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| 10/28/2015 12:20:00 AM

Corte enciende la alarma por el caso de Silvia Gette

La Corte Suprema le pidió al CSJ de Barranquilla que asigne un juez a la causa que enfrenta por la supuesta sustracción de un millón de dólares de las cuentas de la Uniautónoma.

Ya hace tres meses que la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe fue acusada por la supuesta sustracción de un millón de dólares de las cuentas de esa institución. Las demoras excesivas en el inicio del juicio ya tienen con los nervios de punta no sólo a la Fiscalía, sino también a la Corte Suprema de Justicia, que le pidió al Consejo Seccional de la Judicatura de Barranquilla (Atlántico) que le asigne un juez a ese proceso.
 
La Sala Penal del alto tribunal lo hizo a través de un auto en el que le negó al organismo acusador la posibilidad de concretar sus propósitos de trasladar el caso a una ciudad fuera de Barranquilla. Para la Corte, es imposible pronunciarse en ese sentido, precisamente porque a la acusación por abuso de confianza que enfrenta la Gette no ha sido asignada a ningún juez.
 
Así las cosas, mientras el caso no haya correspondido por reparto a ningún juez, para esta corporación de la jurisdicción ordinaria será imposible determinar si vale la pena o no ordenar el traslado del caso a otro distrito judicial.
 
Y es que para la Fiscalía 35 de la Unidad de Lavado de Activos, es posible que la transparencia del proceso se vea afectada, si es un juez de la capital atlanticense el que se ocupa de este juzgamiento. En su criterio, la condena contra la exrectora de la Universidad Autónoma y su abogado Arcadio Martínez por el delito de soborno son sólo una prueba de su capacidad para interferir fraudulentamente en las actuaciones que la justicia adelanta en su contra.
 
Para el ente investigador, la capacidad económica de la acusada y la permeabilidad que han mostrado ciertos sectores de la justicia en Barranquilla demostrarían el peligro que corre el proceso, de adelantar el juicio en esa capital. Según la Fiscalía, el desmantelamiento de una supuesta red de investigadores y operadores judiciales corruptos que operaba en la costa atlántica deja mucho qué pensar.
 
“A lo cual suma lo extraño que resulta que se haya logrado el traslado de la involucrada desde la Cárcel del Buen Pastor en Bogotá hacia su lugar de residencia en Barranquilla y la asignación de brazalete electrónico por el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), en poco tiempo”, dice la providencia, al referirse a los argumentos de la solicitud de la Fiscalía.
 
Para la Corte, por mucho que estos elementos puedan indicar en torno al riesgo en el que se encuentra esta investigación, falta un requisito esencial para decidir. El problema es que el Consejo Seccional no le ha asignado un juez a ese proceso. Sin que antes ese operador se pronuncie en uno u otro sentido, admite la corporación, debe permanecer en silencio.
 
Por eso la Sala Penal del alto tribunal exhortó al Consejo a que de la manera más pronta y efectiva designe un juzgado como el encargado dirimir el proceso. Una vez este indique si está de acuerdo o no con el cambio de asignación, la Corte podrá determinar si el juicio se debe adelantar o no en otra ciudad del país, como lo exige la Fiscalía.
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