Corte ordena a la Procuraduría investigar a César Mauricio Velásquez

La Corte Constitucional le ordenó a la Procuraduría, en cabeza de Alejandro Ordóñez, investigar la conducta de César Mauricio Velásquez, exjefe de prensa del expresidente Álvaro Uribe.
 
La razón, Velásquez en función de su cargo emitió un mensaje en el que negó que Uribe hubiese llamado al hoy exmagistrado de la Corte Suprema César Julio Valencia Copete para preguntarle por la situación jurídica de su primo Mario Uribe, y lo calificó de "mentiroso".   

Tras ese hecho, Valencia Copete le solicitó a la Procuraduría que indagara a Velásquez por un presunto abuso de autoridad, ya que utilizó una institución y bienes del Estado a favor del presidente Uribe para descalificar al magistrado.

Según el abogado Ramiro Bejarano, defensor de Valencia Copete, el exjefe de prensa en el ejercicio de una función pública “no podía insultar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia al tratarlo de mentiroso”.
 
Para Bejarano, el procurador Ordóñez realizó un acto que resultó inexplicable al decir que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se debería encargar del tema, pues allí se adelantaba una investigación por ese caso. "Velásquez no tiene fuero en la Comisión".
 
El abogado reclamó que el fallo tardó mucho en salir y dijo que el magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González, antiguo funcionario de Uribe, mantuvo la decisión archivada durante siete meses.
 
Consultado sobre lo expresado por Bejarano, el magistrado González señaló a Semana.com que el proyecto de la citada sentencia le llegó a su despacho el 1 de noviembre de 2011. “Entonces, dijo, tras analizarla, manifesté a la sala de tutela mi desacuerdo con la propuesta de fallo. Luego, en febrero de este año, nos reunimos los tres magistrados de la sala de revisión y allí formalicé mi salvamento de voto. Por lo tanto, no se me puede atribuir que haya tenido la decisión archivada desde el 5 de mayo del año pasado”.
 
González agregó que comparte con el accionante -Valencia Copete- “su derecho a que la autoridad competente investigue la queja disciplinaria por él presentada. Sólo que consideré improcedente la tutela contra la declaración de incompetencia de Procuraduría General de la Nación y su remisión a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por tratarse de un acto que apenas da inicio a un conflicto de competencias que requiere del pronunciamiento de la Comisión de Acusaciones, para establecer si se causa un perjuicio irremediable”.