Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2015/12/15 12:20

Anulan cargos por narcotráfico contra Mancuso y el ‘Iguano’

Según la Corte Suprema, la Fiscalía no precisó cómo fue cometido ese delito y cómo se beneficiaron los acusados. Por eso, revocó parcialmente la condena en su contra.

Mancuso y El Iguano Foto: Archivo SEMANA / Particular

La tarea que adelantó la Fiscalía dentro del proceso que enfrentaron los desmovilizados del bloque Catatumbo de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Justicia y Paz no fue tan efectiva como se pensaba. La Corte Suprema se vio obligada a revocar la condena que se le impuso a Salvatore Mancuso, Jorge Iván Laverde -el ‘Iguano’- y otros dos exjefes paras.

Según la corporación, el organismo investigador se limitó a presentar los cargos, sin precisar detalladamente la manera como fueron cometidos los delitos y los bienes que fueron puestos al servicio de esas conductas.

Con ponencia de José Luis Barceló, la Sala Penal del alto tribunal declaró nulos los punibles que se les endilgaron a cuatro desmovilizados de ese bloque paramilitar por conservación o financiación de plantaciones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de inmuebles, tráfico para el procesamiento de narcóticos y existencia, construcción y utilización ilegal de pistas de aterrizaje.

Para nadie es un secreto que los paramilitares convirtieron la zona del Catatumbo (Norte de Santander) en casi un santuario del narcotráfico. Así lo confesaron los desmovilizados de ese grupo armado ilegal en sus versiones libres rendidas ante la Fiscalía, en el marco del proceso de Justicia y Paz.

Reconocieron cómo la compra de hoja de coca a los campesinos, la posterior fabricación de la pasta del alcaloide y la comercialización del producto se convirtió en su arma principal contra los guerrillas que en los años 90 azotaron la región.

Por eso, la Fiscalía les imputó cargos por delitos relacionados con el narcotráfico, que luego fueron legalizados por magistrados de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. El año pasado esa misma corporación había declarado responsables de estos hechos a Salvatore Mancuso, José Bernardo Lozada Artuz, Jorge Iván Laverde Zapata y a Isaías Montes Hernández.

En ese entonces, el Tribunal condenó a ocho años de prisión a los cinco desmovilizados. Lo hizo por encontrarlos responsables de delitos relacionados con homicidios, desplazamientos forzados y narcotráfico, que fueron las conductas que cometió el bloque Catatumbo de las Autodefensas.

La Procuraduría no estuvo de acuerdo con muchas de las conclusiones de ese organismo jurisdiccional. De ahí que le pidiera a la Corte Suprema de Justicia revocar varias de las determinaciones, principalmente frente a la manera como fueron juzgados estos desmovilizados por narcotráfico.

Además, el Ministerio Público estaba convencido de que sus versiones libres no eran suficientemente certeras como para poder describir el patrón de macrocriminalidad del bloque Catatumbo, como lo exige actualmente la ley, como requisito para emitir sentencia.

La Corte no estuvo de acuerdo con muchos de los reparos del Ministerio Público. Dijo que el hecho de que algunos desmovilizados, como Mancuso, estuvieran siendo juzgados en Estados Unidos por su participación en el tráfico de estupefacientes, no impide que se le juzgue en Colombia.

El magistrado de ese alto tribunal José Luis Barceló explicó que este y otros beneficiarios de Justicia y Paz pueden ser juzgados en el marco de este proceso de judicialización transicional, debido a que su llegada al negocio del tráfico de estupefacientes tiene que ver con el deber misional de los paramilitares de arrebatarle control territorial y financiero a la guerrilla.

Sin embargo, encontró que la Fiscalía cometió algunos errores que conducen a anular el proceso por narcotráfico. Lo hizo porque el organismo investigador no describió suficientemente la manera como los desmovilizados participaron en esas actividades ilícitas y tampoco qué bienes fueron fruto de su participación en ese mercado ilegal.

Aunque aclaró que las declaraciones de Mancuso, el ‘Iguano’ y compañía prácticamente permitieron develar el patrón criminal del bloque Catatumbo, decretó algunas otras nulidades parciales respecto a la condena. Lo hizo para permitir que algunas de las víctimas que no fueron tenidas en cuenta en el incidente de reparación puedan acudir a las autoridades para tratar de reclamar su condición de afectados por ese grupo paramilitar.

En consecuencia, la Fiscalía debe rehacer varias de estas actuaciones, incluyendo lo relacionado con la participación en narcotráfico de estos exparamilitares. Ello implica que el caso deberá ser estudiado nuevamente por el Tribunal Superior de Bogotá, para que se legalicen los cargos que quedaron sin vigencia y se emita una nueva sentencia

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