Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2008/05/17 00:00

¿Cree que la extradición de los paras fue una maniobra para castigarlos, o para callarlos?

La investigadora Claudia López le responde a María Isabel Rueda.

Hay que tener los pantalones muy bien puestos para coger a 14 criminales de esa categoría y extraditarlos, enfrentando las consecuencias de orden público que pueda conllevar

M.I.R.: Como investigadora, usted hizo los mapas de las zonas de influencia de la para-política y detectó las votaciones anormales. ¿Hay alguna posibilidad de que usted me conceda que la extradición del grupo de cabecillas del paramilitarismo a Estados Unidos no es para tapar sino para castigar?
C.L.: Hay mucha posibilidad. Hay que tener los pantalones muy bien puestos para coger a 14 criminales de semejante peligrosidad para empacarlos a Estados Unidos asumiendo las consecuencias en orden público que eso pueda generar. Además, en una operación que desde el punto de vista policial fue impecable. Cuando tratamos de coger a Pablo Escobar, este antes secuestró a tres funcionarios del Estado y luego se voló. Hemos logrado mejorar en seriedad la eficacia judicial.

M.I.R.: Estos 'paramilitares' terminarán acusados y juzgados por narcotráfico, delito muchísimo menos grave que los de lesa humanidad por los que estaban siendo juzgados en Colombia. Sin embargo, es muy posible que los castiguen más severamente allá que acá…
C.L.: Pienso que es un golpe duro contra el narcotráfico, pero es un golpe bajo contra las víctimas y un golpe mortal contra la para-política.

M.I.R.: ¿Pero que hacemos si los tipos no colaboraban y siguieron delinquiendo? Eso hay que aceptarlo con humildad. Es que el poder corrosivo del narcotráfico es superior al de cualquier juez, cualquier norma, cualquier ley… ¿No tenía el Presidente motivos para alejarlos de este entorno? Insisto: si no los saca, seguiría creciendo el número de víctimas. Seguirían matando sindicalistas y defensores de los derechos humanos. Seguirían narcotraficando. Seguirían corrompiendo en todos los estamentos.
C.L.: Era lógico y posible seguir un camino para evitarlo: el de la justicia ordinaria. La justicia colombiana, con todas esas debilidades que usted señala y que yo comparto, venía operando. En apenas un año y medio condenó a 57 años de cárcel ¡a un miembro del Ejército! por la masacre de Jamundí. Estos señores se exponían a lo mismo. Y no eran responsables de una sola masacre, sino de varias. Había un gran acervo probatorio. Lo que no funcionaba no era la justicia, sino el Inpec que, entre otras cosas, no depende ni de la Corte ni de la Fiscalía, sino de la Presidencia de la República.

M.I.R.: Si los tipos estos, teniendo el aliciente de la rebaja de la pena, no confesaron lo que debían confesar y no entregaron lo que debían entregar, ¿por qué van a hacerlo bajo la justicia ordinaria?
C.L.: Es que las amenazas en su contra en caso de no colaborar y seguir delinquiendo eran dos: jurisdicción ordinaria, en la que enfrentan penas de casi 60 años y, no o, la extradición. Nadie discute que son más graves los delitos de lesa humanidad que afectaron más a los colombianos, que los de narcotráfico, que afectaron más a los gringos. Si pasaban a la justicia ordinaria, la única manera de rebajar las penas a 20 o a 10 años era colaborar efectivamente con la justicia.

M.I.R.: Insisto en que la decisión de enviarlos fue porque aquí no pudimos con ellos, porque su capacidad corruptora es superior a nuestras fuerzas judiciales…
C.L.: Hoy sabemos de 3.000 fosas comunes y de por lo menos 15.000 delitos de los que hace dos años no sabíamos. ¿Por qué cuando la justicia estaba operando, se estaban encontrando las fosas, se estaban recibiendo confesiones (aunque acepto que en el tema de los bienes íbamos bastante regular), dejamos a la justicia colgada de la brocha? ¿Por qué el Inpec es incapaz de cuidar a unos criminales en una cárcel de alta seguridad?

M.I.R.: Muchas personas, creo que incluida usted, criticaron mucho la Ley de Justicia y Paz, con el argumento de que era un indulto disfrazado. Y cuando los extraditan, ponen el grito en el cielo porque ahora les parece que sí estaba funcionando la justicia…
C.L.: No hay una sola Ley de Justicia y Paz. El proyecto que radicó el gobierno era una ley de impunidad. Eso, constitucional e internacionalmente, lo hacía inviable. La ley que salió, corregida por la Corte, ya permitía tener algo de verdad, justicia y reparación, aunque tuviéramos que pagar una dosis de injusticia grandota a cambio de un poco de verdad, justicia y reparación, es perfectamente admisible en nombre de la paz. Soy una convencida de que el Estado tiene que utilizar bien los tres instrumentos que tiene: la fuerza legítima, la aplicación del derecho y la negociación política.

M.I.R.: ¿Usted cree que a estos tipos los extraditaron para callarlos, como ya muchos lo sugieren?
C.L.: Discutir las motivaciones del Presidente es una especulación inútil. Lo importante son los efectos. Y el efecto concreto es que corrimos a la justicia de aquí y le dimos prioridad a la de allá. Corrimos los delitos de lesa humanidad y le dimos prioridad al de narcotráfico. Eso es una arbitrariedad y una agresión absoluta contra las víctimas. Y sentamos primero el precedente de que el Estado colombiano es incapaz de proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, y dos, de que somos incapaces de tener un sistema carcelario que funcione.

M.I.R.: ¿Las personas que piensan que este es el fin del proceso de la para-política tienen razón?
C.L.: En parte. Pienso que es el comienzo del fin del proceso de la para-política y del juzgamiento de los delitos cometidos por los paramilitares en Colombia. Ellos pueden no ser los únicos testigos, pero sí conforman el principal acervo probatorio, y sobre eso no hay discusión. Los grandes pactos entre estructuras políticas y paramilitares no los hacía un paramilitar de tercera, sino un acuerdo entre jefes. Quienes tienen la información de con quiénes se hicieron, en qué consistieron, hasta dónde llegaron, son los jefes. Tenga la plena seguridad de que en lo que queda del año no volveremos a oír un solo nuevo testimonio al respecto. Con sus familias expósitas en Colombia, que han quedado de tiro al blanco, lo único que les interesa es salvar su pellejo frente a una justicia que es bastante fuerte, como es la norteamericana. Le doy un ejemplo concreto: 'Berna' iba a dar unas declaraciones muy concretas sobre la para-política en Antioquia esta semana. Pues eso muy probablemente ya no vaya a suceder.

M.I.R.: ¿Si esos tipos estaban permeando la capacidad judicial del Estado colombiano, no es lógico que el Presidente hubiera escogido como prioridad sacarlos de acá para que no siguieran corrompiendo todo y a todos?
C.L.: Esa puede ser una solución de sentido común aplicando un criterio de coyuntura, pero el mundo ha establecido cuáles son las prioridades, y sancionar las violaciones de los derechos humanos fundamentales está por encima del narcotráfico.

M.I.R.: Es obvio que matar 17 personas es peor que narcotraficar. Pero el narcotráfico produce la corrupción y el dinero suficiente para matar no sólo 17, sino miles de personas…
C.L.: Correcto. Pero esa corrupción es mitigable. Además, aquí la justicia estaba operando. A los señores los habríamos podido poner en una corbeta en alta mar incomunicados. ¿Qué nos impedía hacer eso? No puede ser que el gobierno les autorice todas las herramientas con las que pueden corromper, como computadores, Internet, celulares, visitas ilimitadas y después digan: ¡Ay! Descubrimos que estaban corrompiendo y tuvimos que extraditarlos. ¿Por qué no les quitaron todos esos privilegios?

M.I.R.: Y si eso era tan fácil como dice, ¿por qué no lo hizo el gobierno?
C.L.: Le repito: porque el Presidente resolvió que prima la justicia norteamericana sobre la colombiana, y el delito del narcotráfico sobre los de lesa humanidad. Es un criterio equivocado e ilegal.

M.I.R.: Pero, además, a punta de tutelas estaban parando la extradición. Yo comparto la preocupación del gobierno de que detrás de este tipo de maniobras siempre ha habido plata del narcotráfico…
C.L.: También yo. Es absolutamente inadmisible que cualquier juez en Colombia pueda por vía de tutela suspender una extradición. La extradición es una facultad del Presidente, y si alguna decisión jurídica se va a tomar sobre ella, debe depender de la Corte y no de cualquier juez.

M.I.R.: Pero cayó en las manos de la Corte, y sus magistrados hicieron lo mismo…
C.L.: Pues es que para eso son las instituciones. Los criterios legales los debe tomar la Corte y hay que respetarlos.

M.I.R.: Estuvieron a punto de acabar con la extradición…
C.L.: Sencillamente quisieron aplicarla para que primara el castigo por los delitos de lesa humanidad y luego la extradición por narcotráfico. Y ya que el Presidente no les dio oportunidades a las víctimas, que tampoco se las quite. Para darles alternativas, hay que levantar la reserva sobre la Corte Penal Internacional. De lo contrario, no va a haber justicia para las víctimas ni aquí, ni en Estados Unidos.

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