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| 7/18/2011 12:00:00 AM

Crece polémica por desfalco a la educación

El Gobierno advierte que la malversación de recursos del sistema educativo podría terminar con sanciones penales. El gobernador del Cesar dice: "no puedo aceptar que se diga que hay fiesta con los recursos del sector educativo".

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, advirtió que los representantes de las entidades territoriales que envíen reportes alterados sobre la cantidad de estudiantes al Sistema de Matrículas podrían recibir sanciones penales, además de fiscales y disciplinarias.
 
La ministra explicó cómo se llevó a cabo el proceso de auditoría e interventoría en seis entidades territoriales que arrojó como resultado un desfalco de 36.000 millones de pesos al sistema educativo, en los departamentos de Bolívar y Cesar, y las ciudades de Soacha (Cundinamarca) y Cúcuta (Norte de Santander).
 
“El Ministerio de Educación Nacional con el propósito de verificar la confiablidad de la información de las matrículas que nos reportan, contrató seis auditorías para seis entidades. Producto de esa evaluación se encontró que había 34.000 niños que aparecían en los sistemas de información cuya existencia no se pudo constatar en esas entidades territoriales”, dijo en una entrevista con La W Radio.
 
La ministra Campo advirtió que cuando se presentan diferencias entre la información que reportan las entidades territoriales y la que ha sido cotejada en el proceso de auditoría, “estamos (el Ministerio de Educación) en la obligación de poner en conocimiento a las autoridades y a los organismos de control, porque la ley es muy clara y dice que cuando se sobreestime el valor de la matrícula, tendrá repercusiones de tipos penal, fiscal y disciplinario”.
 
En el departamento de Cesar, una de las entidades auditadas, el registro de estudiantes de todos los grados fue de 192.000, incluidos los de colegios oficiales, nocturnos y formación de adultos. Según el informe, hay más de 11.000 estudiantes reportados.
 
En entrevista con Semana.com, el gobernador de ese departamento, Cristian Moreno, dijo que esos procesos de auditoría se llevaron a cabo en “plena ola invernal”.
 
“Según el reporte, la información no fue contrastada con la totalidad de rectores que, como responsables, debían certificarla”, agregó.
 
El mandatario se refirió específicamente a los estudiantes de la zona rural del departamento. Explicó que la Diócesis del Cesar tiene a su cargo la atención de 15.700 estudiantes, pero “en el informe referido el obispo de la diócesis Óscar José Vélez, de quien aparecen 3.400 estudiantes que no existen, no fue consultado”, agregó.
 
El mandatario indicó que el departamento está verificando la información de los 180 establecimientos educativos que fueron auditados. En las verificaciones, según contó, aparecen más de 5.000 casos en los que sí encontró la “existencia efectiva de esos estudiantes”.
 
El gobernador le pidió al Ministerio el apoyo técnico, institucional y de recurso humano para verificar la situación del departamento.
 
Al final, el mandatario indicó que la información de las auditorías debería ser contrastada con la de los rectores de cada establecimiento, ya que estos son los que efectúan y registran las matrículas. “Lo que no puedo aceptar es que se diga que hay desviación ni mucho menos fiesta con los recursos del sector educativo administrados por el departamento”.
 
En el mismo sentido, el secretario de Educación del municipio de Soacha, Juan Miguel Méndez, dijo que en el 2008 se comprobó que 3.000 estudiantes que supuestamente estaban matriculados no asistieron a clases.
 
Por ese motivo, dijo, la administración de ese municipio devolvió al Gobierno cerca de 3.000 millones de pesos. También contó que el municipio estaba cotejando biométricamente las matrículas.
 
A propósito de los cuestionamientos de mandatarios locales que han puesto en entredicho los resultados de la evaluación, Campo indicó que su cartera no sólo contrató la auditoría, sino que además contrató la interventoría para esa auditoría. “De tal manera que las actas de cada uno de los colegios son firmadas por el rector del colegio, por la auditoría y la interventoría”, dijo este lunes.
 
La ministra también indicó que los mandatarios podrán controvertir los resultados de los informes en los procesos que se abran. También dijo que para el año entrante el objetivo del Gobierno es llevar a cabo auditorías en todo el territorio nacional.
 
Por su parte, el gobernador Moreno dijo que esas auditorías deberían ser continuas, no coyunturales. Y agregó que además se debería incluir un análisis de los costos integrales de la educación, pues del dinero que reciben en departamentos como Cesar hay que pagar “vigilancia, aseadores, digitadores y apoyo administrativo, servicios financiados con recursos propios, que el sector debería estar atendiendo”, dijo.
 
La Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, ahora, tienen la palabra.
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