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| 12/4/2010 12:00:00 AM

Corto test ideológico

SEMANA aplicó el mismo cuestionario sobre temas cruciales de coyuntura a varios voceros del uribismo y ratificó las diferencias ideológicas que existen en ese sector.

Desde que el presidente Juan Manuel Santos anunció los principales proyectos de su agenda legislativa, mucho se ha especulado en el mundo político sobre las diferencias entre dos sectores del uribismo. Uno, cercano al ex presidente Uribe, con posiciones conservadoras y a veces reactivas frente a las reformas propuestas por el mandatario actual. Y otro, más moderado, en el que estas se avalan por completo. Aunque los seis entrevistados coinciden en valorar la reconstrucción de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, es clara la falta de consenso que existe en torno a otros temas puntuales como los enfoques de la ley de víctimas y la de tierras, y la percepción que existe frente a una eventual persecución de la Corte Suprema a funcionarios del gobierno Uribe. 
 
El test

1. ¿Qué opina de que en el proyecto de ley de víctimas se haya incluido la reparación a las víctimas de agentes del Estado?

2. ¿Cree que el Estado debe asumir la reparación de las víctimas y que tiene recursos para hacerlo?

3. De acuerdo con lo planteado para la ley de tierras, ¿qué opina de que los propietarios sean quienes tienen que demostrar la buena fe en su adquisición?

4. ¿Qué opina del restablecimiento de las relaciones con Venezuela y de que el presidente Santos se haya referido Chávez como su “nuevo mejor amigo”?

5. ¿En Colombia hay garantías para un juicio justo a ex funcionarios de Uribe como María del Pilar Hurtado?

6. ¿Hay o ha habido una persecución política contra funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe?

7. ¿La demora para elegir Fiscal se debió, principalmente, a una actitud de la Corte Suprema o a la calidad de la terna?

Francisco Santos
Ex vicepresidente de la República


1. El proyecto de ley de víctimas equipara a criminales sin control con funcionarios a quienes vigilan la Procuraduría, la Fiscalía y los mandos. Se prestará para abusos.

2. El Estado sí debe asumir costos de la reparación, pero debe haber control al gasto para no prometer, no cumplir y victimizar de nuevo.

3. Con la carga de la prueba a favor de quienes se declaran víctimas del desalojo se rompe la presunción de inocencia y todos los que han cumplido la ley arrancan a la par con los delincuentes. Se van a cometer terribles abusos.

4. El restablecimiento de las relaciones con Venezuela era necesario, pero Colombia ha recibido muy poco a cambio. Iván Márquez, ‘Grannobles’, Antonio García, para solo mencionar a algunos, siguen allá tranquilos.

5. En Colombia no hay garantías para un juicio justo contra ex funcionarios como María del Pilar Hurtado. Las filtraciones y el periodismo sesgado la condenaron a priori. También la Corte con los pronunciamientos de su vocero. Y la Fiscalía abusó del sistema penal acusatorio y valora solo el testimonio de quienes quieren salvar su pellejo.

6. Contra los funcionarios de Álvaro Uribe no ha habido una persecución política, sino una persecución judicial.

7. La Corte necesitaba un Fiscal de bolsillo.


Armando Benedetti
Presidente del Senado, Partido de la U

1. El concepto de víctimas de agentes del Estado fue incluido en la mesa de la Unidad Nacional. La determinación del caso se dará ante las autoridades administrativas y no judiciales.

2. Los primeros llamados a asumir los costos de la reparación deben ser los victimarios. No obstante, por haber definido Colombia como principio tutelar el respeto a la dignidad humana, el Estado está en la obligación de honrar estos costos de conformidad con una estrategia fiscal.

3. Recaudar el material probatorio sobre hechos ocurridos en el marco de un conflicto armado siempre va a ser un asunto de suma dificultad para la parte más débil de los litigios, que son los desplazados. Es natural que, en aras de la justicia real y efectiva, la carga de la prueba debe trasladarse al actual propietario.

4. Dos países con intereses comunes como Colombia y Venezuela no pueden tener sus relaciones interrumpidas. El nuevo ambiente en las relaciones bilaterales es bueno para el país.

5. En Colombia sí hay garantías para las personas investigadas y procesadas por la justicia. Lamento que Panamá no le hubiera avisado al gobierno colombiano sobre la aceptación de asilo de la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado. Sin embargo, es necesaria una reforma a la justicia.

6. No ha habido persecución contra los funcionarios del presidente Uribe, pero contra él sí.

7. La demora en elegir Fiscal se debió al hecho obvio de que ninguno de los ternados obtuvo la votación suficiente para ser elegido. Este hecho estuvo permeado por las tensiones ocurridas entre el Ejecutivo y el Legislativo.


Juan Carlos Vélez
Senador de la U


1. Estoy de acuerdo con incluir a las víctimas de agentes del Estado, siempre y cuando haya mediado un proceso administrativo abreviado donde se haya definido previamente la responsabilidad del agente del Estado y que no haya habido una indemnización administrativa previa.

2. El Estado no tiene los recursos para hacer ni asumir la reparación en los términos que están planteados en el proyecto de ley de víctimas.

3. Pienso que en algunos casos esa carga de la prueba debe recaer en el que fue desplazado, pero hay que reglamentar muy bien lo relacionado con la carga de la prueba, porque se pueden cometer algunas injusticias para los adquirentes de buena fe.

4. No le tengo ninguna confianza al presidente Chávez y tengo dudas de ese súbito enamoramiento con el presidente Santos.

5. La justicia requiere de correctivos para hacerla más eficaz. Pero con la declaración reciente del fiscal Mendoza, creería que no existen garantías en la Fiscalía para el procesamiento de ex funcionarios del gobierno del presidente Uribe.

6. Hay una retaliación de parte de los enemigos políticos del presidente Uribe contra algunos de sus ex funcionarios y algunos de los logros de su gobierno.

7. La demora en la elección del Fiscal se debió a una actitud de la Corte Suprema de resistirse a modificar los reglamentos internos que establecen las mayorías requeridas para elegir Fiscal y otros dignatarios.


Miguel Gómez
Representante y vocero de la U


1. Si en un proceso judicial se demuestra la responsabilidad de un agente del Estado, la víctima debe ser reparada plenamente. Un delito cometido por un agente del Estado es más que el cometido por un delincuente.

2. No creo en el poder reparador de los cheques individuales, sino en las reparaciones colectivas. El Estado tiene los recursos pero deberá dejar de invertir en hospitales, escuelas, seguridad e infraestructura.

3. Estoy a favor de la única instancia. Se trata de devolverles el sagrado derecho a la propiedad a quienes se les arrebató por la fuerza o la amenaza.

4. Mi abuela, una mujer sabia, decía: “Con amigos así para qué quieres enemigos”.

5. Creo que es preferible ser vencido en un juicio político en Colombia que ser vencido en un juicio político como reo ausente.

6. Los graves errores cometidos por los anteriores funcionarios públicos sumados a la politización de la justicia no permiten procesos judiciales serenos.

7. La demora en elegir Fiscal se debió a un problema interno de la Corte. ¡Se tardaron 487 días en tomar la decisión! La prueba de que es un problema interno es que tuvieron que modificar informalmente el reglamento para poder elegir un fiscal.


José Darío Salazar
Senador y Presidente del Partido COnservador


1. Cuando se reconoce víctima, se reconoce victimario. No me gusta que a la gente de la fuerza pública se le presuma victimario en actos administrativos sumarios y no judiciales.

2. El Estado no tiene los recursos para reparar a las víctimas, por eso lo hará paulatinamente en 15 años, en un inmenso esfuerzo de solidaridad de todos los colombianos.

3. No estoy de acuerdo con que la carga de la prueba esté a favor de quienes se declaran víctimas del desalojo. Quien pretenda que le devuelvan tierras debe demostrar sus títulos legítimos.

4. El presidente Santos no es ingenuo, pero sus expresiones son demasiado generosas.

5. Soy abogado, no puedo decir si ha habido garantías judiciales frente a funcionarios como María del Pilar Hurtado sin conocer el expediente.

6. Sí ha habido una persecución política a Uribe, que proviene especialmente de la oposición a su gobierno.

7. Altos magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en su momento, solicitaron que en la terna para la Fiscalía hubiera penalistas, se incluyó al menos uno. La designación recayó en Viviane Morales que, aunque es una profesional muy calificada, no es penalista.


Roy Barreras
Senador y vocero de la U


1. Es un tema muy complejo porque puede significar una especie de precondena para el Estado colombiano, que tiene efectos fiscales multimillonarios en tribunales internacionales.

2. No puede ocurrir que por la noble intención de reparar a las víctimas, que es una obligación moral de la sociedad colombiana, se abra una tronera fiscal. Lo responsable es aprobar una ley de víctimas que no tenga ese riesgo.

3. Me parece bien, creo que el despojado por sus tierras tiene que apoyarse en el Estado para poderlas recuperar.

4. El presidente Uribe hizo lo correcto cuando advirtió ante la comunidad internacional que el presidente Chávez modelo 2009 era una amenaza para la estabilidad nacional y continental. Y el presidente Santos ha hecho lo correcto al restablecer un nuevo clima diplomático.

5. Los funcionarios del gobierno Uribe han sentido que no tienen garantías judiciales. Respeto la decisión de Costa Rica y Panamá.

6. El clima de politización exacerba los ánimos, y no en pocas ocasiones gradúa de monstruos criminales a funcionarios que en ejercicio de su tarea se extralimitaron en sus funciones, pero que no son criminales de lesa humanidad.

7. Creo que hay un problema de política electoral dentro de las Cortes, no solo de la Suprema sino del Consejo de Estado, que fue el causante de la demora en elegir Fiscal.

Prefieron no contestar

Algunos parlamentarios y líderes uribistas no contestaron el cuestionario. El senador y presidente de la U, Juan Lozano, argumentó que necesitaba más espacio para desarrollar temas tan complejos. Por su parte, la senadora de la U Piedad Zuccardi prefirió no hacerlo para no generar polarización. Y la senadora de la U Dilian Francisca Toro, informada a través de su jefe de prensa, simplemente no lo respondió.
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