Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/05/11 21:33

El adulto mayor al que le iban a cobrar un medicamento de $43 millones

La Corte Constitucional determinó que la EPS Salud Total debía asumir los costos de suministro del producto, pues se trataba de un paciente de 77 años que no contaba con una pensión.

La empresa demandada se defendía con el argumento de que el producto no hacía parte del Plan Obligatorio de Salud (POS). Foto: Archivo SEMANA

La Corte Constitucional documentó el caso de un paciente de 77 años a quien su EPS se negaba a cubrirle los gastos del suministro de un medicamento que costaba $43 millones.

Guillermo Antonio Giraldo es uno de los tantos colombianos de la tercera edad que no lograron acumular una pensión y que gozan de atención médica gracias a que sus hijos los afilian al sistema en calidad de beneficiarios.

Con 77 años y cargando con los vestigios de una vida llena de trabajos en Marinilla (Antioquia), el 13 de septiembre del 2014 sufrió una crisis severa de salud que por poco acaba con su vida y que obligó a su hospitalización en Rionegro (Antioquia), un sitio distinto a su lugar de residencia.

Allí fue internado en la Clínica Somer, donde logró recuperarse de una delicada crisis miasténica, que se manifiesta en una debilidad muscular severa y en la afección de algunos órganos internos que generan la necesidad de asistir al paciente para que cumpla normalmente funciones de nutrición y respiración.

Giraldo logró superar esta crisis, en buena parte, gracias al suministro de inmunoglobulina humana, que le fue provista por el personal médico de la Clínica Somer.

Los problemas para este delicado paciente se empezaron a hacer evidentes cuando la EPS Salud Total, a la que su hijo lo tenía afiliado, se negaba a asumir los costos de los $43 millones que costaba el medicamento que la entidad tratante le suministró al afiliado.

La empresa demandada se defendía con el argumento de que el producto no hacía parte del Plan Obligatorio de Salud (POS) ni había sido identificado por el comité médico científico nombrado por ella como una de las alternativas que el Invima sugiriera como válidas para tratar la miastenia grave.

Aterrado ante la posibilidad de tener que asumir esos costos millonarios, sin contar con un ingreso y con posibilidades casi nulas de generarlos, el hombre interpuso una acción de tutela que fue escogida para revisión por la Corte Constitucional.

Con ponencia proyectada por el magistrado Luis Ernesto Vargas, la corporación le ordenó a la EPS Salud Total asumir este pago, pues no se evidencia que esa entidad haya tomado las medidas adecuadas para dar continuidad al tratamiento que requería la víctima en un momento de crisis que por poco le cuesta la vida.

La Corte aprovechó para llamar la atención de la EPS para que en el futuro procure que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir y requirió a la Clínica Somer de Rionegro que se cerciore de que la entidad de salud, y no el paciente, asuma los costos de la droga, en caso de que el paciente la requiera de nuevo.

 

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