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| 11/2/1987 12:00:00 AM

CRIMEN SIN CASTIGO

16 implicados y sólo medio culpable en el asesinato de Lara

CRIMEN SIN CASTIGO, Sección Nación, edición 283, Nov  2 1987 CRIMEN SIN CASTIGO
Tres años y cinco meses después del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, un jurado de conciencia dio su veredicto, según el cual sólo uno de los 16 implicados inicialmente por el atroz crimen podrá ser condenado por su participación.
Byron de Jesús Velásquez Arenas, el joven que conducía la motocicleta desde la cual fue abatido el ministro Lara y que fue capturado pocos minutos después del asesinato, es el único de los procesados hallado responsable por el jurado de conciencia, aunque sólo en calidad de cómplice, lo que en la práctica le reduce a la mitad la pena que le hubiera correspondido como coautor del magnicidio.
Por medio de una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, 11 de los implicados entre los que se encontraban Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, fueron desvinculados del proceso mediante un sobreseimiento temporal en junio de 1986, y mediante decisión de la juez primera superior de Bogotá en agosto pasado fueron sobreseidos definitivamente.
De los cinco implicados restantes, sólo cuatro fueron juzgados en la audiencia pública, pues Rubén Darío Londoño Vásquez, alias "La Yuca" fue muerto el 18 de julio del año pasado en Envigado. La audiencia juzgó a Byron Velásquez, Germán Alfonso Díaz, alias "El Ronco", John Jairo Tascón y Luis Alberto Castaño, estos dos últimos como reos ausentes.
La audiencia pública presidida por la juez primera superior de Bogotá, María Inés de García, se inició el pasado 22 de julio en medio de estrictas medidas de seguridad y con asistencia permanente de numeroso público. Se desarrolló en 16 largas sesiones, la mitad de las cuales fueron empleadas en la lectura del voluminoso expediente, y el resto en los interrogatorios a los reos, las intervenciones de la fiscal Consuelo Salvatierra, el agente especial del Ministerio Público, Roberto Lébolo Villamizar y los cuatro abogados de la defensa.
El pasado 30 de septiembre, después de tres horas y media de deliberar una abogada, una médica y un técnico en fotografía, quienes conformaron el jurado de conciencia, dieron el veredicto que absolvió a tres de los cuatro implicados y que puso fin a la audiencia. El veredicto sorprendió a la opinión que, en este caso, esperaba mayores resultados. Sin embargo, el proceso no ha terminado definitivamente. La juez María Inés Ramírez de García dispone de cinco días hábiles para aceptar la decisión del jurado, o para declararla contraevidente.
En el primer caso dispondrá de 10 días más para dictar sentencia y en el segundo tendrá que convocar a una nueva audiencia pública, caso en el cual ya no podrá declarar contraevidente el veredicto que dé el nuevo jurado de conciencia.
Si la juez acepta la decisión del jurado, el procesado Germán Alfonso Díaz, "El Ronco", recuperará su libertad y Byron Velásquez podrá ser condenado a un máximo de 8 años de prisión, de los cuales ya ha cumplido más de tres.
El gran triunfo de la defensa, según el veredicto del jurado, constituyó el haber creado una duda razonable sobre las pruebas que vinculaban a los procesados a la conspiración contra el Ministro y haber logrado que Byron Velásquez fuera considerádo un simple cómplice y no el coautor del asesinato.
El veredicto del jurado de conciencia que actuó en la Audiencia Pública que juzgó a los cuatro únicos procesados por el asesinato del ministro Lara Bonilla, revivió la vieja polémica entre los enemigos y los amigos de esta institución que en nuestra legislación sólo se contempla para el delito de homicidio agravado.
Los enemigos del jurado de conciencia lo consideran como una institución que se presta a la demagogia de los abogados penalistas, que apelan más a la sensibilidad de los jurados, no versados en cuestiones jurídicas, y que dejan en sus manos la difícil responsabilidad de fallar en conciencia lo que se ha controvertido en derecho.
Quienes defienden el jurado de conciencia lo presentan como un principio democratizador de la justicia, dando al reo la posibilidad real de ser juzgado por sus iguales, y aunque el jurado no maneje el lenguaje legal, corresponde al fiscal y al defensor, estos sí versados en cuestiones jurídicas, traducir en sus intervenciones la verdad procesal al sentido común.
En lo que al caso de Rodrigo Lara se refiere, el jurado de conciencia pareció darle la razón a los enemigos de esta institución. Como irónicamente comentó un parlamentario del Nuevo Liberalismo a SEMANA, "este fue un crimen sin autor intelectual, sin cómplices y sin autores materiales. Mejor dicho, no faltó sino un paso para que el jurado de conciencia hubiera declarado que Rodrigo Lara se suicidó".--

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