Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2016/06/07 14:07

El pulso que los 'yidispolíticos' perdieron ante la Corte Suprema

Iván Díaz Mateus, condenado por la ‘yidispolìtica’, perdió la batalla que libraba para que esa corporación le reconociera su derecho a la doble instancia.

Mateus esperaba que la Corte Suprema evaluara sus argumentos para que se revocara la condena en su contra. Foto: Fiscalía

Tal y como les pasó a los uribistas condenados por Agro Ingreso Seguro (AIS), las ‘chuzadas’ del DAS y la parapolítica, los dirigentes condenados por haber vendido su voto en favor de la reelección del expresidente Álvaro Uribe se quedaron con los crespos hechos en su deseo de beneficiarse del fallo que crea la doble instancia para procesados que no tenían derecho a ella.

La Corte Suprema de Justicia indicó que el Congreso es el órgano del Estado que debe hacer valer el derecho a la doble instancia que le concedió la Corte Constitucional a los funcionarios con fuero que sean condenados.

Esto a propósito de la decisión de su Sala Penal de rechazar el recurso que presentó el exrepresentante Iván Díaz Mateus para que se revocara la condena que se le impuso hace seis años por el escándalo de la Yidispolítica.

En el 2014 la Corte Suprema de Justicia estableció que todos los sujetos procesales que hubieren sido condenado por primera vez tendrían que tener el derecho a impugnar los fallos.

Eso significaba que congresistas, ministros, gobernadores, generales y demás servidores juzgados en única instancia podrían interponer recursos cuando hubieren sido hallados penalmente responsables en los procesos que se libraran en su contra.

Además, quienes hubieren sido absueltos por un juez y condenados por un tribunal superior o absueltos en esas dos instancias y condenados únicamente por la Corte Suprema de Justicia también estarían cobijados por esa nueva tesis.

En ese entonces, la Corte Constitucional le dio dos años al Congreso para edificar esa nueva estructura jurídica y señaló que, si al cumplirse el plazo el legislador no había cumplido con ese cometido, este tipo de procesados podría impugnar la condena ante el superior jerárquico del órgano judicial que los sentenció.

Tras cumplirse el plazo sin que el Congreso atendiera ese llamado, la Corte Suprema de Justicia empezó a recibir una verdadera avalancha de recursos de exministros, excongresistas y demás exservidores estatales condenados que esperaban ser adjudicatarios del beneficio concedido por el máximo tribunal constitucional.

La frustración fue mayúscula. Primero, porque la decisión solo cobijaba a los procesados condenados desde el 26 de abril del 2016 en adelante y, segundo, porque la Corte Suprema se declaró falta de competencia para estudiar esos recursos.

Uno de los que fracasó en ese empeño fue el excongresista Iván Díaz Mateus, de que habría hecho parte del artilugio que permitió la llegada a su curul de Yidis Medina, para que ella, con su voto, favoreciera las intenciones de altos funcionarios del Gobierno Uribe para que se aprobara la reelección inmediata de quien ocupara la jefatura del Estado.

Mateus esperaba que la Corte Suprema evaluara sus argumentos para que se revocara la condena en su contra, pero ese alto tribunal respondió que, sin la mediación del Congreso, será imposible garantizar el derecho a la doble instancia que reconoce el polémico fallo de la Corte Constitucional.

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