Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2015/11/17 20:00

¿Pretelt, Escobar y asociados?

Un controvertido expediente de tutela vuelve a poner en el ojo del huracán al magistrado Jorge Pretelt y al exmagistrado Rodrigo Escobar.

De izquierda a derecha: Jorge Pretelt y Rodrigo Escobar. Foto: Archivo particular

Fue Semana.com la que hace unos días hizo eco de las sospechas de algunos magistrados de la Corte Constitucional, que se preguntaban cuál era el interés de su compañero Jorge Pretelt en defender los intereses de una prestante familia de Santa Marta, que decía haber sido víctima de las FARC.

Al parecer, la reflexión no era infundada y la desconfianza de los magistrados tampoco una corazonada. Detrás, estaba la intervención del exmagistado Rodrigo Escobar Gil y algunos elementos que se han repetido una y otra vez en decisiones escandalosas que, como el fallo de Fidupetrol, le han traído problemas a Pretelt y compañía.

No se sabe si es una suerte de fatalidad que trae el azar. Lo cierto es que hay al menos tres casos documentados en los que concurren de nuevo tres elementos:

El primero es la actuación del exmagistrado Escobar Gil como representante de la parte demandante. El segundo, el de Pretelt como juez o como responsable de la selección de una tutela. El tercero, la suspicacia que se ha sembrado dentro de la misma Corte y fuera de ella por el desarrollo de los procesos.

¿Cómo es la nueva historia?

Esta vez se trata de una acción de amparo que interpusieron los Noguera Abello, una familia de exmagistrados y académicos de muy reconocida trayectoria en Santa Marta, la misma que dice ser propietaria de las 900 hectáreas en las que se encuentran ubicadas las fincas: ‘El Tres’, ‘La Nena’ y ‘Los Campanos’ en el sector de Pivijay, en Fundación (Magdalena).

Al parecer, en 1999 empezaron a ser objeto de extorsión por parte de grupos armados ilegales que operaban en la región. El 22 de mayo de ese año un grupo identificado como perteneciente al frente 19 de las FARC irrumpió en la zona donde se ubican los predios, exigiendo la presencia del propietario de las haciendas.

Rafael Noguera, padre de los demandantes, fue acusado por los insurgentes de ser colaborador de los grupos paramilitares que se disputaban el control territorial.

Según los hermanos Noguera Abello, los trabajadores de las fincas fueron testigos de la manera como los rebeldes empezaron a destruir varios bienes, a través de explosivos, tratando de cobrarle ese supuesto contubernio con las AUC. Aparentemente, los guerrilleros dejaron inservibles un tractor y un buldócer (entre otros bienes) y provocaron la huida de las gallinas y el ganado que no lograron hurtar.

El 27 de junio del 2000, más de un año después del ataque guerrillero, los Noguera Abello decidieron jugársela por la reparación directa. A través del abogado Rafael Francisco Navarro Díazgranados, interpusieron una demanda ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, con la esperanza de obtener un resarcimiento.

Sorpresivamente, esa corporación les dio la razón, en fallo proferido el 12 de marzo del 2004, sin siquiera haber acreditado ser los propietarios de los bienes aparentemente afectados por la subversión.

Una ponencia de la hoy viceprocuradora general, Martha Isabel Castañeda, le ordenó a la Nación (en cabeza del Ministerio de Defensa, la Policía y el Ejército) pagarle a los Noguera Abello la nada despreciable cifra de 3.900 millones de pesos.

A pesar de que las autoridades castrenses alegaban que los Noguera ni siquiera probaron ser los dueños de las haciendas, un giro sorpresivo en su estrategia de defensa los llevó a conciliar ante la Procuraduría.

Fue así que el 29 de octubre del 2009, esa cartera se comprometió a pagar el 80 % de los cerca de 3.900 millones por los que fueron condenados. A esa cifra se le sumaría el cálculo de los intereses.

Sin pruebas

Para el Consejo de Estado, entidad encargada de avalar o no ese acuerdo, era equivocado asumir semejante carga, ante la falta de pruebas. El entonces magistrado Mauricio Fajardo proyectó la decisión en la cual se desaprobó ese acuerdo conciliatorio, el 25 de noviembre del 2009. La familia Noguera empezaba a perder la pelea por esta millonaria reparación.

Fue entonces cuando empezó a jugar el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil. Asumiendo la defensa de la familia, medió para que se aprobara una nueva conciliación. El 27 de mayo del 2010 fue establecido el nuevo acuerdo, que volvió a caerse un año después en el Consejo de Estado.

El 14 de marzo del 2013 esa misma corporación le dio una estocada a la controvertida reparación. La Sección Tercera del alto tribunal la revocó, por considerar que, durante el proceso, los Noguera ni siquiera probaron ser los propietarios de las haciendas.

Igual opinaron las secciones Cuarta y Quinta que, sistemáticamente, negaron las acciones de tutela que interpuso la oficina de Rodrigo Escobar Gil para tratar de revivir la multimillonaria reparación.

Tampoco sirvieron las alusiones del abogado de los Noguera sobre su supuesto derecho a ser beneficiarios de la Ley de Víctimas. La Sala desestimó las alegaciones que en ese sentido presentó el abogado Fernando Ramírez Laguado, exmagistrado auxiliar de Escobar Gil y actual empleado de su firma.

El aterrizaje de Pretelt

El aterrizaje del magistrado Jorge Pretelt a esta historia se produjo el 22 de septiembre del 2014, al integrar la Sala en la que él y su colega Luis Guillermo Guerrero escogieron el caso para revisión. Una vez más Pretelt era responsable de la selección de una tutela interpuesta por Rodrigo Escobar Gil, el mismo que ahora está en problemas por la famosa tutela de Fidupetrol.

La Corte ratificó que la familia no tenía derecho a la astronómica reparación que les había concedido una ponencia de la hoy viceprocuradora. Pese a que Pretelt exigía flexibilizar los requisitos para probar el daño, el alto tribunal tampoco encontró que la prestante familia samaria pudiera hacerse acreedora a los beneficios de la Ley de Víctimas.

Lo hizo basado en mandatos legales y jurisprudenciales según los cuales esos mecanismos están previstos para familias pobres, que no cuentan con recursos para contratar a abogados que prueben sus alegatos.
Sin reparar en que podía estarse contradiciendo, Jorge Pretelt insistió en que a los tutelantes debieron flexibilizarles las exigencias probatorias. No hacerlo era para él la prueba de que sus compañeros estaban discriminando a las víctimas de las FARC.

Para sus compañeros ese alegato no era lógico. Tampoco que lo utilizara para controvertir los argumentos que él mismo había defendido en el pasado. Pero lo que más llama la atención a la comunidad jurídica es que cuando está en juego un litigio millonario, siempre ha coincidido la presencia de Escobar Gil como representante de los tutelantes y la de Jorge Pretelt como partícipe de la selección de las tutelas.

Él niega que haga parte de la asociación fraudulenta que, a su juicio, quisieran enrostrarle. Para él, es absurdo pensar que por el simple hecho de haber integrado una sala que decidió revisar un caso en el que tenga parte Escobar Gil, pueda convertirse en sospechoso de una acción delictiva.

El magistrado se defiende y se declara presa de una persecución en la que han involucrado también a su familia. Pero los hechos, aunque no concluyentes, parecieran dejarlo mal parado. En marzo del 2014, cinco meses antes de la selección de la tutela, el despacho de Pretelt recibió la visita de Camilo Noguera Abello, el hermano de los tutelantes.
 
El propósito puede haber sido cualquier otro distinto al de la tutela; incluso pudieron haber tratado temas académicos, como quiera que Noguera es secretario general de la Universidad Sergio Arboleda, Seccional Santa Marta, una institución de la entraña del magistrado. Sin embargo, es una coincidencia más, en un caso realmente cargado de ellas.

¿Serán meras y desafortunadas coincidencias? Así se lo preguntan los compañeros de Pretelt en la Corte. Y se lo preguntan por una coincidencia más: en el 2102 un pleito de la firma Recaudos y Tributos con la alcaldía de Santa Marta por la terminación unilateral de un contrato para el recaudo del pago de impuestos en esa ciudad tuvo como protagonista -otra vez- al exmagistrado Escobar como defensor de la firma. Todo concluyó con una tutela que llegó a la Corte cuyo ponente fue, de nuevo, el mismísimo Pretelt.

A los samarios les costó más de 19.000 millones en los dos últimos años del contrato que revivió gracias a la decisión que impulsó Pretelt y que anuló la Sala Plena del tribunal. Por eso, dentro y fuera de la Corte la pregunta es por qué casi siempre confluyen el magistrado, como responsable de la selección de la tuela, y Escobar Gil, como representante de los accionantes.

Tanto en el caso de Fidupetrol como en el de la capital del Magdalena el alto jurista fue denunciado ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.  Veremos si en esta oportunidad hay consecuencias para él o si el caso no pasa de ser una suspicacia producto de la paranoia.

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