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| 11/23/2011 12:00:00 AM

Corte IDH abrió espacio para estudiar evidencia en caso Mapiripán

El tribunal determinó un lapso de 90 días en el que el Estado colombiano deberá aportar las pruebas para sustentar la afirmación de que hubo víctimas falsas, que se aprovecharon irregularmente del proceso para obtener indemnizaciones millonarias.

En la noche del miércoles, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que abrirá un periodo de 90 días para recibir las pruebas que sustenten la aseveración del Estado colombiano -tras el fallo del 2005- en el caso del la masacre de Mapiripán de que algunas de las víctimas protegidas serían falsas y, por ende, habrían cobrado millonarias recompensas.
 
Tras una audiencia privada en la que participaron representantes de las víctimas, la canciller María Ángela Holguín y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, ambos representantes del Gobierno dijeron sentirse satisfechos por la determinación.
 
“Son tres meses que le dieron a Colombia para efectos de completar, sustentar y presentar el escrito en el que va a reafirmar la solicitud que quedó hecha formalmente de que se revise la sentencia con todos los elementos necesarios para soportar esa petición”, dijo Esguerra Portocarrero.
 
Sin embargo, la Corte no ha llegado tan lejos como anunciar la revisión del fallo, sino que ha aceptado hasta ahora recibir “información detallada y documentada” por parte del Estado colombiano y tratarlo como tratar este “asunto como parte del procedimiento de supervisión de cumplimiento de la sentencia”, según la resolución de esa Corte del pasado 31 de octubre.
 
Sin embargo, una revisión, aunque inédita, también podría darse.
 
"Los jefes de la cartera de Relaciones Exteriores y de Justicia aprovecharon este espacio para pedirle a la Corte una revisión de su fallo, pues aunque no existen recursos contra sus decisiones, sí ha habido casos en los que este tribunal ha admitido solicitudes de revisión cuando los hechos probados en el expediente no responden a la realidad histórica del asunto", señaló un comunicado del Palacio de San Carlos.

Esguerra manifestó que los magistrados de la Corte expresaron el mismo interés que el Estado en el sentido de esclarecer si hubo realmente víctimas inexistentes y que terminaron por beneficiarse de las indemnizaciones que el fallo ordenó pagar.
 
Según la Fiscalía, de los 49 muertos y desaparecidos de la masacre solo ha logrado individualizar a 13 (seis asesinados, cuatro desaparecidos y tres secuestrados). Y que de las 20 víctimas que reconoció la Corte, nueve no lo son. Las verificaciones sobre las demás continúan, y pueden arrojar nuevas falsas víctimas.
 
Por los hechos, la justicia colombiana condenó a cinco militares, entre ellos al general Jaime Humberto Uscátegui, a 37 años, y la Corte Interamericana obligó al Estado, en el 2005, a pagar más de tres millones de dólares a varios familiares de 20 víctimas, las únicas identificadas entonces.
 
Aún así, si se establece jurídicamente que hubo engaño el caso sigue sin estar cerrado del todo, pues también quedan víctimas que no han sido identificadas ni han sido reconocidas como tal.
 
De ahí que en octubre pasado, el Tribunal recordó que en la sentencia manifestó su preocupación por la situación de las víctimas no identificadas, por cuya muerte el Estado también reconoció su responsabilidad, así como de los familiares de aquellas.

Después de la masacre de Mapiripán, que paramilitares de Carlos Castaño llegados de Urabá ejecutaron entre el 15 y el 20 de julio de 1997, centenares de personas huyeron. Aunque él mismo habló de 49 muertos, los cuerpos fueron arrojados al río Guaviare y la identidad de muchas víctimas nunca se pudo establecer.

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