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| 12/25/1995 12:00:00 AM

CRECE LA AUDIENCIA

Mientras se conocen más casos de parlamentarios vinculados al proceso 8.000, la Corte Suprema entra a definir la suerte de muchos de ellos.

LA LISTA DE PARLAMENTArios vinculados al llamado proceso 8.000 se siguió alargando en la Corte Suprema de Justicia. En efecto, el pasado 25 de octubre la Fiscalía General remitió a esa corporación copias de las investigaciones realizadas a los representantes Jairo Romero, Mario Rincón y Javier 'Tato' Alvarez Montenegro, y al senador Hernando Suárez Burgos, por supuesta violación a la reserva sumarial que pesa sobre dicho expediente. Los mencionados parlamentarios habrían obtenido apartes de las indagatorias, las cuales habrían llegado posteriormente a manos de varios funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro del Interior, Horacio Serpa, y el ex ministro de Defensa Fernando Botero Zea.
Pero las razones que tuvo la Fiscalía para compulsar copias a la Corte Suprema parecen ir más allá de la filtración de unos documentos reservados. Una alta fuente judicial dijo a SEMANA que los parlamentarios también estarían relacionados en una serie de listas encontradas en los allanamientos realizados a miembros del cartel de Cali y los nombres de varios de ellos habrían sido citados por personas vinculadas al proceso 8.000. La misma fuente precisó, sin embargo, que las investigaciones se encuentran en la etapa preliminar y que es necesario esperar que las mismas terminen para hacer un pronunciamiento definitivo al respecto.
En la actualidad las autoridades investigan si los nombres de Jairo Romero, Mario Rincón y Hernando Suárez Burgos tienen algo que ver con los alias 'Dr. Jairo', 'Dr. Rincón' y 'Dr. Suárez', los cuales figuran en documentos hallados por el Bloque de Búsqueda en Cali durante uno de los múltiples allanamientos realizados cuando las autoridades buscaban a Miguel Rodríguez Orejuela.
De acuerdo con dichos documentos, el llamado 'Dr. Jairo' habría recibido la suma de 25.000.000 de pesos en dos cheques girados en la primera semana de marzo pasado, el 'Dr. Rincón' un cheque por 20.000.000 de pesos a comienzos de febrero y el 'Dr. Suárez' la suma de 2.000.000 de pesos, también en la primera semana de marzo. Al lado de las especificaciones de los cheques girados a los dos primeros aparece la palabra 'Navidad', mientras que en el caso del 'Dr. Burgos' figura la especificación 'Viáticos. Abogado caso Club'.

MUCHOS LOS LLAMADOS...
Uno de los parlamentarios que aparece con su situación más comprometida es Jairo Romero, cuyo nombre empezó a sonar dentro del proceso 8.000 después de que el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- interceptara una serie de llamadas realizadas por la ex secretaria del representante conservador, Liliana Vargas Ledesma, al considerado como relacionista del cartel de Cali Julián Murcillo, y a Federico Valdés Lozano, ex funcionario de la Fiscalía General, con el fin de obtener información secreta para el cartel de Cali.
La primera intercepción fue realizada el pasado 2 de junio. En ella figuran como interlocutores Jairo Romero, Julián Murcillo y Federico Valdés. Las llamadas las realizó Liliana Vargas desde un apartamento que figura a nombre de Luis Fernando Murcillo, hermano de Julián Murcillo. En la primera de las conversaciones Vargas le dice en clave a Romero que eso de la "clínica" va a prolongarse y el representante cuestiona el episodio por el que está atravesando un supuesto "tío" de su secretaria y advierte que éste último no puede ser el chivo expiatorio. Según el DAS, la expresión "clínica" se refiere a los reclusos del cartel de Cali y el 'tío' es Julián Murcillo, quien para entonces se encontraba prófugo.
La segunda conversación se produjo entre la secretaria de Romero y Julián Murcillo. En ella lo que quedó en evidencia, más allá de los acuerdos para obtener información secreta de la Fiscalía, fueron los evidentes lazos de amistad entre los dos. La tercera conversación, esta vez entre Vargas y Valdés, resultó más interesante para las autoridades, pues Valdés, que en ese momento era técnico judicial grado dos de la secretaría común de la Dirección Nacional de Fiscalías, dejó al descubierto sus relaciones con personas vinculadas con miembros del cartel de Cali, y al mismo tiempo se convirtió en el primer indicio de una relación extraña entre Vargas y Valdés. Ella sirvió además para que la Fiscalía dictara medida de aseguramiento contra ambos. Vargas en la actualidad se encuentra huyendo de la justicia.
Aunque el representante Romero ha sostenido en múltiples ocasiones que desde hace más de un año no sabe de la suerte de Murcillo, el pasado 22 de junio el DAS obtuvo una prueba que parece demostrar lo contrario: ese día Liliana Vargas llamó directamente a Julián Murcillo y más tarde, ante la insistencia de la secretaria de Romero, Murcillo le pasó a Federico Valdés. La verificación del abonado que recibió la llamada demostró que la línea asignada correspondía a un apartamento propiedad del representante Romero. Las intercepciones del DAS terminaron el 7 de julio, fecha en que las autoridades capturaron a Julián Murcillo.
SEMANA trató de hablar con Romero, pero Juan Carlos Hoyos, uno de sus asistentes en el Congreso, dijo que el político conservador se encuentra desde hace dos meses "clínicamente incapacitado". El representante a la Cámara está recluido en un centro hospitalario de Cali porque, según Hoyos, "tiene problemas en las piernas".
El representante Rincón y el senador Suárez tampoco aceptan que se les relacione con el llamado proceso 8.000. El primero de ellos sostiene que se trata de una denuncia "temeraria y perversa que busca desacreditar la decisión que tome la comisión de acusaciones de la Cámara con respecto al presidente Samper". Suárez, por su parte, dijo a SEMANA que "no conozco a Samper, ni a Serpa, ni a Botero, no puedo, por tanto, tener interés en filtrar documentos Además tengo en mi poder una constancia firmada por el fiscal Valdivieso que dice que no estoy vinculado al proceso 8.000".
De cualquier forma la lista de congresistas vinculados al más grande escándalo político de la historia del país sigue creciendo. Las próximas semanas serán decisivas en la Corte Suprema de Justicia. Algunos congresistas, como es el caso de María Izquierdo, serían llamados a indagatoria en los próximos días, mientras que otros están a la espera de rendir una declaración libre y espontánea que los exima de ir a la cárcel. La situación para ellos no es en todo caso color de rosa. Como dijo a SEMANA un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, "mucho me temo que en esta ocasión van a ser muchos los llamados y muchos los escogidos".
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