Las cuentas pendientes de la exdirectora de la Unidad de Víctimas

Ni siquiera después de su salida de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas Paula Gaviria ha dejado de sufrir las consecuencias de lo que significa haber asumido ese reto. En su contra pesan numerosas órdenes de detención por desacato a tutelas falladas contra el organismo y por eso le pidió a la Corte Constitucional que las suspenda.

La buena noticia para la hoy consejera presidencial para los Derechos Humanos es que la corporación oirá los argumentos que tiene para tratar de impedir que se hagan efectivas sanciones por no cumplir a tiempo con órdenes de jueces de tutela interpuestas por víctimas de la violencia que han tenido problemas para ser incluidas en los registros.

Las dificultades que desde siempre han tenido las autoridades para manejar el problema de los desplazados por el conflicto armado es toda una verdad. Uno de los problemas centrales y probablemente primigenios era el registro de las víctimas. Acción Social para la Presidencia no contaba con una base de datos unificada que indicara concretamente cuál era el universo de víctimas.

Aun cuando la Corte Constitucional llevó a esa entidad a tomar muchos correctivos, la verdad es que las metas jamás se alcanzaron como se hubiera querido, lo que llevó a la creación de una entidad que se encargara específicamente de ese registro.

Así, vio la luz la Unidad para la Atención y Reparación Integral a la Víctimas, que desde su creación en el 2012 fue dirigida por Paula Gaviria. Numerosos logros y avances se le pueden atribuir a esa entidad, que ahora les permiten a las autoridades tener una información más clara y concreta de la población objeto y de lo que se necesita para diseñar los programas.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. El número gigantesco y casi siempre creciente de víctimas muchas veces superó la capacidad institucional, lo que dio lugar a numerosos fallos de tutela que terminaron decisiones desfavorables para la Unidad.

Decenas de órdenes relacionadas con las debilidades de ese ente para ofrecer información oportuna, algunas relacionadas con dificultades para los trámites, entre otras, no siempre pudieron ser cumplidas a cabalidad, pese a las sentencias. De ahí la cantidad de sanciones por desacato que se vieron obligados a fallar muchos jueces.

Cuando estaba al frente de la entidad, Paula Gaviria quiso que la Corte Constitucional evitara que las sanciones por incumplimiento de los fallos judiciales se hicieran efectivas, pues a pesar de que no fue posible cumplirles a las víctimas en los tiempos en los que era menester, sí se estaban adelantando acciones y muy efectivas para atender a estas personas a la mayor brevedad. (También le puede interesar: Paula Gaviria tendría que pagar tres días de arresto)

Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, quien preside la sala de seguimiento a la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional de la atención a los desplazados, la Corte decidió que era prudente oír a la exfuncionaria.

Por eso, la citó para el próximo 21 de junio para que explique cuáles son las acciones que ha adelantado la Unidad para responderles con la mayor eficiencia a las víctimas y si hay lugar a suspender las acciones de desacato, como muestra de reconocimiento a este compromiso.