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| 11/24/2016 12:06:00 PM

La paz dividió a la Corte Suprema de Justicia

Magistrados de ese alto tribunal no quisieron asistir a la firma de la paz en el Teatro Colón. Sostienen que los acuerdos violan la Constitución por no consultar los intereses de todos los colombianos.

La Corte Suprema de Justicia puede ser hoy uno de los mejores reflejos de lo que es Colombia. Sus magistrados están divididos en dos posiciones casi irreconciliables: los que apoyan el acuerdo de paz y los que lo ven con escepticismo.

Esa división lleva años, sin embargo, pocas veces se había visto tan latente como este jueves frente a la firma de la paz en el Teatro Colón. En horas de la mañana, los magistrados se reunían en Sala Plena para votar los candidatos a la Corte Constitucional, pero no lograron el quórum para avanzar en esta decisión.

La razón molestó a algunos: algunos magistrados de la Sala Penal y de la Sala Laboral se ausentaron para asistir al evento protocolario que se desarrollaba a pocas cuadras.

Semana.com conoció que por unanimidad, la Sala Civil de la Corte, de la que hace parte la presidenta del alto tribunal, Margarita Cabello Blanco, tomó la decisión de no asistir a ese acto. Sus magistrados cuestionaron la forma como se pretende ratificar el acuerdo, pues para ellos modifica la Constitución en “forma indebida”.

“La Sala Civil critica el contenido final de los acuerdos por no consultar los intereses de todos los colombianos, en particular de la justicia, de las víctimas y violar la Constitución”, dijo su presidente, Álvaro García. La manifestación fue respaldada por el Presidente de la Sala Labora, Jorge Luis Quiroz. 

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El apoyo de la Corte Suprema siempre se ha considerado clave para el proceso de paz. El organismo no juega un papel relevante en la Jurisdicción Especial para la Paz (un tema que seguramente dejó a muchos allí molestos), pero es sobre todo esencial en la seguridad jurídica que puedan tener los actores del conflicto armado. Este es el órgano de cierre de todos los procesos penales del país.

El Gobierno era consciente de que el malestar de la Corte Suprema le podía hacer daño al proceso. Y por eso en el nuevo acuerdo se incluyeron algunos de los puntos que el alto tribunal había exigido.

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La Corte Suprema será la competente para la revisión de sus propias sentencias. Únicamente para quienes hayan sido condenados teniendo en cuenta la definición de quienes son combatientes según el DIH, se podrá solicitar la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP. Este punto disipó el temor de las altas cortes que rechazaron que existiera la posibilidad de que sus fallos fueran modificados por la JEP.

Con las declaraciones de la Sala Civil queda claro que esas modificaciones no los dejaron tranquilos. Los magistrados coinciden con el uribismo y los representantes de la oposición que pidieron que la refrendación incluyera la consulta de los puntos más importantes del acuerdo al pueblo. Aunque se desconoce una postura unificada por parte de las otras dos salas, la penal estaría en su mayoría a favor de apoyar la decisión del Gobierno y las FARC.

Esta división, que viene creciendo desde la semana pasada cuando se anunció el contenido del nuevo acuerdo, afecta de manera directa la importante elección de dos ternas para magistrados a la Corte Constitucional. Se da casi por descontado que no habrá ternas por parte de la Corte este año.

Este jueves no hubo quórum para elegir y por cronograma resta una sola Sala Plena este año para votar a los candidatos que reemplacen las dos vacantes de los magistrados Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, que cumplen período en marzo del 2017.

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La próxima sala tendría que ser convocada para el 5 de diciembre, sin embargo, están lejos de alcanzar los 16 votos necesarios para elegir las ternas. A estas alturas, el riesgo de que estas dos vacantes se queden para el año entrante es que, teniendo en cuenta que el Congreso reanuda el 12 de marzo del 2017, las decisiones trascendentales de la paz podrían terminar quedando en manos de magistrados provisionales.

No es la primera vez que la Corte Suprema termina dividida alrededor de la paz. Hace dos años, cuando avanzaban las negociaciones con las FARC, el presidente de la Sala Penal, Leonidas Bustos, y el vicepresidente, Fernando Giraldo, chocaron públicamente. Giraldo, exmagistrado de la Sala Civil, expresó su profunda molestia por el respaldo al proceso de paz ofrecido por Bustos y pidió que se tuvieran en cuenta aquellas voces de todos los colombianos que piensan distinto.

Hoy se firmó la paz. Y se repite la historia en la que la Corte Suprema, el tribunal más importante en lo penal, tiene opiniones irreconciliables que le impiden rodear un acuerdo final.

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