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| 6/5/2000 12:00:00 AM

Corte de franela

Ante la evidente debilidad política del gobierno el Congreso enfila todas sus baterías al control político de sus altos funcionarios.

La semana pasada rodó otra cabeza del Ejecutivo: la del ministro de Salud, Virgilio Galvis. La primera fue la del el ex ministro de Minas y Energía Luis Carlos Valenzuela. Y, contrario a lo que podría pensarse, el encargado de accionar la guillotina no fue el Congreso sino el propio presidente Andrés Pastrana, quien consideró que lo mejor para el gobierno era que se retirara antes de que afrontara una moción de censura por parte del Congreso. Al ex ministro Galvis varios senadores liberales, liderados por Amílkar Acosta, lo acusan de haber contratado con entidades del sector de la salud con las cuales tenía vínculos contractuales. El caso concreto se refiere a la Clínica Ardila Lülle de Bucaramanga, de la cual Galvis fue fundador y miembro de su junta directiva hasta una semana antes de su posesión. Lo que más llamó la atención de la renuncia del Ministro de Salud es que de todos los funcionarios del Ejecutivo implicados en presuntos casos de contratación irregular con el Estado el suyo no era el más crítico. Es claro que Galvis Ramírez no se enriqueció con los presuntos contratos que su despacho entregó a la Clínica Ardila Lülle y que nunca negó su calidad de socio fundador de la entidad y miembro de su junta directiva, lo cual hace más transparente su comportamiento. Al parecer la renuncia del Ministro habría estado motivada por la reciente vinculación laboral de la esposa de Josué Ossman, quien en septiembre del año pasado fue declarado insubsistente como director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Esa decisión de Galvis no fue consultada con el presidente Pastrana y eso lo habría llevado a solicitarle su renuncia. “El Presidente se sintió traicionado”, dijo a SEMANA un funcionario de la Casa de Nariño. El dedo acusador Aunque es cierto que la cabeza de Galvis no rodó por cuenta del Congreso la verdad es que el Ministro no tenía muchas posibilidades de triunfo debido a que el gobierno perdió las mayorías en el Congreso, y esto lo hace cada día más vulnerable ante los parlamentarios. En otros tiempos una moción de censura contra Galvis no habría prosperado. Pero su caso no es el único. La semana pasada también debió comparecer ante el Congreso el secretario general de la Presidencia, Juan Hernández, quien fue acusado por el senador Javier Cáceres de haberse lucrado mediante la adjudicación de millonarios contratos a la empresa Acertar Ltda., de la cual es gerente y dueña del 50 por ciento su esposa, Julia Lucía Pardo. Y aunque las acusaciones de Cáceres no tuvieron la contundencia que había pregonado y su intervención fue más histriónica que efectiva, la defensa de Hernández resultó torpe y pobre. Tanto que, en lugar de ayudarlo, terminó por perjudicarlo. En efecto, al hacer públicos los favores burocráticos solicitados por Cáceres el Secretario General de la Presidencia dejó en evidencia que el computador de su oficina sí funciona para ofrecer y entregar puestos a los amigos del gobierno, algo que hasta el momento había sido negado sistemáticamente. En otras palabras, reconoció entrelíneas que el cuestionado maridaje burocrático entre el Ejecutivo y el Legislativo sí existe. A este hecho se sumó la manera como el Presidente ha dilatado la respuesta a la renuncia a su cargo que presentó Hernández horas antes del debate. La demora del primer mandatario terminó haciéndole tanto daño al gobierno como las propias acusaciones de Cáceres. La celeridad con la que el Presidente actuó en el caso de la dimisión de Galvis no fue la misma cuando quien estaba comprometido era su hombre de confianza. “No está bien que la gente piense que el Presidente mide con una vara a sus amigos y con otra a los que no hacen parte de su círculo íntimo”, dijo a SEMANA un senador independiente. Lo más preocupante para el gobierno es que la temida semana de pasión se está convirtiendo en un mes de pasión. Ahora el turno es para Néstor Humberto Martínez, quien deberá responder ante los congresistas por sus actuaciones como Ministro del Interior. Para muchos se trata de un claro caso de revanchismo y cuenta de cobro, inclusive más que el de Juan Hernández. Para nadie es un secreto que Martínez ha sido el hombre clave detrás del referendo y la revocatoria al Congreso y por ello está en la mira de senadores y representantes. En su caso no hay cuestionamientos por contratación irregular con el Estado, ni tráfico de influencias, ni enriquecimiento ilícito. Las razones de la moción contra el Ministro del Interior son políticas. Martínez tendrá que explicar de qué manera logró consolidar una mayoría parlamentaria sin que el gobierno tuviera el número de congresistas suficientes para ello. El problema para él es que sus argumentos en el sentido de que todo se hizo con base en acuerdos programáticos se caen de su peso cuando todo el mundo sabe que detrás de estas alianzas y coaliciones está el poder de soborno burocrático del gobierno. La salida de Martínez, inminente para algunos, sería sin duda una gran pérdida para Pastrana puesto que se trata de uno de sus funcionarios más hábiles políticamente. Control político con factura El desfile de ministros y de altos funcionarios del Ejecutivo por los estrados del Capitolio, aunque algunos de ellos con claros fines revanchistas, es la mejor demostración de que el Congreso está cumpliendo con su función natural de ejercer el control político a los funcionarios del gobierno. “El país llevaba varios años exigiéndole al Congreso que ejerciera el control político, ahora que lo está haciendo resulta que hay algunos que sostienen que el país se puede desinstitucionalizar”, sostiene el senador Germán Vargas Lleras, uno de los actuales opositores al gobierno. Aunque era apenas natural que un gobierno sin mayorías parlamentarias se viera sometido a la arremetida de la oposición, lo que no se puede desconocer es que los anuncios de reforma política y revocatoria mediante un referendo sirvieron para acelerar un proceso de fiscalización que comenzó a la par con la actual administración. La diferencia de la situación actual con la que vivió el gobierno antes del anuncio del referendo es que en el pasado los acuerdos políticos con los miembros de la Gran Alianza —de la que ha-cían parte un buen número de liberales— permitieron que los funcionarios estatales pudieran salir ilesos. Así sucedió con los ex ministros de Transporte y Desarrollo, Mauricio Cárdenas y Fernando Araújo, quienes debieron responder por los escándalos de Dragacol y Chambacú, respectivamente. Algo similar pasó con los ministros de Hacienda y Medio Ambiente, Juan Camilo Restrepo y Juan Mayr, quienes tuvieron que responder a los cuestionamientos por el caso de los bancos Andino y del Pacífico y la autorización para la exploración del llamado Bloque Samoré en la búsqueda del petróleo en territorio de los indígenas u’wa. No obstante, tanto Cárdenas como Restrepo siguen en el ojo del huracán puesto que deberán responder ante el Congreso. El primero por el caso de Dragacol, que se resiste a morir, y el segundo por el Fondo Interministerial y posiblemente por la destinación de los recursos del Fondo de Regalías (que empezó a ser investigado la semana pasada por la Contraloría y la Procuraduría General) para comprar el apoyo del Congreso. El gran acuerdo La difícil situación por la que atraviesa el Ejecutivo ha llevado a varios de los funcionarios cercanos al Presidente a promover un gran acuerdo que permita superar la crisis actual y sacar adelante los programas del gobierno. La mayor preocupación existe en materia económica, en la que, como están las cosas, no habrá un solo proyecto que tenga trámite exitoso en el Congreso. De ello es consciente el propio Ministro de Hacienda, quien por su cuenta y riesgo se ha encargado de promover los acercamientos con los parlamentarios con el fin de blindar la economía para que ésta no sea atropellada por la crisis política. Aunque hasta el momento no ha tenido éxito es muy posible que Restrepo logre sensibilizar a algunos congresistas, quienes hasta el momento se han mostrado reacios a colaborarle al gobierno. Pero lo complicado del asunto es que el tiempo corre en contra de la administración. La propuesta de referendo que presentó al Congreso está ahora más enredada que nunca. Es un hecho que si el gobierno no deja que le “toquen una coma” el proyecto se hundirá y el que saldrá adelante muy seguramente será uno de origen parlamentario, que recoge algunas de las iniciativas del Ejecutivo pero le introduce otras, entre ellas la celebración de elecciones generales incluyendo las presidenciales. Así las cosas, es claro que el gobierno no puede seguir cerrado a la banda. Cada vez son más los que sostienen que llegó la hora de que el presidente Pastrana convoque a un gran acuerdo nacional en el que puedan participar todos los movimientos y partidos políticos, así como las distintas organizaciones gremiales y sociales. Ese acuerdo debería considerar la conformación de un nuevo gabinete ministerial diseñado con criterio patriótico más que partidista. Es incuestionable que dos años después de posesionados varios ministros han cumplido su ciclo y empiezan a sufrir el desgaste propio de su gestión. La crisis ministerial le permitiría al Presidente prescindir voluntariamente de sus colaboradores más cercanos en lugar de correr el riesgo de que el Congreso les corte la cabeza ante su evidente debilidad política.
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