entre las instituciones y más ejecución, pues ni siquiera existe una certeza estadística sobre la dimensión del problema.

Aunque desde el plan de desarrollo de su primer cuatrienio la administración cuenta con un instrumento ideal para cumplir este compromiso que tiene con los campesinos pobres, a través del Plan Nacional de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales, la corporación cree que este y otros programas deben ser revisados para que se hagan verdaderamente efectivos.

Por ahora, la labor de las entidades es tan deficiente, que ni siquiera ha aportado la información adecuada para que los magistrados verifiquen el cumplimiento de la sentencia que, desde los próximos meses, será objeto de seguimiento por parte del alto tribunal.