Ponencia obligaría al Gobierno a repatriar el tesoro quimbaya

El magistrado Alberto Rojas les propuso a sus compañeros de la Corte Constitucional obligar al gobierno colombiano a emprender las acciones a las que haya lugar para recuperar el tesoro quimbaya, nombre que recibe un grupo de piezas precolombinas recuperadas en el siglo XIX que hoy está en manos de autoridades españolas.

Lo hizo a través de la ponencia de una acción de tutela por medio de la cual un ciudadano busca que se reviva una decisión judicial que obligaba al gobierno colombiano a repatriar esos elementos.

El tesoro quimbaya fue el nombre que recibió un conjunto de piezas de oro que fueron halladas en Filandia (Quindío) en el siglo antepasado. Por la misma época, Colombia y Venezuela tuvieron un diferendo diplomático que se resolvió a favor de los nuestros por un tribunal de arbitramento en el que fue decisiva la Corona española. La controversia sería definitiva para el destino del tesoro.

En agradecimiento por su gestión, el presidente Carlos Holguín Mallarino donó a la reina Consorte de España María Cristina de Hasburgo-Lorena 122 piezas de otras tantas que hacían parte del histórico hallazgo. Lo hizo en 1893 porque consideraba que el Estado colombiano había quedado en deuda con la monarquía ibérica por su gestión en el conflicto colombo-venezolano.

Más de un siglo después, el ciudadano Felipe Rincón Delgado buscó que la justicia obligara a la Presidencia a recuperar esas piezas. Aunque lo logró a través de una acción popular ante un juez de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la determinación y dejó sin efectos las órdenes emitidas al jefe del Estado para recuperar el tesoro quimbaya.

El accionante lo intentó una vez más a través de una acción de tutela que llegó al conocimiento de la Corte Constitucional. En el curso del proceso, el ponente Alberto Rojas convocó a una audiencia en la que el Gobierno defendió la legitimidad de la decisión del presidente Holguín de regalar los elementos.

Y aunque la canciller (e), Patty Londoño, defendió esa misma posición, otros estamentos estatales la controvirtieron. Así lo hizo la Defensoría del Pueblo, que precisó que el gobierno colombiano tiene el deber de exigir la repatriación del tesoro, entre otras cosas porque se trata del patrimonio de las culturas precolombinas, frente al cual existe una obligación para que sea preservado.

Ahora, el magistrado Rojas, encargado de proyectar el fallo, sostiene que el deber del Estado colombiano es recuperar el tesoro, dada su trascendencia histórica y cultural. Por eso, plantea que es necesario dejar sin efectos la decisión del Tribunal y ratificar lo decidido por el juez capitalino, y obligar al Gobierno a iniciar las gestiones diplomáticas necesarias para la repatriación.

Un eventual visto bueno en la Corte Constitucional no ofrece un paso seguro hacia la recuperación de los elementos arqueológicos, pero sí establece una obligación ineludible para las instituciones en torno a la necesidad de agotar todas las posibilidades para enmendar el histórico error del presidente Holguín Mallarino.