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| 7/9/2012 12:00:00 AM

Corte Suprema indagará a conciliadores de la reforma a la Justicia

La indagación preliminar se desprende de una denuncia presentada ante el alto tribunal y la cual pide que se les acuse a los congresistas del delito de prevaricato.

La sala penal de la Corte Suprema abrió indagación previa a los congresistas que definieron, en trámite de conciliación, el texto final de la reforma a la Justicia. Fuentes del alto tribunal aseguran que esta es una acción, "meramente formal".

La decisión del alto tribunal contradice una declaración del presidente de la sala penal de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, quien aseguró el 28 de junio -el día en que el acto legislativo iba a ser archivado- que los congresistas no serían investigados por el delito de prevaricato.

"Cuando se habla del delito de prevaricato se parte del supuesto de que el funcionario obra de manera burda, abiertamente contrario a la ley", dijo el magistrado ese día.

Otro argumento es que hubo una convocatoria de parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos.  "Lo menos que puede hacer el Congreso es asistir para el estudio de las objeciones", argumentó entonces Bustos.

Horas antes del hundimiento de la reforma el presidente Juan Manuel Santos aseguró que asumía la responsabilidad política y jurídica por las objeciones que presentó y por las sesiones extraordinarias a las que convocó. Y agregó que, como jefe de Estado, era su deber y su facultad objetar la reforma.

"No vamos a permitir que se ponga en peligro el andamiaje de nuestras instituciones republicanas y democráticas. Ésta es una hora de deberes y responsabilidades", afirmó entonces el mandatario.

Sobre la investigación que se ha abierto a los miembros del Congreso, el jefe del Ministerio Público aseguró que esa entidad "ha iniciado la investigación correspondiente y se ha decretado la toma de las pruebas para establecer los eventuales responsables en los hechos que dieron lugar a la elaboración y aprobación del acto legislativo".

De otro lado, la Corte también admitió una denuncia en contra de los legisladores que aprobaron la Ley 1482 del 2011. En esta se añadió el delito de discriminación en contra de personas con orientación sexual distinta a los heterosexuales.

En la demanda se señala que los congresistas aparentemente se extralimitaron en sus funciones cuando aprobaron la iniciativa pese a las objeciones de la Presidencia de la República. El demandante argumenta en su denuncia que esta debió ser aprobada en una ley estatutaria.
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