Domingo, 31 de agosto de 2014

Archivo SEMANA

| 2013/03/23 00:00

Crecen amenazas contra jueces de restitución de tierras

Una carta enviada por los jueces al presidente Santos advierte sobre los riesgos que corren por realizar su labor.

Los funcionarios que les devuelven las tierras a los campesinos despojados por los grupos guerrilleros, siguen siendo víctimas de múltiples amenazas.

Así queda evidenciado en una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos y firmada por 54 jueces y magistrados especializados en restitución de tierras, que le piden al gobierno “medidas efectivas de seguridad para sus familiares y para ellos”.

Los administradores de justicia precisan que son de público conocimiento los constantes atentados a los que son sometidos por hacer cumplir la ley. “El riesgo extraordinario al que nos vemos expuestos con cada sentencia o fallo en el cual le devolvemos la tierra a sus legítimos propietarios, poseedores u ocupantes”

Los jueces manifiestan que esperan la colaboración del gobierno nacional para que continúen realizando su labor de una manera firme y directa, para seguir dando aplicación a la Ley 1448 de 2011, en la cual el mismo presidente ha liderado y defendido a ‘capa y espada'

Las amenazas las precisan los jueces en el grado de exposición que tienen al igual que las víctimas, líderes de restitución y organizaciones que la respaldan, manifestando “los servidores de la justicia estamos igual o mayormente expuestos, en consideración a los que somos precisamente quienes ordenamos la restitución jurídica y material de los bienes despojados” explica la misiva

Según reportes de ONG´s en los tres años que cumple la ley de restitución de tierras, han sido asesinados más de 53 líderes de restitución de tierras, por lo cual la preocupación de los jueces se hace evidente ante el incremento de amenazas por su labor .

Organismos internacionales como la OEA, condenó los asesinatos contra líderes de reparación de tierras y le han solicitado al gobierno nacional realizar labores articuladas entre los organismos para que se investiguen los casos y se les dé oportuna protección a los líderes y víctimas en el proceso.

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