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| 11/10/2003 12:00:00 AM

¿Cortina de humo?

La vehemente negativa del presidente Lucio Gutiérrez no oculta que el tráfico de armas del ejército de Ecuador hacia Colombia es un secreto a voces.

La explosión del cohete con el que se atentó contra el dirigente ganadero Jorge Visbal el 15 de octubre sigue resonando en Quito con más fuerza que en Bogotá.

La razón es que el presidente ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, exige una rectificación expresa de su colega Alvaro Uribe acerca de su acusación según la cual "militares ecuatorianos corruptos venden armas de sus Fuerzas Armadas a terroristas colombianos".

En Ecuador el asunto creció cuando el jefe de Inteligencia del Ejército, el general Jaime Andrade, a su retorno de Bogotá, aseguró haber sido presionado por "autoridades colombianas" para que aceptara que el lanzacohetes era de Ecuador.

Con todo, los recelos entre el Palacio de Carondelet y la Casa de Nariño parecían superados luego de que el canciller, Patricio Zuquilanda, viajara también a Bogotá a entrevistarse con su colega Carolina Barco, y ésta emitiera un comunicado afirmando, entre otras cosas, que nunca se quiso cuestionar la honorabilidad de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Sin embargo, sorpresivamente, el libreto cambió y el impasse entre los dos países -que se creía superado- aumentó luego de que Gutiérrez retornó de Miami, donde participó en la Conferencia de las Américas, y dijo que "las declaraciones de Uribe necesitan ser rectificadas de manera más contundente". Llamó a consultas a su embajador en Colombia, Wilson Torres, medida que, según los códigos diplomáticos, no es otra cosa que mostrar la inconformidad ante un gobierno.

¿Por qué Gutiérrez endureció su posición 15 días después de las declaraciones de Uribe? En Ecuador hay varias versiones.

Para los más imaginativos todo es un juego político calculado por Washington y Bogotá para involucrar al Ecuador en el conflicto colombiano. Para otros es la reacción del ex militar Gutiérrez, a quien sus compañeros de armas le habrían insinuado que "hay que reaccionar cuando se pone en entredicho a la institución, máxime cuando el Ecuador no linda con Colombia sino con las Farc y el ELN", según una fuente cercana a Gutiérrez que prefirió el anonimato.

No falta quien sostenga que Gutiérrez se decidió por el escándalo, tratando de superar la falta de credibilidad en que, por diversas razones, ha caído el régimen en los últimos meses.

Finalmente, para otros primó la soberbia del jefe de Estado ecuatoriano, a quien le incomodó que su homólogo no hubiera rectificado públicamente y, en un último comunicado, sólo se limitara a indicar que Colombia aceptará las pruebas que las investigaciones arrojen sobre la procedencia del lanzacohetes.

Por eso mismo Gutiérrez restó credibilidad al último informe del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que señala que el cohete utilizado en el atentado pertenece a Ecuador.

El informe, que cuenta con la certificación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), señala que en el cascarón es visible el número 77, que corresponde al año de fabricación. "Realizado el rastreo con la ATF se determinó que fueron fabricados en marzo de 1977 por la empresa Lone Star Army Plant, en Texarcana, Texas, y vendidos en julio de ese año al ejército ecuatoriano", indica el documento. Agrega que es un artefacto similar a otros incautados por el Ejército de Colombia y el DAS, uno de ellos el 24 de enero de 2003.

Pero Gutiérrez insiste insiste en que "unos cuantos cientos de esos miles fueron comprados por Ecuador, pero también fueron comprados por otros países".

El ex mandatario Rodrigo Borja aseguró, en tanto, que el cohete era ecuatoriano y que Gutiérrez, en lugar de justificar a las Fuerzas Armadas debería investigar y sancionar a los responsables del hecho.

"De eso no hay dudas y hay pruebas, dijo a SEMANA, y agregó que el gobierno hace mal en tratar de ocultar el caso cuando debería aceptar la verdad y buscar una fórmula de castigo para quienes resulten implicados en la venta de armas".

Secreto a voces

La realidad es que el tráfico de armamentos y municiones desde Ecuador a los grupos irregulares colombianos no es nada nuevo. Para nadie es un secreto que la frontera amazónica es un corredor estratégico a través del cual los grupos insurgentes colombianos se aprovisionan de todo, pero especialmente de armas.

Hace tres meses una investigación realizada por la Fiscalía y la Policía Judicial del Ecuador concluyó que dos militares en servicio activo y uno pasivo eran los presuntos enlaces en las operaciones de venta de armas a las Farc.

Hasta donde se sabe, el suboficial de artillería Carlos Zeas Sánchez y el sargento primero Julio Briones, custodios de una bodega militar, sustraían proyectiles, granadas de mano, cordón detonante y pentonita para negociarlos con intermediarios ecuatorianos, quienes a su vez los entregaban a traficantes colombianos. En el operativo en que cayeron los implicados se decomisaron 20 proyectiles para mortero M60.

El contrabando fue descubierto cuando se requisó un bus en plena carretera Panamericana, en cercanías de Guayllabamba, en la vía que conduce de Quito a la ciudad fronteriza de Tulcán. Los armamentos estaban camuflados debajo de los asientos. Cada misil de mortero era vendido en 1.00 dólares en promedio.

Los ecuatorianos Luis Yandún Molina, Clara Yandún Rodríguez, Víctor Vega Mora y Jorge Patiño Torres (militar en retiro) eran el enlace entre los militares y los colombianos Sandra Checa y Javier Maya que, a su vez, actuaban como nexos con las Farc.

Estos últimos, residentes en Ipiales, donde Checa es propietaria de un restaurante, no pudieron ser capturados, según informó a SEMANA un agente del DAS en esa ciudad.

El entonces jefe de la Policía Judicial, Mario Albarracín, indicó que los militares detenidos confesaron conocer "que los materiales bélicos que habían vendido estaban destinados a las Farc y que en las poblaciones de Aloag y Machachi realizaron la entrega de tres embarques anteriores".

El oficial agregó que los detenidos revelaron que por la mercadería se pagaron 3.000 dólares. En realidad, el precio de lo incautado pudo ser mayor.

No es la primera vez que se sospecha de un contrabando de este tipo con destino a los grupos insurgentes colombianos. Un paramilitar disidente, identificado como 'Roberto', reveló a SEMANA que las armas entraban hasta el departamento del Putumayo, fronterizo con Sucumbíos, en camiones que transportaban productos agrícolas.

"El más grande envío que recibimos estaba debajo de un gran cargamento de cebollas, dijo. No era la primera vez que nos llegaban fusiles y granadas", añadió.

Pais de paso

En otros casos el Ejército colombiano ha incautado a los rebeldes armamentos y municiones procedentes de Ecuador.

"Muchos explosivos, por ejemplo, proceden del Perú y buena parte de esa fabricación parece que se filtra a Colombia", de acuerdo con el ex ministro de Defensa, almirante (r) Hugo Unda, quien habló sobre el tema con SEMANA hace varios meses.

En el Ministerio de Defensa del Ecuador, el comando conjunto y el Ejército hay total hermetismo sobre las investigaciones. No obstante, el coronel en retiro Guillermo Cobo sostuvo a SEMANA que entre 1999 y 2002 desaparecieron misteriosamente 105.000 cartuchos de una sola brigada, la de Artillería 'Bolívar', localizada en la provincia de El Oro, al sur del país.

A mediados de 2002 Cobo llegó a comandar dicha brigada y luego de dos meses de verificación detectó el faltante. Cuando dio parte de esta irregularidad a sus superiores se le indicó que tras una investigación se haría un informe, pero esto nunca se dio. Al contrario, "ahora el jefe del comando conjunto, Octavio Romero, dice que yo sería cómplice de estas desapariciones de armas y municiones", afirmó Cobo, a quien se le negó su ascenso a general. Y recalcó: "En este tipo de actividades debe haber complicidad de oficiales de alto rango, y no sólo la participación de sargentos y cabos".

El propio ministro de Defensa Nacional, Nelson Herrera, reveló el 8 de septiembre, en una cadena nacional de radio y televisión, que 37 oficiales de diferente grado, 36 voluntarios y un recluta se encontraban bajo procesos judiciales por la desaparición de armas y su posible venta a grupos irregulares colombianos.

Por otra parte, dos oficiales, un coronel y un capitán, han sido acusados de terrorismo y de conspirar contra la seguridad nacional luego de comprobarse que mantenían contactos radiales con miembros de las Farc en la zona fronteriza.

Como opera el mercado

Las armas y los proyectiles se adquieren en su mayoría en los mercados negros de las ciudades de Huaquillas (frontera con Perú), Guayaquil y Santo Domingo de Los Colorados. El material es transportado en camiones, casi siempre camuflado entre diversos productos, hasta Quito y luego enviado a Colombia a través de las vías Tulcán-Ipiales o la provincia de Sucumbíos hasta el cercano departamento del Putumayo. Igualmente, se utilizan rutas fluviales y pistas clandestinas para avionetas.

El abastecimiento también se realiza en las localidades de Nueva Loja y General Farfán, limítrofes con el Putumayo, donde es común ver a ciudadanos colombianos, en su mayoría de paso, que actúan como mensajeros de los grupos insurgentes.

Aunque se han iniciado investigaciones sobre esta venta ilícita no se conocen hasta ahora -aparte de los últimos detenidos- quiénes podrían ser los verdaderos proveedores de tales pertrechos, es decir, los dueños del negocio.

En realidad Ecuador ha sido una de las rutas más utilizadas para este tipo de contrabando. Tanto por la región amazónica como por Carchi o por Esmeraldas, cuando llegan en barco. Y en el caso de este último punto, pasan al puerto colombiano de Tumaco o se desvían por ríos y carreteras.

Las rutas son: de Esmeraldas a Tumaco y de aquí a las poblaciones de Guachucal y Pasto, en el departamento de Nariño. Otro camino a seguir es por la carretera Panamericana: Quito-Ibarra-Tulcán-Ipiales. Y una tercera opción es desde Lago Agrio (o Nueva Loja) a San Miguel y Puerto Asís (Putumayo).

En otras palabras, la ruta utilizada por los irregulares para transportar drogas es la misma por la que introducen armas. Se sabe que los fusiles que más están ingresando a Colombia son modelo Mak-20 Sporter, de fabricación china, así como granadas antitanques FAL. Los fusiles tienen legalmente un precio promedio de 200 a 300 dólares, mientras que en Colombia se venden en aproximadamente 1.100 dólares.

No falta, tampoco, la venta ilegal de dinamita y precursores químicos para el procesamiento de cocaína. Muchos de tales elementos han sido incautados por el Ejército ecuatoriano en los últimos meses.

Para un ex guerrillero, en tanto, "Ecuador se ha convertido en el eje del mercado negro de armas para los grupos insurgentes que operan en el suroeste colombiano. Y el mejor cliente de esa industria bélica son las Farc".

Provengan de Ecuador o de cualquier otro país, la frontera es el sitio clave para el contrabando de armamentos.

En esas condiciones, y ante lo apabullante de los hechos, resulta incomprensible la actitud de Gutiérrez, quien ha sido consistentemente un aliado de Uribe en sus campañas internacionales por la condena del terrorismo de las Farc. Al cierre de esta edición se supo que los dos presidentes habían dialogado telefónicamente, pero tanto la cancillería ecuatoriana como la embajada colombiana en el vecino país dijeron desconocer los términos de esa charla. El tema, pues, sigue abierto.
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