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| 2/28/2016 8:50:00 PM

Un fallo adverso para la UP

La Corte Suprema de Justicia revocó la decisión del Tribunal Superior de Medellín que calificó a todos los homicidios contra los militantes de este partido como crímenes de lesa humanidad. La decisión reabre el debate.

Una de las batallas que han librado los sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica, ha sido que la justicia, colombiana e internacional, califique como crimen de lesa humanidad los homicidios contra dirigentes de este partido. Entre 1984 y 1995, se estima que más de cinco mil militantes, dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes fueron asesinados por paramilitares en complicidad con agentes del Estado. A punta de bala, la UP desapareció de la vida política.

En Colombia y el exterior, los sobrevivientes han expuesto su caso para demostrar que el exterminio de la UP es un caso de genocidio. En ese empeño se han chocado con el Estatuto de Roma que no califica el genocidio cuando se trate de un partido político.

La Corte Suprema de Justicia comparte esta última concepción. Por eso, revocó la decisión del Tribunal Superior de Medellín de declarar delitos de lesa humanidad todos los asesinatos de los militantes de la Unión Patriótica, partido que se originó en los acuerdos de La Uribe, en el proceso de paz entre las FARC y el presidente Belisario Betancur para conquistar la paz.

Cuando la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín condenó a Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, lo responsabilizó, entre otros delitos, de las muertes de 10 militantes de la UP.

 
Monoleche, uno de los lugartenientes de Carlos Castaño, participó en las muertes de cientos de personas. Luego, su principal objetivo era exterminar a cualquiera que estuviera bajo sospecha de ser colaborador de la guerrilla o quien guardara alguna afinidad con grupos armados de izquierda, en especial simpatizantes de la UP, que eran un objetivo para ‘Monoleche’. La UP fue estigmatizada como el brazo político de las FARC.

De ahí que al condenar a ‘Monoleche’ por los homicidios de 10 personas que pertenecieron a ese movimiento, el Tribunal declarara estos asesinatos y los de los demás miembros de la colectividad “delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra conforme al Derecho Internacional Humanitario”.

Así, la corporación le impuso la pena alternativa de ocho años que deben cumplir los postulados de Justicia y Paz y le concedió la libertad a prueba por pena cumplida.

Con ponencia del magistrado Fernando Castro, la Corte Suprema dejó sin efectos varias de las determinaciones del Tribunal. Lo primero es que revocó la orden de libertad, por considerar que esa decisión compete exclusivamente a un juez de ejecución de penas.

Pero lo trascendental es que reversó la decisión de declarar todas las muertes de militantes de la UP delitos de lesa humanidad.

“(…) Es evidente que una afirmación de tal naturaleza se debe hacer al interior de cada proceso, a efecto de que las partes involucradas puedan ejercer el correspondiente derecho de contradicción”, dice la providencia, en la que se aclara que ‘Monoleche’ ni siquiera era juzgado por su complicidad en la muerte de militantes de ese partido.

Para los expertos, el exterminio de una colectividad por motivos políticos sí puede ser juzgado como de lesa humanidad. El exmagistrado Augusto Ibáñez explicó que el Estatuto de Roma sólo reconoce como genocidio el ataque sistemático a grupos nacionales o comunidades étnicas, por tratarse de valores que identifican a las sociedades desde su nacimiento. Sin embargo, también existe la persecución por motivos políticos, aseveró.

Aclaró que aunque el caso de la UP no pueda ser considerado genocidio, sí constituye un delito de lesa humanidad porque el Estatuto de Roma reconoce la persecución por motivos políticos como una conducta que tiene esa connotación.

Añadió que esa conclusión fue la que llevó a la Corte a juzgar al excongresista César Pérez García por la masacre de Segovia (Antioquia), en la que paramilitares asesinaron a 43 personas, como represalia por la victoria que obtuvo la UP en las elecciones regionales de 1987 en esa zona.

Alejandro Sánchez, doctor en derecho y exintegrante de la Corte, también defiende esa tesis. Dijo que lo de esa colectividad es un ataque generalizado y sistemático contra un sector de la población civil inspirado por las convicciones políticas de quienes pertenecieron a ese grupo. Sin embargo, aclaró que no cree que la Corte haya querido negar el aniquilamiento de la UP.

El senador Iván Cepeda también le expresó a Semana.com el desconcierto que le deja esta decisión. “Lamentable que, al día de hoy, todavía existan operadores judiciales que nieguen el exterminio masivo y sistemático que tuvo el ataque contra la Unión Patriótica”, dijo.

A su juicio, es un mensaje equivocado en la reconstrucción de la memoria histórica y lo es también para la cultura política de Colombia. Tarde o temprano, dice, el Estado va a tener que reconocer que esa colectividad fue víctima de un atroz exterminio. Para él, es imposible negar que las muertes de los miembros del partido fueron motivadas exclusivamente por su pertenencia a un grupo político.

El senador y otras personalidades se preguntan qué efectos puede tener un pronunciamiento de esa naturaleza en las negociaciones de paz de La Habana (Cuba), pues no se puede perder de vista que la Unión Patriótica surgió del primer compromiso que tuvieron las FARC con la paz y que luego se diluyó por el estancamiento que tuvieron las conversaciones con el gobierno Betancur.

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