“La CPI aseguró que no habrá paz con impunidad”

La comunicación que envió la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sobre el proceso de paz en Colombia generó enorme alegría entre quienes han construido los acuerdos de justicia transicional. La directora del programa de Derecho de la Universidad de La Sabana y miembro del Consejo Directivo de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, explica qué significa y cuál es el alcance de las palabras del órgano considerado como “el coco” de la justicia mundial.

Semana.com: Esta semana la Corte Penal Internacional envió un concepto a Colombia. ¿Qué dijo que causó tanto revuelo?

Juana Acosta: Fue una comunicación de la Fiscal Bensouda. En esta reconoce que el Acuerdo Final es un logro histórico en Colombia al dar por terminado un conflicto armado de tantos años. También advierte que la obligación de juzgamiento efectivo de los responsables de cometer crímenes internacionales no puede ser omitida por el Estado, y expresa su satisfacción porque en el texto final se excluyen las amnistías frente a crímenes internacionales.

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Semana.com: Eso fue visto como un alivio frente a los temores que había generado la posición de ese alto tribunal respecto a la justicia pactada en La Habana...

Juana Acosta: Sí. La comunicación enfatiza el importante rol que tendrá la Jurisdicción Especial para la Paz de cumplir el compromiso de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de cometer crímenes en el marco del conflicto armado; reconoce la concepción de que las víctimas y especialmente su derecho a la justicia hayan estado en el centro del proceso de paz; advierte que la paz está intrínsecamente relacionada con la satisfacción del derecho a la justicia, y ratifica su apoyo al esfuerzo de Colombia. Ese apoyo se extiende a la implementación del Acuerdo Final.

Semana.com: ¿Por qué es importante este concepto?

Juana Acosta: Hay dos razones muy relevantes. Primero, es un parte de tranquilidad para los colombianos respecto de su voto en el plebiscito, al menos respecto del tema de la llamada “paz sin impunidad”. Puede que no todos los colombianos lean el texto del acuerdo, pero ahora cuentan con un elemento sumamente valioso: la Fiscalía de la CPI, el actor internacional más relevante en el tema, reconoce que el diseño del mecanismo de justicia del Acuerdo, cumple con las obligaciones internacionales adquiridas por Colombia en el Estatuto de Roma. Este reconocimiento no es de poca monta. Sin duda, subsiste el reto de que en la implementación el acceso a la justicia se haga realidad, pero el reconocimiento sobre el texto es un paso fundamental y trascendente.

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Semana.com: ¿Y la segunda?

Juana Acosta: Ese apoyo de la CPI implica que esta no pretende iniciar por ahora una investigación frente a Colombia. Pero más importante aún: la comunicación es una garantía de que la Fiscalía seguirá haciendo seguimiento y velará porque se respete lo acordado y porque no haya impunidad. El documento será también un insumo fundamental para otros órganos internacionales, y en especial para la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos y para la Corte Constitucional, al momento de revisar la ley aprobatoria del Acuerdo Final.

Semana.com: ¿Por qué la Fiscalía de la CPI se mete en el proceso de paz?

Juana Acosta: Lo primero que hay que decir es que la Fiscalía de la CPI no representa a toda la CPI, pero sí es el órgano que tiene la Facultad de iniciar la “acción penal” ante la Corte y por tanto, sin su intervención, un asunto no llegará al Tribunal Internacional. La Fiscalía opina sobre el proceso de paz porque tiene la facultad de hacer seguimiento al caso colombiano, en especial por un asunto preliminar que abrió hace unos años frente a la situación del país.

Semana.com: Hace unos años esa fiscal también envío dos cartas a la Corte Constitucional ¿Qué pasó en ese momento?

Juana Acosta: En el marco del diálogo de los órganos internacionales con las cortes nacionales, la Fiscalía envió un mensaje a la Corte Constitucional cuando estudiaba el Marco Jurídico para la Paz. Advirtió que era importante que cualquier fórmula jurídica respetara las obligaciones del Estatuto de Roma. También la Fiscalía se ha pronunciado en otras ocasiones en los informes sobre el examen preliminar. En general en estos informes la Fiscalía manifestó que no encontraba elementos para considerar que las investigaciones en Colombia no fueran genuinas y que seguiría haciendo seguimiento al marco jurídico de justicia transicional. También resulta relevante mencionar el discurso del 13 de mayo de 2015 del vicefiscal de la Corte en el que se afirmó que el Estatuto de Roma no establece duración específica de las penas ni excluye de plano las sanciones alternativas.

Semana.com: Muchos creen que la CPI asusta mucho en Colombia, pero en el mundo ha podido hacer poco para judicializar a los grandes criminales de la humanidad. ¿Qué piensa de eso?

Juana Acosta: Creo que el postconflicto debe permitirnos un cambio de mentalidad: el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado no debe ser una cuestión de temor a la “policía internacional”, a la actuación de las Cortes. Este es un pensamiento equivocado que surge de un país que tiene una visión muy legalista en la resolución de sus conflictos. Las obligaciones deben cumplirse porque es lo que más conviene a los colombianos, a Colombia. La razón de las normas no debería ser el castigo, sino ante todo la prevención. Por eso la justicia no puede verse aislada de la estrategia integral: de la más importante garantía de no repetición que es el fin del conflicto.

Semana.com: Desde que fue fundada en 2002, ¿cuántas personas han sido condenadas en la CPI?

Juana Acosta: Dos personas.

Semana.com: ¿Y quiénes son?

Juana Acosta: Germain Katanga y Thomas Lubanga, antiguos líderes de las milicias de la República Democrática del Congo, ambos por la comisión de crímenes internacionales. A Lubanga, en 2012, lo condenaron a 14 años de prisión por crímenes de guerra, especialmente por reclutamiento ilegal de niños soldados. Y en 2014, la Corte condenó a Katanga a 12 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por el ataque a la provincia de Bogoro.

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