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| 3/26/2016 12:00:00 AM

La batalla final por la reforma al equilibrio de poderes

La Corte Constitucional podría tumbar la reforma bandera del gobierno Santos. Esta puede ser la semana clave. ¿Por qué?

El próximo miércoles en la Corte Constitucional tendrá lugar uno de los cara a cara más esperados de la Justicia este año. Ese día, se realizará la audiencia pública sobre el ‘equilibrio de poderes’, la reforma bandera del presidente Santos que enfrentó casi a muerte al fiscal, al procurador, a las altas cortes y al gobierno. Cuando este acto legislativo fue aprobado, en junio del año pasado, se presentó como la esperada reforma a la Justicia que nadie había podido sacar adelante. Sin embargo, casi un año después, un gran componente de esta nueva normatividad está enredado y podría caerse en la corte. Sus protagonistas esgrimirán esta semana sus argumentos ante este tribunal. Estos son los puntos clave que están en juego.

El fiscal demandante

El proceso tiene una particularidad: la demanda la presentó el propio Eduardo Montealegre. El fiscal juega en su cancha, pues fue magistrado de ese alto tribunal. El más acérrimo crítico de la reforma. Durante el trámite, llegó a decir que se trataba de “una segunda toma del Palacio de Justicia”, pidió una constituyente, e invitó a los jueces a protestar. Así, Montealegre se ganó a buena parte de la cúpula de la Justicia, que no salía públicamente pero pensaba como él. El fiscal considera que, contrario a equilibrar el poder, lo que hizo el gobierno fue desbarajustarlo en perjuicio de la Rama Judicial. Cree que la Comisión de Aforados y la nueva administración de justicia son inconstitucionales. Y aportó un estudio del proceso legislativo con el fin de demostrar que se violaron, entre otros, los principios de unidad de materia y conexidad. Para él, lo que comenzó como una propuesta para eliminar la reelección presidencial, terminó modificando aspectos estructurales de todas las ramas del poder público.

Todo queda en casa

La demanda del fiscal solo va en contra del componente judicial de la reforma. Con el equilibrio de poderes los magistrados salieron perdiendo. Se les prohibió pasar de una corte a otra y se restringió temporalmente la posibilidad de que aspiraran a otros altos cargos del Estado. El punto más controversial fue la creación de la Comisión de Aforados que reemplazaría a la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Este nuevo órgano, que deberá crearse en junio, será el juez de quienes tomen la decisión de si tumban o no esa reforma. Por esta razón, algunos críticos han pedido que se declararan todos impedidos. Los magistrados estudiaron el tema y decidieron que no existía ningún conflicto de interés para fallar la demanda. No aceptaron el impedimento de María Victoria Calle, quien había manifestado que no podía participar pues su esposo, el exmagistrado Gustavo Gómez, lideraba la oposición a esa reforma.

La pelea más dura

La Comisión de Aforados es el punto de honor de la demanda y quizás uno de los aspectos que más chance tiene de caerse en la corte. Tanto el fiscal como los magistrados no estuvieron nunca de acuerdo con la creación de un supertribunal que tuviera la competencia de juzgarlos. Montealegre cree que esa comisión tendrá poderes de-sorbitantes sin mecanismos de control.

En el Palacio de Justicia sienten que se estaría creando una supercorte por encima de las cuatro existentes y unos magistrados con atribuciones sobre quienes hoy ocupan esos cargos. Aseguran que en manos de las personas equivocadas esto podría ser un peligro y que, además, la tradición colombiana ha demostrado que crear nuevos organismos a veces no es la solución de un problema sino la creación de uno nuevo. Los magistrados temen que este se convierta en un mecanismo a través del cual se puedan sancionar verdaderos casos de corrupción y se cree un nuevo mecanismo de control selectivo sobre sus fallos cuando estos no sean del agrado de los poderosos. Por otro lado, en más de 20 años la Comisión de Acusaciones se ha ganado el mote de ‘Comisión de Absoluciones’ pues, irónicamente, salvo el caso de un magistrado de esa corte, no ha logrado llevar hasta el final ningún proceso.

¡No se acaba!

La reforma elimina de tajo el Consejo Superior de la Judicatura. Pero hasta ahora el remedio ha resultado peor que la enfermedad. A principios de año, esa alta corte, encargada de la administración de la Rama Judicial, estaba agonizante. La razón no era el acto legislativo, sino la ausencia de magistrados. Como la entidad está en un limbo, ninguna de sus vacantes ha sido reemplazada. La crisis es tal, que se tuvo que nombrar como encargados al exauditor Iván Darío Gómez Lee y la exvicefiscal Martha Lucía Zamora, mientras se define qué pasará. En ese lapso, la Justicia volvió a vivir un paro que dejó inoperantes por más de dos meses a los juzgados de familia. Antes de Semana Santa, el Consejo de Estado se reunió para nombrar el reemplazo de uno de los magistrados, Ricardo Monroy. Los 20 abogados que se presentaron a la entrevista decían en tono de burla que aspiraban a un puesto que no sabían si duraría un día u ocho años.

¿Por qué no llegan los nuevos?

El nuevo Consejo de Gobierno Judicial tenía que quedar establecido en diciembre del año pasado. Durante el trámite ganó la tesis de que ese organismo debería estar compuesto por nueve miembros: los tres presidentes de las altas cortes, el gerente de la Rama Judicial, un representante de los magistrados de los tribunales y de los jueces, un representante de los empleados y tres miembros permanentes. Sin embargo, en su conformación ha habido todo tipo de problemas. 

El Consejo de Estado suspendió a Vicente Calixto de Santis, el representante de los magistrados, y a los tres miembros permanentes porque encontró irregularidades en la elección. Los presidentes de las altas cortes tampoco nombraron al gerente como estaba planeado para diciembre pasado. Se sabe que existe una puja de poder en el que muchos magistrados han intentado poner sus fichas y que eso tiene embolatado el tema. En el Palacio de Justicia también se dice que ese limbo permanecerá hasta que la Corte Constitucional falle de fondo la demanda del fiscal pues muchos esperan que esta se caiga. Hay un problema adicional. El encargado de designar los miembros de la Comisión de Aforados es justamente el gerente de la Rama Judicial, que no se ha nombrado aún. Por lo cual es altamente probable que en junio, cuando esta tenga que conformarse, tampoco se logre.  

Y falta la ley

Paralelamente, en el Congreso de la República se está tramitando la ley estatutaria necesaria para que se pueda aplicar la reforma del equilibrio de poderes. El  ministro de Justicia, Yesid Reyes, presentó ese proyecto el semestre pasado y hasta el momento se han aprobado más de 100 de 150 artículos. Ahora que el Congreso retomó sus labores, se espera que esa propuesta vuelva a ser discutida después de Semana Santa. Esa ley es fundamental pues señalará las funciones de cada uno de los cargos creados, por lo cual sin ella es imposible que el nuevo sistema pueda funcionar. En este aspecto, otra vez, el tema más controversial es la regulación de la Comisión de Aforados, pues deberá crear un procedimiento ágil y eficaz para la investigación y la instrucción de los procesos para evitar que se convierta en una nueva Comisión de Acusaciones.

La batalla final

Este miércoles, los principales protagonistas de esta batalla se encontrarán en la Corte Constitucional. Eduardo Montealegre asistirá, pero probablemente no en la condición de fiscal, sino de demandante, pues su periodo se acaba el 29 de marzo. También estarán el procurador Alejandro Ordóñez, los ministros del Interior y de Justicia, Juan Fernando Cristo y Yesid Reyes, los nuevos presidentes del Consejo de Estado, Danilo Rojas, y de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello. Todos se juegan en cierto modo su futuro.

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