Sábado, 3 de diciembre de 2016

| 2016/01/08 21:23

Los militares encarcelados también tienen derechos

El Consejo de Estado ordenó adelantar todos los trámites relacionados con la asignación de retiro de un soldado que fue condenado por tráfico de armas.

El Consejo de Estado amparó el derecho al mínimo vital de un militar condenado por porte ilegal y tráfico de armas. Foto: Archivo SEMANA

La aparición de diferentes actores del crimen organizado en el conflicto ha hecho que cada vez sean más frecuentes los casos en los que militares utilizan el uniforme para cometer delitos. No es raro que uno que otro soldado termine siendo socio de los propios criminales que asedian a la fuerza pública todos los días. Pero por más grave que sea la conducta de quienes así operan, no significa que la sociedad y las instituciones puedan privarlos de derechos.

Así parece reflejarlo el Consejo de Estado en un fallo de tutela. En él, ordenó al Ejército agilizar los trámites correspondientes a la asignación de retiro de un soldado que fue condenado por fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

El militar fue procesado y juzgado en el 2013. Esta decisión le valió no sólo la cárcel, sino la baja de las Fuerzas Militares y una situación de penuria económica difícil de superar.

Según él, adquirió una deuda de 87 millones de pesos para poder atender todos los gastos relacionados con el proceso jurídico en el que está envuelto. De ahí la urgencia para contar con una fuente de ingresos.

A los problemas económicos y el desprestigio, se suma la enfermedad de su esposa. Indicó que su cónyuge padece cáncer, lo que constituye otra razón –la más poderosa de todas- para perseguir con premura la obtención de una asignación de retiro.

El militar acudió a distintas instancias del Ejército para que resolvieran su situación, pero su esfuerzo fue infructuoso. Ante la falta de respuesta, pidió el auxilio de los jueces, que instaron a la entidad a resolver diversas inquietudes, pero no la relacionada con la asignación de retiro. Hasta la Dirección Nacional fue vinculada.

Aunque las entidades accionadas allegaron a la justicia distintos tipos de explicación sobre la situación del militar, ninguna de ellas satisfizo lo relacionado con la asignación de retiro. La autoridad castrense se limitó a explicar lo referente a la separación del uniformado de la institución, condenado por cometer delitos relacionados con el tráfico de armas.

Después de tantos ires y venires, el Consejo de Estado se compadeció con la situación del exuniformado, pese a su condena. Por eso le pidió a la entidad accionada que practique el examen médico de retiro al tutelante y adelante todas las demás actuaciones necesarias para determinar si tiene derecho al pago de una mesada.

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