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| 5/6/2016 12:52:00 PM

Corte Constitucional sería incompetente en demanda sobre el acuerdo de paz

Alejandro Ordóñez cree que el proceso es nulo porque la autoridad que debe conocer la demanda del exfiscal Eduardo Montealegre es el Consejo de Estado.

La demanda que interpuso el exfiscal general Eduardo Montealegre para que los acuerdos de La Habana (Cuba) se conviertan automáticamente en mandato constitucional vuelve a ser noticia gracias a un concepto en el que el procurador Alejandro Ordóñez pide decretar la nulidad del proceso que cursa en la Corte Constitucional.

El jefe del Ministerio Público le pidió a ese alto tribunal que admita que no es competente para adelantar un proceso de juzgamiento como el que pretende que se adelante el exjefe del ente acusador. A juicio de Ordóñez, la demanda contra el acto administrativo que le permitió al Gobierno sentarse en la mesa de negociaciones con las FARC debe ser conocida únicamente por el Consejo de Estado.

En el 2012, la Presidencia de la República firmó una resolución que les permitió a los agentes del Estado reunirse con actores ilegales en un territorio neutral, con el fin de negociar la paz. A través de ese acto administrativo, los equipos negociadores de guerrilla y Gobierno pudieron iniciar las conversaciones de manera legal para estudiar los mecanismos para poner fin al conflicto.

Desde entonces, el Congreso, el Gobierno, los jueces y la sociedad civil han protagonizado una discusión en torno a la manera en la que debía reglamentarse el acuerdo al que se llegara con las FARC. Ahí empezó a discutirse si una constituyente, el presidente a motu propio o la ciudadanía a través de los mecanismos de participación democrática podían ser la fórmula para convertir el pacto de La Habana en una obligación legal.

Ya en ese momento la preocupación era cómo lograr que lo que se acordara no pudiera ser afectado por un cambio de gobierno o una transformación demasiado trascendental en el panorama político. El objetivo era evitar que un eventual acuerdo de paz quedara en el limbo ante futuros cambios institucionales.

En el último día de su período como fiscal general, a Eduardo Montealegre se le ocurrió una fórmula sui generis, pero que de ser aceptada sería prácticamente inexpugnable: convertir el acuerdo en mandato constitucional de manera automática.

Por eso, se le ocurrió demandar la resolución que dio paso a los diálogos ante la Corte Constitucional, con el objetivo de que ese tribunal, a través de una sentencia interpretativa, indique que los diálogos en Cuba equivalen a la negociación de un tratado. Eso haría que el eventual acuerdo se convierta en un deber constitucional, que difícilmente podría ser desconocido incluso ante un cambio de Carta Política.

La alternativa, aunque audaz, no parece ser realizable, según algunos expertos. Así lo cree el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien tiene la convicción de que la Corte Constitucional ni si quiera es competente para examinar la polémica demanda de su contradictor Eduardo Montealegre. Así lo hizo saber en el concepto que presentó a las 3:20 p. m. de este jueves.

El jefe del Ministerio Público está convencido de que el ponente del caso Jorge Iván Palacio ni siquiera debió admitir la demanda, pues para él es claro que los actos de Gobierno -y el inicio de las negociaciones lo es- solo pueden ser juzgados por el Consejo de Estado.

Tan evidente es para él que la Corte no tiene velas en este entierro, que le sugirió a ese alto tribunal que declare nulo el proceso o que decrete "la improrrogabilidad de la competencia" y que envíe el expediente a la máxima instancia contenciosa administrativa para que se pronuncie.

Según Ordóñez, las pretensiones del exfiscal bien podrían ser estudiadas dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que ya fue formulada ante el Consejo de Estado, con el propósito de declarar ilegales las conversaciones que se adelantan en Cuba desde el 2012.

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