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| 1/31/2016 6:50:00 PM

Empieza carrera contra el reloj para el plebiscito en la Corte

El magistrado ponente, Luis Ernesto Vargas, solicitó pruebas al Congreso e invitó a diferentes sectores de la institucionalidad a participar en el examen de control constitucional.

En el 2016 Colombia se juega la posibilidad histórica de conquistar la paz. Aun cuando la mayor parte del esfuerzo ha recaído sobre el gobierno nacional y el Congreso, la suerte de ese proceso depende del acuerdo de muchos más actores. No basta la voluntad política para llevar a feliz término los acuerdos. Incluso la participación de los ciudadanos depende exclusivamente de lo que diga un tercero: la justicia. Eso indica que su papel puede ser más decisivo que el de otras instancias de poder.

El balón ya está en el campo de la Corte Constitucional. Ese órgano jurisdiccional tiene en sus manos el destino del proyecto más importante de la administración Santos y uno de los más trascendentes de la historia de Colombia en sus últimos 60 años: el plebiscito por la paz. El mecanismo busca que los ciudadanos expresen en las urnas si están satisfechos o no con la posibilidad de que los acuerdos a los que lleguen el Gobierno y las FARC para conquistar la reconciliación sean introducidos al ordenamiento jurídico.

El magistrado Luis Ernesto Vargas, a quien correspondió la ponencia del examen jurídico, ya emitió la primera actuación. Expidió un auto en el que solicita al Congreso las pruebas para verificar la manera como fue aprobada la iniciativa. Además, invitó a rendir concepto a las autoridades penales, de control fiscal, electorales, políticas, regionales, judiciales y hasta televisivas. Con esa providencia se empieza a correr una carrera contrarreloj del paso más importante hacia la paz.

El togado también invitó a organizaciones defensoras de derechos humanos, así como a asociaciones de militares y policías retirados, a participar en esta discusión. Además, las víctimas de grupos guerrilleros también podrán ser oídas, a través de organizaciones civiles de ese tipo que fueron invitadas, además de distintas universidades y organismos multilaterales.

Desde cuando el país supo de los primeros acercamientos entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC la pregunta fue cómo involucrar a la ciudadanía en el debate por la paz. Primero se intentó hacerlo a través de un referendo que fue tramitado exitosamente en el Congreso y aprobado por la Corte Constitucional, pero que resultó siendo inocuo dado que el plazo establecido para la consulta se cumplió antes de que las negociaciones pudieran llegar a un punto de no retorno.

En el 2015, cuando los avances en los diálogos alcanzaron esa etapa definitiva, el Gobierno presentó ante el Congreso el proyecto definitivo de refrendación de los acuerdos de La Habana (Cuba). Se trataba de un plebiscito que buscaría que los colombianos respondieran si aprobaban o no el pacto al que llegara el Estado colombiano con la insurgencia.

Con algunas modificaciones al proyecto inicial y ante la vehemente divergencia de la oposición, en diciembre del año anterior, fue aprobada la ley estatutaria de plebiscito por la paz. Se trata de una consulta que, de ser aprobada por una mayoría superior a cuatro millones de votos, les permitirá al presidente Juan Manuel Santos y al Congreso introducir al ordenamiento jurídico lo pactado en los acuerdos con las FARC.

Pero antes de que ese mecanismo de participación sea una realidad, tiene que superar el visto bueno de la Corte Constitucional. El expediente fue enviado a ese tribunal antes de terminar el 2015. Durante su primera sesión de sala plena del 2016, el órgano jurisdiccional sorteó el reparto para designar el encargado de proyectar el trascendental fallo. La suerte eligió al magistrado Luis Ernesto Vargas, quien en el 2014 presidió esa corporación.

Antes de cumplirse la primera semana de haber sido designado, el magistrado tolimense emitió su primera actuación. Con ella empezaron a correr los tiempos del último y más decisivo filtro de la iniciativa: el judicial. Para empezar el estudio, como primera medida, Vargas instó al Congreso a allegar a su despacho el material probatorio que le permita verificar si el trámite de la ley cumplió los requisitos inscritos en el reglamento del parlamento.

Por eso les dio plazo de 10 días a los secretarios de la Cámara de Representantes y el Senado para que envíen a la Corte toda la información que documentó el trámite. El propósito es verificar la existencia del quórum deliberatorio y decisorio, el número de votos y las mayorías con las cuales contó la iniciativa en cada uno de los debates en las dos cámaras y durante la conciliación. Las convocatorias a las discusiones en el parlamento y el registro del trámite en la Gaceta del Congreso también serán revisados.

Lo que sí deja ver el magistrado Vargas a través de esta primera providencia es su intención de incluir a todos los sectores en este histórico juicio de constitucionalidad. Por eso invitó a diversas autoridades estatales, organizaciones civiles, organismos multilaterales y a la cademia a que rindan su concepto. Entre ellas se cuentan la Fiscalía, la Contraloría, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y las altas cortes.

Para el alto jurista, no sólo deben tener cabida quienes se han expresado a favor de los términos en los que se vienen gestando los acuerdos. De ahí su decisión de incluir sectores especialmente críticos del proceso como la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore). Junto a esa colectividad fueron invitados la Academia Colombiana de Jurisprudencia; la Comisión Colombiana de Juristas; el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad  (Dejusticia), y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.

Órganos consultivos de la ONU, la Cruz Roja y diferentes representantes de la academia cierran el voluminoso número de actores con los que espera contar el magistrado Luis Ernesto Vargas antes de elaborar la ponencia, máximo 60 días después de la presentación del concepto de la Procuraduría.

El jefe del Ministerio Público tendrá plazo para radicar el escrito hasta 30 días después de ser notificado sobre la llegada de los materiales de prueba que solicitó el togado. Además del presidente, fueron notificados de esta determinación los ministros del Interior, Justicia, Hacienda, Agricultura, Defensa, las TIC y Relaciones Exteriores.

Con la emisión de este auto se empieza a construir el último peldaño del edificio de la paz. La verdad es que es una instancia tan trascendental y delicada, que requerirá de varias etapas, mucha mano de obra y una sobrecargada dosis de paciencia.

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