Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2015/09/24 06:23

Por ahora, no se frenarán eventuales extradiciones de guerrilleros

Para la Corte Suprema, el narcotráfico sigue siendo susceptible de ser juzgado en el exterior.

Por ahora, no se frenarán eventuales extradiciones de guerrilleros Foto: Archivo SEMANA

Mientras el país se regocija del acuerdo al que llegaron el Gobierno y las FARC para el juzgamiento especial de los integrantes del grupo insurgente, la Corte Suprema advierte que todavía se requieren muchos retos del diseño institucional para materializar lo pactado.

Por eso, y mientras se reglamentan los acuerdos, este sector de la justicia advierte que delitos como el narcotráfico -cuando se cometen en el exterior- deben seguir dando lugar a la extradición.

Por muchos bríos que haya podido traer el mensaje que las FARC y el propio presidente Juan Manuel Santos le dieron al país, aun cuando la esperanza haya renacido en algunos de los más excépticos, según la Corte, la ley sigue siendo una barrera.

Según un concepto de la Sala Penal incluido en una providencia para la extradición de un guerrillero, no se han previsto restricciones para que las autoridades de los países que son víctimas del narcotráfico tengan derecho a juzgar a los responsables, aunque se trate de rebeldes inmersos en un proceso de paz. Menos, cuando como en este caso hay compromisos internacionales ineludibles para Colombia.

Uno de ellos es la Convención de las Naciones Unidas para el tráfico de Estupefacientes, que compromete a organismos de seguridad y cuerpos coercitivos del país de donde es oriundo el presunto responsable a perseguirlos y detenerlos. El objetivo,  por supuesto, es que sea la justicia del país en el que se comete el delito la que juzgue la conducta.

La Corte advierte no tener alternativas legales para evitar la extradición a un insurgente de las FARC encargado del cobro de llamado gramaje, una especie de impuesto ilegal que grupos alzados en armas han venido cobrándoles a las bandas narcotraficantes para financiar sus actividades.

Sin embargo, cabe recordar que es el presidente quien, motu proprio, sigue teniendo la última palabra frente a este y todos los demás procesos de extradición. Esto significa que, independientemente de lo que señale la Corte, el jefe del Estado tiene la facultad de negarse a autorizar el traslado.

Además, como bien lo expresa la Corte, la posibilidad de frenar los requerimientos de extradición está sujeta a un cambio en la legislación.

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