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| 10/20/2003 12:00:00 AM

Country la pared

Se pensaba que l a suerte del Country Club iba a quedar en manos del próximo alcalde. Antanas Mockus decidió adelantarse.

El jueves de la semana pasada el alcalde, Antanas Mockus, se encontraba en Nueva York en una visita de negocios en la casa de Rudolph Giuliani, ex alcalde de esa ciudad que visitará Bogotá la primera semana de noviembre, cuando se hizo público en la capital colombiana que ya estaba listo para su firma el Plan de Reordenamiento del Country Club. El día anterior un grupo de periodistas había divulgado la información en un foro sobre espacio público que se llevó a cabo en la Biblioteca Virgilio Barco. La noticia tomó por sorpresa a los bogotanos, quienes ya daban por descontado que el pleito entre los socios del club más cotizado de la ciudad y la administración local no sería resuelto en este mandato y pasaría a manos del próximo alcalde.

Mockus no quería que esto sucediera pues supondría una demora adicional en los proyectos para completar la malla vial del norte de la ciudad. Por eso les ordenó a los encargados del tema que pisaran el acelerador a fondo y encontraran una solución adecuada y equitativa al problema del lote del Country. El Instituto de Recreación y Deporte (Idrd), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la oficina de Renovación Urbana hicieron cada uno su parte en este asunto. El Idrd analizó todo el tema de parques y zonas verdes; el IDU hizo lo propio con el sistema vial y Renovación Urbana se encargó de las negociaciones con las directivas del club sobre las diferentes propuestas que había sobre la mesa para definir el futuro del terreno.

Los resultados de todo este trabajo se concentraron en el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (Dapd), de donde surgió el texto final del Plan de Reordenamiento del Country Club de Bogotá. Este documento llegó al despacho de Mockus hace mes y medio. Pero el Alcalde no lo ha firmado todavía como decreto porque está siendo revisado por la oficina jurídica.

¿Por qué es tan importante este documento? En el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que determina el uso que se la dará al suelo en la ciudad o cuáles serán las áreas de desarrollo, quedó establecido que deberían someterse a un reordenamiento los denominados terrenos dotacionales como los de, por ejemplo, los clubes o centros deportivos. Esta medida debería tener prioridad en aquellas áreas que estuvieran paralizando u obstaculizando el desarrollo urbano. El Country Club y una parte del Cantón Norte son los primeros en esta lista porque no han permitido la prolongación hacia el norte de la carrera 15 y de la carrera 11, respectivamente, lo cual solucionaría parte del problema de embotellamiento automotor que se presenta en la actualidad en esta parte de la ciudad.

El Plan de Reordenamiento del Country Club contempla tres fases. La primera está siendo concertada entre las directivas de éste y el IDU para hacer por cofinanciación la alameda perimetral de la calle 134, una obra que costaría 2.000 millones de pesos. La segunda fase es la más conocida pues es la que busca convertir La Hípica del club, más conocida como la cancha de polo, en un parque público. El Distrito va a comprar este lote de ocho hectáreas pero no se ha puesto de acuerdo con el club sobre su valor. La Alcaldía dice que cuesta 10.000 millones de pesos y los socios del Country que 24.000 millones. Este pleito está en manos del juez segundo civil del Circuito de Bogotá, quien decidirá cuál es el valor real del terreno. Si las directivas del club no llegan a un acuerdo con el Distrito, éste expropiará el lote por vía administrativa.

La tercera fase es la más polémica porque establece que 61 por ciento del terreno actual del club se convierta en espacio público (con lo cual desaparecerían los campos de golf Fundadores y Pacos y Fabios), 30 por ciento queda en manos de los socios para que puedan desarrollar proyectos de construcción, lo mismo que el 7 por ciento donde está ubicada la sede social. Sobre el terreno público pasaría la prolongación de la carrera 15, partiendo el club e incluso uno de los humedales (ver mapa).

Para el Distrito esta fórmula es equitativa, como lo ordena la ley, porque según sus cálculos los socios pueden ganar lo que cuesta el terreno total con la venta de la urbanización que hagan de los lotes.

Para los socios del club la solución no es tan lógica. En primer lugar, 30 hectáreas es una extensión enorme para decretarla urbanizable de la noche a la mañana en el centro residencial de una ciudad. De volverse realidad podría estremecer el mercado de finca raíz en la capital. Por otra parte, el proyecto obliga a los socios del Country a volverse urbanizadores, lo cual es una actividad que nada tiene que ver con la razón social ni con el espíritu del Club.

Si el Alcalde firma el Plan de Reordenamiento, como se espera que suceda, el club puede demandar el decreto e ingresar en un nuevo episodio de forcejeo judicial que puede durar años. Si pierde en las instancias judiciales el Country tiene dos opciones: concierta cómo va a llevarse a cabo este proceso de reordenamiento o se opone, obligando al Distrito a expropiar los terrenos por vía administrativa y a sacarlos a una subasta pública, en la que la Alcaldía tendría la primera opción de compra. Lo lógico es que el gobierno local y los socios del club más prestigioso de la ciudad superen sus diferencias y lleguen a un acuerdo sensato sobre la manera en que se lleve a cabo el proceso. Pero esto no ocurrirá de la noche a la mañana ni en este mandato.
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