¿Supuestos desplazados quisieron hacerle ‘conejo’ a la Justicia?

Es cierto que el desgreño institucional con el que por años se ha tratado el drama de los desplazados no ha hecho sino empeorar la situación de estas víctimas de la violencia.

Sin embargo, tampoco es un secreto el descaro con el que algunos avivatos han querido aprovecharse de ese deber de solidaridad con los más necesitados. Un fallo de la Corte Constitucional parece reflejar esa triste realidad en todo su esplendor.

En este caso, el alto tribunal negó el amparo que invocó una familia que se negaba a ser desalojada del predio La Esmeralda, en El Copey (Cesar). Para el órgano judicial no sólo fueron reprochables e inadmisibles los actos violentos en los que incurrieron. El fallo también pone en duda que en la actualidad tengan la condición de desplazados, pues gozan de estabilidad laboral y muchos de ellos son profesionales.

La familia aseguraba haber sido víctima de despojo. Según el expediente, este se había concretado con una incursión paramilitar en la vereda San Miguel, corregimiento de Caracolito (El Copey, Cesar), que se produjo el 6 de agosto del 2006.

Al parecer, a través de la violencia ejercida por ese grupo armado ilegal, los tutelantes se habían visto forzados a abandonar la zona que ocupaban en el predio La Esmeralda. En ella ejercían el control sobre una unidad familiar agrícola que les había sido otorgada en junio de 1995 por el Incora (hoy Incoder).

Sin embargo, a través de un contrato de compraventa los accionantes perdieron el derecho del dominio sobre el inmueble. Según los labriegos, la firma de ese documento, pocos meses antes de su huida, fue producto de las amenazas de los paramilitares.

El 31 de diciembre del 2014, los tutelantes retornaron al mismo predio del que dijeron haber sido desplazados más de ocho años atrás. La respuesta del poseedor no se hizo esperar. Amparado en el acta de compraventa, acudió a la Alcaldía de El Copey para que se tramitara el desalojo de la familia.

Ante el procedimiento que inició la Policía en enero del 2015 para poner fin a la ocupación ilegal de los terrenos, los integrantes de la familia respondieron con violencia. Según la Corte, la diligencia de desalojo estuvo marcada por fuertes agresiones a la fuerza pública, en las que ni siquiera se tuvo en consideración el grave riesgo al que fueron expuestos varios niños.

“(…) Los ocupantes del predio actuaron con tal grado de violencia y premeditación en contra de la fuerza pública, a quienes atacaron con bombas incendiarias y molotov, inclusive con un cilindro de gas encendido, sin que mediara consideración en torno a los menores de edad que se encontraban en el predio, los cuales fueron protegidos por la Policía de infancia y adolescencia”, dijo la Corte, que no desaprovechó la oportunidad para expresar un hondo rechazo a estos hechos.

Pero, ante el fracaso en el uso de la fuerza, acudieron a las acciones legales. A través de un abogado que hace parte del mismo grupo familiar, interpusieron una acción de tutela. Alegaron que seguían ostentando la condición de desplazados y que por eso requerían de toda la atención que la Unidad de Víctimas brinda a las personas que vienen soportando la carga más pesada del conflicto armado.

Sin embargo, no se trataba de un grupo de personas abandonado a su suerte. El expediente puso en evidencia que muchos de ellos contaban con puestos de trabajo estable, con ingresos que les permitían llevar una vida digna, al punto de que varios de ellos son profesionales.

La Corte explicó que algunos de ellos eran profesores y otros abogados y que “cuentan además con protección en salud; los niños, niñas y adolescentes se encuentran estudiando en escuelas, colegios y universidades, y además, muchos de ellos tienen vivienda propia, viven en el Copey y algunos residen en Santa Marta y Bosconia”.

Para el alto tribunal, semejante panorama deja al descubierto que se trata de una familia que está muy lejos de requerir esas soluciones de emergencia que requieren otros grupos víctimas de la violencia. Con todo y eso, el expediente explica que la Alcaldía de El Copey los convocó para poner en consideración su situación, ya que alegaban ser víctimas de desplazamiento.

Al final, la Corte no sólo pone en duda que estas personas, en la actualidad, sean víctimas de desplazamiento. También critica a su abogado por interponer hasta cuatro acciones de tutela con el mismo propósito. De hecho, le pidió al Consejo Superior de la Judicatura que investigue las probables faltas disciplinarias en las que pudo haber incurrido este profesional del derecho.