Jueves, 19 de enero de 2017

| 2015/10/17 22:00

La multa agridulce a los azucareros

La sanción impuesta al gremio se ha planteado como una lucha de intereses económicos, políticos y regionales. ¿Le conviene esto al país?

El superintendente, Pablo Felipe Robledo y el presidente de Asocaña, Fernando Londoño. Foto: Daniel Reina Romero

El escándalo que se armó por las millonarias multas a los ingenios azucareros, lejos de haberse enfriado, se calentó en los últimos días. Asocaña, uno de los sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), publicó avisos de página entera en los principales diarios del país con una carta abierta dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos. En 12 puntos, el gremio cuestiona el monto de las sanciones, niega las acusaciones formuladas por la SIC y le pide al primer mandatario que les sirva de garante del debido proceso en la investigación a las entidades del sector.

El Consejo Gremial Nacional (CGN), máxima cúpula del empresariado, también terció en el asunto y en una expresión de solidaridad con Asocaña pidió abrir un debate sobre el monto de las sanciones impuestas a las asociaciones económicas, y discutir el alcance de la acción jurisdiccional en materia de competencia. Según el Consejo Gremial, el tema toma relevancia ante el proyecto de ley que cursa en el Congreso en busca de ampliar aún más las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio para proteger el libre mercado.

El tercer tema que elevó la tensión es el propósito de algunos parlamentarios de hacerle un control político al superintendente Pablo Felipe Robledo, aunque el funcionario todavía tiene pendiente por resolver el recurso de reposición al que pueden acudir los afectados. Para algunos analistas, no solo es inoportuna la citación (si se refiere a la investigación, podría ser recusado) sino que representaría un golpe a la autonomía que debe tener el ente de control y vigilancia.

Pero más allá de las inquietudes, frustraciones y protestas propias de un caso tan notorio como este, en la opinión pública ha quedado la sensación de que el debate se desvió. En lugar de enfocarse en la ética empresarial o en qué significa el derecho a la libre competencia, como columna vertebral del modelo económico y herramienta de protección a los consumidores, se enfrascó en una lucha donde hay poderosos intereses económicos y broncas políticas y regionales. En la discusión también se le ha dado especial énfasis al monto de la multa que, si bien es históricamente alta, no puede empañar la esencia misma de la sanción.

La protección a la libre competencia en Colombia tiene dientes por primera vez en la historia, en busca de que palpite el corazón del sistema capitalista. Primero, porque defiende los derechos de los consumidores a recibir más y mejores bienes y a precios más económicos. Segundo, porque permite que los mercados y sectores de la economía funcionen adecuadamente, lo que genera un ambiente empresarial competitivo en beneficio de las propias compañías. Y tercero, porque genera eficiencia económica, pues cuando hay sectores donde la competencia se restringe se extraen ilegítimamente rentas de la economía.

Michael Porter, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard y reconocida autoridad a nivel global en materia de competitividad, hace énfasis en que la clave del éxito empresarial está en la “rivalidad, rivalidad y rivalidad”. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), entidad a la cual Colombia está a punto de ingresar, dice que la cartelización empresarial es la conducta más vergonzosa en la que un empresario puede incurrir. Cabe anotar que el comité de la Ocde, que evalúa a Colombia en más de 20 ítems, ya dio opinión favorable de acceso al organismo, justamente en el tema de competencia que está a cargo de la Superindustria.

Estados Unidos y Europa llevan décadas combatiendo férreamente la cartelización empresarial y las demás prácticas anticompetitivas. No solo imponen multas millonarias, sino que en algunos casos como Reino Unido, Irlanda, Australia, Estados Unidos o Japón, la pena incluye cárcel para los directivos de las empresas implicadas.

Colombia, que antes de 2009 tenía una legislación benévola para castigar las infracciones a la libre competencia, hoy hace parte de los países que disponen de normas más severas y con una autoridad fuerte y con capacidad para investigar. De hecho, a partir de la Ley 1340 de 2009 más de 20 empresas han recibido sanciones con multas significativas. Se destaca el caso de Comcel, la empresa del mexicano Carlos Slim, que lleva el récord de la sanción más onerosa: 87.000 millones de pesos, por dos conductas anticompetitivas; y el de la Organización Roa Florhuila, a la que le impusieron una multa de 33.000 millones. Ambas empresas ya pagaron.

Las últimas sanciones a los ingenios azucareros, si bien son altas, son inferiores a la que se le aplicó a Comcel, y con tres excepciones (Riopaila, Incauca y Providencia) también son menores a la que recayó sobre la arrocera huilense.

La verdadera novedad es la multa a Asocaña, el gremio de los azucareros, por 30.000 millones de pesos. Aunque en los últimos diez años la SIC ha sancionado a 11 asociaciones o gremios, cada uno con 1.000 millones de pesos, por primera vez se impone una multa bajo la legislación expedida hace seis años que permite llegar hasta los 65.000 millones de pesos. Como el gremio depende económicamente de las empresas, estas últimas terminarían pagando esa multa. Y aquí cabría abrir otro debate interesante sobre el monto financiero que se le aplica a estas agrupaciones, ya que ellas dependen de sus afiliados.

En el mundo también hay antecedentes de sanciones a gremios por obstaculizar la libre competencia. Entre los casos más sonados está la impuesta a la agremiación nacional de farmacéuticas de Francia que en 2010 recibió un castigo de 5 millones de euros, que al cambio actual serían unos 16.500 millones de pesos. En España se multó a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con 3 millones de euros (unos 10.300 millones de pesos). Pero uno de los casos más severos ocurrió el año pasado con la Asociación de Productores Avícolas de Chile AG (APA). Allí, la Fiscalía Nacional Económica recomendó al Tribunal de Defensa de la Competencia –la SIC de Colombia– imponer una multa equivalente a unos 20 millones de dólares. Sin embargo, el tribunal en la sentencia dijo que, ante la gravedad de las conductas, la sanción idónea era ordenar disolver dicha asociación. Y así se procedió.

Aunque Colombia ha avanzado bastante en materia de derechos de los consumidores, es muy importante blindar aún más a la entidad que tiene a cargo esa defensa. El expresidente César Gaviria dijo la semana pasada que no se puede menoscabar la autoridad de la superintendencia y por eso cuestionó la idea de que su jefe sea citado al Congreso en este momento. También el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, afirmó que el superintendente Robledo no puede asistir a un debate de control político antes de que la decisión quede en firme.

La verdad es que en el alto gobierno hay claridad acerca de la importancia de respaldar las decisiones de la autoridad de supervisión, para que estas no terminen revocadas por presiones de los afectados. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez, dijo el jueves en un conversatorio con empresarios que “la SIC lo ha hecho con lujo de competencia”, destacando, además, que Colombia va en la dirección correcta para ser un país más competitivo.

Ahora bien, esta álgida discusión debe estar en el terreno legal y probatorio, y los afectados deben tener todas las garantías del debido proceso y usar los recursos que les da la ley para defenderse. Y, como se ha visto en el debate, los azucareros han esgrimido argumentos de peso, y la SIC tiene una rigurosa investigación que lleva seis años y ha pasado por varios funcionarios y comités.

Lo cierto es que el país asumió el tema de la libre competencia como un asunto de política de Estado y así lo viene impulsando. Esta semana, por ejemplo, Cartagena y Barranquilla serán sedes de dos cumbres en la materia. Más de 100 autoridades de 92 países y expertos hablarán de la cartelización empresarial en el mundo, un tema sobre el que los colombianos tienen que comenzar a hablar.

Por último, lo peor que podría pasar es que el episodio de los azucareros le ponga un freno de mano al proyecto de ley que cursa en el Congreso en busca de fortalecer aún más a la superintendencia. Hace solo algunos años, cientos de empresarios pedían darle más dientes sancionatorios a la SIC porque muchas pymes, empresas nacientes o emprendimientos no podían florecer por abusos de la posición dominante en el mercado.

Y ahora que se está logrando, algunos comenzaron a inquietarse. Esto sería como matar el tigre y asustarse con el cuero.

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