Corte Suprema deja en firme sentencia de 20 años a militares por tortura

En firme quedó la sentencia contra seis militares que hicieron parte de la cuarta brigada del Ejército que fueron condenados a 20 años tras ser hallados culpables de la tortura a varios jóvenes residentes en la comuna 13 de Medellín, Antioquia, en hechos ocurridos en el 2006.

Así lo determinó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que no admitió los recursos presentados por los abogados del teniente Cristian Alfonso Ríos Moncayo; el cabo Freddy Alexánder Tocarruncho y los soldados Jorge Andrés Cardona Alzate, Daladier Avendaño Usuga, Juan Gabriel Paniagua Urrego y Sergio Andrés Erazo, que buscaban echar abajo la pena.
 
Los militares se vieron involucrados en un escándalo luego de que se conoció que el 11 de diciembre del 2006 llegaron hasta la mencionada comuna en busca de varios jóvenes que fueron acusados por una joven que manifestó que el grupo de muchachos la había violado.
 
Una de las víctimas de la agresión, identificada como Edison de Jesús Quiceno Gil, se desplazó hasta la base militar No. 2, ubicada en Medellín, porque le dijeron que andaban buscándolo de esa guarnición.
 
"Al presentarse Edison en la base militar fue aprehendido por los soldados que allí se encontraban, quienes lo trataron de violador, procedieron luego a golpearlo de manera reiterada y le ocasionaron múltiples lesiones con el fin de castigarlo y obligarlo a decir quiénes eran las otras personas que se encontraban con él la noche de los hechos", precisa uno de los apartes del expediente.
 
Ante el ataque, Quiceno les indicó la dirección de un muchacho que fue identificado como Iván, quien también corrió con la misma suerte. A su vez, Iván dio los nombres de dos hombres más (Edwinson y Henry), quienes también fueron trasladados a la guarnición militar.

La andanada de golpes y malos tratos a los que fueron sometidos los sujetos fue valorada por peritos de Medicina Legal que determinaron una incapacidad de 20 días para cada uno de ellos.

Tras el hecho vino la denuncia y la posterior investigación, que fue resuelta el 20 de noviembre del 2008 por el juez quinto penal de Medellín condenando a 23 años a los involucrados. En ese momento, la defensa apeló y seis meses después, el Tribunal de esa ciudad redujo la pena a 20 años.

Pero tras esa segunda instancia, los abogados recurrieron a presentar un recurso de casación que pretendía echar abajo la sentencia del Tribunal. No obstante, la Corte inadmitió las demandas y dejó en firme el fallo.