Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2016/10/29 00:00

La Corte Suprema y la Justicia para la Paz

Dejan sin piso la idea de que la justicia transicional debilita a la ordinaria. Sin embargo, piden ajustes y juego en varios temas. ¿Qué tan viables son sus sugerencias?

La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia se reunió con el presidente Santos la semana pasada para presentar sus inquietudes sobre la justicia transicional. Foto: Presidencia

La carta que le entregó esta semana la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al presidente Juan Manuel Santos tiene un profundo significado. Contrario a lo que se ha dicho, más que reparos lo que ha hecho el alto tribunal es darle un espaldarazo al más controvertido de los puntos del acuerdo de paz de La Habana. Los magistrados respaldan la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un sistema paralelo a la justicia ordinaria si este tiene duración específica, que para la corte debe ser de cinco años mínimo, y diez, máximo. Así se salda una discusión que había sido planteada por el expresidente Álvaro Uribe en el sentido de que la justicia transicional debería hacer parte de la Corte Suprema, pues de lo contrario estaría debilitando o suplantando a la justicia ordinaria.

El respaldo a la nueva justicia transicional tiene dos motivaciones principales. La primera es la convicción de que el cierre de un conflicto tan complejo como el colombiano requiere de un sistema especial de justicia, que, además de estar basado en las normas penales del país, acuda a otras herramientas del derecho internacional propias para salir de las guerras.

La segunda motivación es que la corte entiende que resolver los crímenes cometidos en medio siglo de conflicto puede hacer colapsar a la justicia ordinaria. La experiencia de Justicia y Paz con los paramilitares demuestra que una justicia de transición con los instrumentos de la penal ordinaria llevó a la congestión, al retraso y, de alguna manera, a la inocuidad e impunidad de ese modelo. De hecho, casualmente, esta semana la misma corte, en una sentencia que ratifica la condena a varios jefes paramilitares, hace un fuerte llamado de atención a la sociedad que considera fue complaciente con los grupos de autodefensa.

El otro espaldarazo importante que ha manifestado es que admite que la JEP sea un tribunal de cierre. Es decir, que no considera, como lo han dicho algunos analistas y críticos del acuerdo, que la corte deba ser una segunda instancia. Así los magistrados, que son autoridad en estas materias, demuestran que la justicia transicional es necesaria, y que, en todo caso, se puede mejorar. Porque, desde luego, hay importantes observaciones y ajustes que es necesario hacerle a esta justicia y que han sido considerados viables por la mayoría de juristas del país.

Sí, pero…

El primero es que se aclare que el Código Penal será la base de actuación del tribunal, sin detrimento a que se acuda a otros instrumentos del derecho como el DIH y el derecho internacional. Este punto ya fue tratado en La Habana y aceptado. Un segundo punto, y posiblemente el más sensible de todos, es el de la revisión de sentencias. La corte considera que el tribunal transicional no debe tomar las decisiones ya ejecutoriadas para decir que estuvieron equivocadas, sino que en caso de que se requiera revisión sea la propia corte quien la haga. Esto en virtud de que de la justicia transicional puede salir una narrativa diferente de los hechos a la que se ha construido desde los parámetros de la justicia ordinaria.

En todo caso, el tribunal supremo está de acuerdo con que se puedan modificar las sanciones proferidas en estas sentencias, si el imputado cumple con los parámetros de verdad, y ajustarlas al nuevo esquema restaurativo. Es decir, que si la corte por ejemplo reafirmó en casación la condena a 30 años contra los pilotos de la Fuerza Aérea por el bombardeo de Santo Domingo, Arauca, esa sanción podría variar y ser ahora una restricción de la libertad de no más de ocho años, si hay verdad exhaustiva y reparación. Pero en todo caso eso lo haría la propia corte.

Un tercer ajuste tendría que ver con las tutelas. Aunque las que se fallan contra sentencias son excepcionales, lo que quiere el tribunal es que sean decididas por ellos mismos y no por el nuevo tribunal para evitar una avalancha.

Una cuarta precisión tiene que ver con la extradición. La corte quiere que quede claro que ella mantiene esa facultad, pero reconoce que la excepción son los casos asociados al conflicto mientras este existió. Es decir, que hechos posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo de paz siguen siendo de su competencia. Este punto levanta ampolla porque hoy está en discusión con los líderes del No la eventual conexidad del narcotráfico con la rebelión. Sin embargo, ya la jurisprudencia de la propia corte ha establecido que cuando se usa el narcotráfico para financiar al grupo armado sí se le puede considerar conexo.

El otro reparo que hay a la JEP es la participación de magistrados extranjeros en ella. Este punto ha sido defendido por el gobierno, en una visión cosmopolita de la justicia, y apoyado de todos modos por las Farc. Aquí hay diferencias entre las propias cortes, pues el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas, se ha mostrado de acuerdo con esa figura. La participación de extranjeros ha sido rechazada por muchos voceros del No y parece ganar terreno como uno de los cambios posibles en el acuerdo. No obstante, la corte respalda el mecanismo que se creó para escoger los magistrados y no tiene reparos a que en este mecanismo sí participe la comunidad internacional.

El pronunciamiento de los magistrados ha sido oportuno porque le da un nuevo marco al diálogo político que el gobierno mantiene con los sectores y líderes críticos del acuerdo de La Habana. Deja claro que la justicia transicional, en los términos que está pactada entre el gobierno y las Farc, es necesaria y que sus pilares más estructurales están bien diseñados pero que hay que hacerle ajustes. No obstante, algunos actores del proceso lo han percibido como un intento de la corte por controlar el sistema transicional.

Más que las críticas de las cortes lo que ha generado mayor sorpresa han sido los planteamientos del fiscal Néstor Humberto Martínez. En un foro en la Universidad del Rosario, el fiscal lanzó varios comentarios que cayeron como un balde de agua fría en la mesa de conversaciones. Dijo que “llegó la hora de escuchar a la justicia”. El gobierno alega que ha mantenido un diálogo constante con las cortes y con la propia Fiscalía. De hecho a Eduardo Montealegre, antecesor de Martínez Neira, se le criticaba precisamente por su excesiva proactividad y apasionamiento en esta materia. Además de que el propio fiscal hizo parte del diseño de la JEP cuando estaba en el gobierno. Martínez, sin embargo, reclama que no se hayan consultado las leyes que ya estaban diseñadas antes del plebiscito porque, a su juicio, el diablo está en los detalles.

Adicionalmente, causó inquietud su planteamiento de que con la firma del acuerdo se acabó la rebelión y, por tanto, los guerrilleros han quedado en un limbo jurídico que los deja en manos de la justicia ordinaria ante cualquier eventual delito. Incluso, hay delitos que no han cesado como el reclutamiento de menores y la posesión de activos ilegales, y que no quedarían cubiertos por la JEP si no se resolvían antes de sentarse a firmar. Martínez le explicó a SEMANA que su preocupación es que hay muchos vacíos jurídicos en el acuerdo que ponen contra las cuerdas a la Fiscalía, porque son temas que no están claros. Uno de ellos es que se supone que la rebelión terminaba en la Décima Conferencia de las Farc.

Por ese tipo de interpretaciones las Farc han insistido en que la ley de amnistía debe estar lista antes de concentrarse y empezar el desarme. Las declaraciones del fiscal cayeron tan mal en La Habana que los jefes guerrilleros solicitaron ese mismo día la presencia de los países garantes en las sesiones de trabajo con el gobierno.

Martínez, sin embargo, es claro en afirmar que él respalda la creación de la JEP y que sus dudas las está consignando en un documento que le entregará al jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, para que sean tenidas en cuenta en esta etapa.

Así pues, cuando más oscura es la noche es porque está amaneciendo, y los llamados reparos de las cortes y el fiscal, aunque generan todo tipo de controversias, le van dando un marco más razonable al debate sobre la justicia transicional. Algo va quedando claro: la jurisdicción se necesita y todo lo que se haga para que no haya ambigüedades ni vacío en su implementación será bienvenido.

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