Crece polémica por carrusel de la salud, responde Viviane Morales

La contralora delegada para investigaciones especiales, Adriana Posso, generó un espinoso debate por cuenta de sus declaraciones en las que señaló retrasos en la Fiscalía General de la Nación en los procesos por corrupción en la salud.
 
El fiscal general Eduardo Montealegre se defendió y recordó que las críticas correspondían a procesos llevados por la exfiscal Viviane Morales. Y agregó que creará una subunidad especial y articulará acciones con la Contraloría. Montealegre recordó que se declararía impedido en la investigación a Saludcoop, empresa de la que fue asesor.
 
Morales, por su parte, contraatacó este viernes y aseguró que Posso debe responder por "las mentiras que está diciendo". La exfiscal dijo que "ninguna de las investigaciones se paralizó y no hubo retrasos, no hubo prescripciones, no hay caducidades, todo quedó marchando".
 
La exfuncionaria dijo que no era cierto que el fiscal que adelantaba los procesos hubiera sido cambiado ocho veces, como acusó Posso, y que las cifras que da la Contraloría eran de billones de pesos, pero que la fiscalía sólo encontraba en las pruebas miles de millones.
 
Morales agregó que se debe rediseñar el sistema de los organismos de control porque tienen otros plazos y van más rápido que el sistema penal, lo que crea una "espectacularidad" y una falsa distorsión.
 
El origen del debate
 
La Contraloría inició recientemente procesos contra Cafam, Famisanar y Saludcoop, a la vez que adelanta otras investigaciones preliminares contra varias empresas promotoras de salud. Pero esta semana, tras un debate en el Congreso sobre la salud, Adriana Posso lanzó varios dardos contra la fiscalía. La funcionaria dijo que esa entidad no estaba investigando los casos de corrupción.
 
"Pareciera que las pruebas que se presentan en la Contraloría no valen en la Fiscalía. Pero si no creen en nuestro producto, valídenlo, pero que se vean resultados", dijo la funcionaria.
 
Sus señalamientos contra la entidad no son nuevos. Cuando Posso fue abogada de José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, juzgado por interceptaciones telefónicas ilegales, también la emprendió contra la fiscalía.
 
Posso manifestó inconformismo por el manejo del material probatorio de parte del ente acusador y descalificó su trabajo hecho en el proceso. En julio del 2011, en medio del llanto, renunció. Al anunciar su decisión, la jurista argumentó "falta de garantías" y aseguró que en contra de Narváez se habían cometido "injusticias".
 
La decisión de Posso generó malestar en los abogados de la parte civil que la consideraron una maniobra para dilatar el proceso. Narváez rechazó la decisión del juez de asignarle uno de los abogados de los otros exfuncionarios y solicitó tajantemente un defensor público. El proceso lleva más de dos años sin avances significativos.