Corto circuito

Apesar de todas las normas que regulan los servicios públicos en el país, hay uno que ha florecido, casi silvestre, sin mayor control. Se trata del servicio del alumbrado público, que aunque mueve alrededor de 160.000 millones de pesos en dineros de los contribuyentes cada año, no tiene una reglamentación ni una vigilancia clara. Esto se ha prestado para que a la sombra de los postes de la luz, no pocos municipios se embarquen en contratos desfavorables para sus finanzas y para los bolsillos de residentes, comerciantes y empresarios. En unos lugares a los usuarios les llegan cuentas injustificadas y exorbitantes por alumbrado, y por ello se cuestiona que algunos operadores de este servicio, sean públicos o privados, estén ganando demasiado.

SEMANA encontró casos como el de Ibagué, donde el municipio administra directamente el alumbrado público y que durante años les cobró a las grandes empresas un impuesto mensual de 30 millones de pesos por este servicio. Ante la queja de los industriales, el impuesto se bajó de un plumazo a tres millones de pesos, lo que dejó en evidencia que no existía mayor soporte para el cobro que se había hecho antes.

En Soledad, Atlántico, el Concejo aprobó una norma por la cual le cobra a cada una de las empresas generadoras de energía que estén operando en el municipio 70 millones de pesos al mes por el alumbrado. Y en Santa Marta un acuerdo similar le aumentó a Ecopetrol su tarifa de 800.000 pesos mensuales a 150 millones de pesos. Esta última es una cifra desproporcionada teniendo en cuenta que su factura mensual por consumo de energía es de apenas ocho millones de pesos.

En Barranquilla, como lo documentó una investigación de la Unidad Investigativa de Protransparencia y la Cámara de Comercio de esa ciudad, el Concejo aumentó en 169 por ciento las tarifas de alumbrado de 1993 a 1996. Justo ese año le entregó la concesión a un privado, y en los cinco años siguientes autorizó incrementos por 56 por ciento más.

El origen

¿Por qué de pronto empezó a cobrarse tan caro en algunos lugares el servicio del alumbrado público? Después de sufrir la crisis provocada por el apagón de 1992, el gobierno estudió la forma de reducir el consumo de energía. Encontró que los alumbrados públicos, por el tipo de bombillo que utilizaban, era una de las causas de los elevados consumos. Por eso trazó una política con la que se buscó modernizar su tecnología. Pero esto implicaba grandes inversiones y los empobrecidos municipios no tenían con qué hacerlo. De ahí surgió la idea de las concesiones privadas. Como sucedió con otros servicios, se esperaba que el privado hiciera las inversiones necesarias, operara el servicio con mayor eficiencia y ganara por ello una utilidad razonable. Para financiar el nuevo esquema, muchos municipios que aún no cobraban el alumbrado empezaron a incluirlo como un impuesto en las facturas de cobro de la energía.

Un puñado de empresarios crearon firmas con miras a obtener concesiones en diferentes partes del país. Aunque ninguna autoridad estatal tiene el número exacto, pues el alumbrado no está regulado ni por la Creg ni por la Superintendencia de Servicios Públicos, algunos expertos calculan que un centenar de municipios han concesionado su alumbrado a firmas privadas. En el sector se distinguen tres grandes empresarios: Remberto Merlano, que participa de nueve concesiones, principalmente en la Costa Caribe (Diselecsa e ISM); William Vélez, que está en siete en distintos departamentos (Eléctricas de Medellín), y Alberto Ríos, en cinco concesiones en el centro y occidente del país (Enelar de Pereira y Sociluz).

También las electrificadoras entraron a competir por administrar los alumbrados públicos. El negocio resulta atractivo para estas pues como concesionarios recaudan directamente de los usuarios y se evitan los problemas de antes, cuando los municipios les quedaban debiendo millones por cuenta del alumbrado.

Ademas, algunos pocos municipios decidieron prestar el servicio directamente.

Los problemas

Como los municipios no tenían experiencia en el tema y las normas eran demasiado amplias, a la hora de llevar a la práctica las concesiones con los privados han surgido muchas dificultades.

Para empezar, en algunos lugares no se hicieron los estudios necesarios para saber qué era lo que se estaba entregando en concesión. Por ejemplo, en Pereira se negoció sobre la base de que el municipio tenía 45.000 luminarias cuando en realidad sólo tenía 23.000. Un sobrecosto de estos durante 20 años, que es el tiempo promedio que duran estas concesiones, le puede representar al concesionario una ganancia extraordinaria. Afortunadamente, en el caso de Pereira se corrigió pronto el desfase. Pero esto no sucede todas las veces.

En segundo lugar ha habido duras críticas a la forma como se han adjudicado los contratos. Así, la Contraloría General de la Nación ha denunciado el caso de La Victoria, Valle, porque encontró que los pliegos estaban amañados. En El Dovio, del mismo departamento, según lo documentó SEMANA, las condiciones para adjudicar el contrato eran más favorables para la firma que ganó. En Floridablanca y San Gil, en Santander, según la Contraloría, se entregaron sendas concesiones bajo un complejo esquema en el que no medió concurso público para escoger la que mejores condiciones les dieran a los municipios.

En tercer lugar han surgido cuestionamientos sobre las condiciones que han pactado los municipios para la operación del servicio. Uno de estos casos es la concesión de Barranquilla, donde el Concejo autorizó que se le pagara al concesionario el 18 por ciento de aumento cada año por sus servicios de operar y mantener la red, una cifra muy por encima del aumento de la inflación de los últimos años. Remberto Merlano, el representante de la concesionaria, asegura que eso se pactó así porque esa era la inflación que había en 1996. Las protestas llevaron a que este punto se revisara y desde el año pasado se acordó que el reajuste anual sea igual al incremento de la inflación del año anterior.

En Cartagena esta misma concesionaria adujo un desequilibrio financiero en su contra y pidió un aumento de tarifas. Sin embargo, la interventoría y algunas veedurías no le encontraron razón y se opusieron. El contrato no varió.

En Sincelejo, Electro Atlántico era la empresa que tenía la concesión de alumbrado. Su gerente Gabriel Peláez asegura que el Concejo de esa ciudad le bajó las tarifas sin ningún motivo y que la electrificadora encargada de recaudar el impuesto a través de la factura de energía no le giró un peso de lo que le correspondía por más de un año. Por eso, Electro Atlántico enfrentó una difícil situación financiera, el municipio le canceló el contrato y adjudicó la concesión nuevamente. Debido a esto inició procesos legales en contra del municipio y la electrificadora.

En cuarto lugar se ha señalado la falta de fiscalización sobre las concesiones. La ley dejó vacíos sobre quién debía estar pendiente de este tema y hoy ningún ente de control nacional los vigila. Tanto es así que pese a que en la mayoría de los contratos se contemplan interventorías, estas no siempre se realizan o quedan en manos de funcionarios con poco conocimiento técnico del tema. En el caso de Tuluá, la cosa fue aún peor. Este municipio entregó en concesión su alumbrado público sin prever ningún tipo de interventoría. Es decir, nadie certifica que el contratista preste los servicios por los que cobra.

Ante las múltiples críticas y denuncias sobre lo que sucedía con el alumbrado público, la comisión sexta de la Cámara de Representantes solicitó hace dos años a la Contraloría hacer un control excepcional. Esta entidad publicó un primer informe en el que llamó la atención acerca de cómo pocas firmas han logrado los mejores contratos.

Sin embargo, algunos de estos concesionarios entrevistados por SEMANA aseguraron que han ganado sus contratos en franca lid en licitaciones públicas y que ningún órgano de control los ha cuestionado. Dicen que se ha buscado satanizar las concesiones con privados porque hay muchos interesados en estos negocios. En el sector hay además consenso en que el servicio de alumbrado público en las ciudades donde operan empresarios privados ha mejorado sustancialmente.

De todos modos queda mucha tela para cortar hasta lograr ordenar este sector. Los industriales aseguran que el impuesto al alumbrado es un factor que les baja la competitividad a los municipios, pues sin mayores consideraciones técnicas les cargan gran parte del alumbrado público de toda una ciudad. La Contraloría, por su parte, en los próximos días dará a conocer el segundo informe sobre la materia. Sin embargo, estos estudios se han centrado en las concesiones a los operadores privados y es poco lo que se ha estudiado sobre lo que está pasando en los lugares donde la operación y el mantenimiento del alumbrado están en manos de las electrificadoras.

Y en el Congreso ya está en tercer debate un proyecto de ley que busca ordenar este servicio, pues hay temor de que ante la falta de reglamentación y control, algunas situaciones se presten para favorecimientos políticos o incluso corrupción.