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CRECE LA LISTA

CUATRO NUEVOS CONGRESISTAS ENGROSAN EL PAQUETE DE INVESTIGACIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. POR PRIMERA VEZ HAY DOS SENADORES CONSERVADORES.

29 de abril de 1996

La nómina de congresistas investigados preliminar o formalmente como consecuencia del llamado proceso 8.000 no parece haberse completado aún. Cuando la opinión pública pensaba que la lista de parlamentarios que serían llamados por la sala penal de la Corte Suprema ya estaba terminada, aparecieron sorpresivamente cuatro nuevos nombres de actuales y antiguos congresistas que serán investigados por supuesta recepción de dineros provenientes de empresas de fachada del cartel de Cali.En efecto, la comisión de fiscales sin rostro que conduce el 8.000, al cerrar la investigación y llamar a juicio la semana pasada a los hermanos Tulio Enrique, Luis Fernando y Julián Murcillo Posada por los delitos de enriquecimiento ilícito y testaferrato, compulsó copias a la sala de casación penal de la Corte para que investigue la responsabilidad que pudieron haber tenido los políticos Hugo Castro Borja, Ignacio Londoño Uribe, Alvaro Araújo Noguera, Alvaro Mejía López y el actual secretario general del Senado, Pedro Pumarejo Vega, por el hallazgo de cheques a su nombre girados contra cuentas de empresas de fachada del cartel de Cali "en épocas en las que desempeñaban funciones como miembros del Congreso de la República".Curiosamente la noticia no estuvo en el hecho de que por primera vez desde que comenzó el proceso 8.000 son llamados a juicio tres presuntos integrantes del cartel de Cali, sino en la vinculación preliminar de cinco miembros del Congreso al mayor escándalo en la historia reciente del país. El destacado dirigente liberal del Cesar y ex senador Alvaro Araújo Noguera, al ser consultado acerca de la decisión adoptada por la Fiscalía, dijo a SEMANA que "puedo afirmar que a mí no me han dado cheques del cartel de Cali. En mi época de parlamentario no fui a esa ciudad, ni recibí plata de nadie. Mi conciencia está tranquila porque no tengo absolutamente nada que ocultar. Todos los negocios que yo he realizado en mi vida han sido lícitos".En términos similares se expresaron los senadores conservadores Alvaro Mejía López y Hugo Castro Borja, quienes dijeron desconocer las razones por las cuales serán investigados por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Mejía López dijo a SEMANA que "toda mi actividad política ha transcurrido en Cali y puedo asegurar que no he tenido tratos jamás con personas vinculadas al cartel de Cali y la verdad es que no sé en qué momento me pude haber topado con dineros ilícitos. Quedo a la espera de una notificación oficial para poder iniciar mi defensa ante la Corte". El senador Castro Borja dijo por su parte que "no tengo ni idea de la decisión que tomó la Fiscalía, pero lo que sí puedo decir es que mi conciencia está tranquila porque jamás he recibido dineros del narcotráfico".Uno de los casos más interesantes es el del dirigente liberal Ignacio Londoño Uribe, conocido en los círculos políticos como 'El Tigre' y padre de Ignacio Londoño Zabala, otro destacado político liberal del norte del Valle, conocido como 'El Tigrillo'. El interés en 'El Tigre' radica en que su hijo, 'El Tigrillo', asistió a la famosa cena para recolectar fondos para la campaña samperista en Casa Medina el 16 de junio del 94, tres días antes de la segunda vuelta de la elección presidencial, tal y como ha quedado establecido en el expediente 8.000. Según el testimonio y la documentación del tesorero de la campaña Santiago Medina, Londoño Zabala habría aportado esa noche un cheque de 100 millones de pesos como pago de las boletas para el ágape del propio Londoño y del presunto narcotraficante Víctor Patiño Fómeque, quien se sometió a la justicia un año después.Otros testimonios señalan que en la época de la campaña presidencial Londoño Zabala visitaba con cierta frecuencia al hoy ministro del Interior, Horacio Serpa, en la oficina que éste ocupaba como jefe de debate. Serpa ha reconocido públicamente la amistad que lo une a los Londoño, aunque ha negado de manera reiterada que Londoño Zabala hubiera participado en la recaudación de fondos para la campaña presidencial de Ernesto Samper.Una de las cosas que más llama la atención en la decisión de la Fiscalía General es el hecho de que por primera vez dos senadores conservadores en ejercicio son vinculados preliminarmente al llamado proceso 8.000. Anteriormente la Corte Suprema de Justicia había abierto investigación contra el ex senador y actual miembro de la Comisión Nacional de Televisión Alvaro Pava, quien a la postre, luego de las investigaciones realizadas por el magistrado de la sala de casación penal Ricardo Calvete Rangel, fue desvinculado del proceso el 4 de octubre del año pasado. Pava era objeto de una averiguación preliminar por parte de la Corte debido a que su nombre apareció en un registro de invitados especiales de Inversiones Ara al Hotel Intercontinental de Cali, pero demostró que jamás estuvo en esa ciudad en las fechas indicadas.Y es que una cosa es aparecer en una lista de invitados de una empresa de fachada del cartel de Cali, o figurar en cuentas de restaurantes o minibares, y otra muy distinta es aparecer en cheques girados contra cuentas corrientes de sociedades del cartel de Cali. Una fuente judicial dijo a SEMANA que lo primero no es razón suficiente para abrir una investigación formal, mientras que lo segundo _tal y como el máximo tribunal ha venido actuando hasta el momento_ podría complicarle la situación jurídica a los nuevos implicados en el proceso 8.000. A menos que en su defensa logren demostrar que sus nombres aparecieron en los cheques por una razón diferente a que ellos hayan sido los beneficiarios.